Vestida con un traje rojo con blanco y un peinado formal, acorde a la ocasión, llegó la diputada María Luisa Borjas al Congreso Nacional. Como parte del protocolo legislativo, encendió su computadora, instaló su cartera en el asiento y se preparó para la sesión, que durante esta semana dio continuidad a la discusión de la nueva Ley de Portación y Tenencia de Armas.
En este momento el Congreso discute sobre esta iniciativa que plantea implementar varios cambios en lo que corresponde a la portación, tenencia, adquisición y destino de las armas legalmente inscritas en el país. El principal argumento de este debate es que en Honduras una de las principales causales de violencia son las armas, por lo tanto, en la medida que se pueda controlar la tenencia de las mismas y regular el proceso de adquisición, se avanzará positivamente.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, registra en los últimos diez años el asesinato de 45,710 personas que han perdido la vida por arma de fuego, es decir el 80% de los crímenes en este periodo han sido producto de este artefacto que ahora se pretende regular.
Bajo esa lógica, la sesión de Congreso del día jueves arrancó; un día antes la Ley se discutió en segundo debate. En este momento el proceso de aprobación que es acompañado de críticas y elogios parece inminente, y es que otra de las propuestas que plantea la moción es el aumento de requisitos para poder adquirir un arma, entre ellos exámenes toxicológicos, sicológicos y una prueba sobre manejo básico de pistolas.
En la cámara legislativa se discutió sobre un nuevo registro balístico, que servirá para conocer el registro de cada arma, y esto será desde el momento de su distribución, procedimiento que hace por mandato constitucional la Armería, una empresa administrada por las Fuerzas Armadas de Honduras.
Entre el pleno de diputados y la sala de prensa hay una barrera de cemento, esa barrera sirve como escritorio para los periodistas que cubren las actividades legislativas, ese escritorio está compuesto por un parlante con audio conectado a los micrófonos de los diputados, también tomacorrientes para cargar sus teléfonos. Justo en esa plataforma, los periodistas gritan a los diputados para que se acerquen y les concedan entrevistas.
Cuando arrancó la sesión del Congreso, un periodista gritó:
– María Luisa, puede venir un momento-
Borjas asintió con la cabeza, se levantó de su silla y caminó hacia el punto de entrevistas. – Yo quiero consultarle sobre la Ley de Armas, ¿Cómo lo ve? - Ni corta ni perezosa, Borjas empezó a relatar sus valoraciones al respecto.
Vea, a mí me parece que tiene cosas positivas, pero no son suficientes para regular el tema de los asesinatos en el país, creo que falta mucho en realidad.
El año 2017, Honduras cerró con un 43.6% de índices de criminalidad según datos de la Secretaría de Seguridad, el gobierno dice que la tendencia se dirige al descenso y que por eso estudios internacionales aseguran que San Pedro Sula e incluso Tegucigalpa han salido del mapa de las diez ciudades más violentas del mundo.
Alrededor de las cifras oficiales hay muchas teorías conspirativas, lo cierto es que la cifra tal y como la mencionan las autoridades es alarmante, además, los niveles de inseguridad que la población vive a diario en las calles son el respaldo de la situación.
Esta semana que el Congreso ha discutido la Ley de Armas, se registraron más de 40 crímenes solo el fin de semana, también, producto de la extorsión se incendiaron tres autobuses, distribuidos en San Pedro Sula y Tegucigalpa, la violencia sigue expresándose en total impunidad.
“Vale la pena recalcar que estamos comprometidos para salvaguardar la integridad física del pueblo hondureño. Ya la ley se ha socializado a nivel nacional, recordemos que actualmente hay cinco puntos para adquirir una arma de fuego, ahora son 13 incluyendo pruebas psicométricas, toxicológicas, y también pruebas que tienen que ver con uso básico de armas, asimismo lo de antecedentes penales y policiales”, dijo el vicepresidente del Congreso y también vicepresidente de la Comisión que trabaja la iniciativa, el diputado de la Alianza Patriótica, Enrique Iyescas, quien afirmó que la Ley de Armas es el complemento que el país necesita para combatir la violencia.
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Al escuchar a los legislativos que impulsan la iniciativa, cualquiera puede pensar que el fin de la inseguridad está a la vuelta de la esquina y que esta normativa es un factor fundamental para lograrlo.
“Yo veo esto como parte del populismo penal, que ha creado un fetiche legislativo, en el que creen que, por hacer leyes, la violencia va disminuir, pero el destinatario de la ley es el ciudadano honrado el que quiere andar con su arma en regla, y que ahora va pagar más en tramites”, dijo Raúl Pineda.
Raúl Pineda es un reconocido analista político, exdiputado del Partido Nacional en el Congreso, asesor legal de las Fuerzas Armadas y también exasesor de la Fiscalía nacional. Pineda, además, fue el que estructuró y propuso la primera Ley de Armas en Honduras. Pineda sabe de lo que habla, en cuanto a armas se refiere.
Al atender la entrevista a Radio Progreso, Pineda nos atendió con el temple que le caracteriza, en ese momento disfrutaba de un puro, cubano por las características del mismo. De frente estaba su escritorio, con aproximadamente cuatro gavetas, libros de reglamentos penales y lápices tinta.
Pineda empezó a referirse al tema de las armas:
“Las políticas de armas se crean de acuerdo a las características de cada sociedad, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos lugares que le piden que el arma la ande en la guantera del carro y descargada, en otros el arma debe andar al descubierto, pero esa realidad es muy distinta, la de Honduras es que el arma debe andar cargada y lista para cualquier acto de autodefensa”.
Don Raúl, como le dicen algunos amigos políticos, es un hombre que conoce de armas, mientras nos explicaba esa diferencia social de cada país, nos ilustraba con ejemplos claros. – Esta arma (que sacó de su gaveta), es para andarla en sitios pequeños, es decir, si yo salgo a una reunión, yo tengo esta arma que permite reaccionar ante cualquier evento- explicó cuando nos mostraba una mini arma, que cabía perfectamente en la palma de su mano.
Esta otra, es un arma que nos permite tener más rango de acción y defendernos ante cualquier asalto- siguió señalando.
Pero además de conocer sobre el funcionamiento de armas, Pineda considera que esta iniciativa está totalmente dirigida a la gente honrada y no a las estructuras criminales.
Y Pineda sustenta su teoría en lo siguiente: el delincuente no respeta la ley, que eso está claro y que mucho menos respetará una regulación sobre tenencia legal de armas.
“Es evidente que el delincuente no va tramitar porque tiene antecedentes penales, además buscará lógicamente al mercado negro, Honduras hay aproximadamente 600 mil armas por fuera de la Ley, la verdad es que esta ley es para afectar en temas de trámites a la gente honrada, no va dirigida directamente a quienes comenten el delito”.
Raúl dice que Honduras necesita que las armas salgan registradas del vendedor, es decir de la Armería y no andar en ese eterno martirio de ir a una oficina a hacer ese procedimiento.
“Parece que la idea es fastidiar más y complicar la vida del ciudadano honrado. Esta ley no va ser reconocida por ningún criminal, yo hice el primer proyecto de esta Ley, pero actualmente hay componentes prioritarios, el problema es identificar quien porta el arma primero, es decir debe pasar por un conjunto de exámenes para ver si es apto.
Pineda cree que para dirigir esta iniciativa a los delincuentes se debe empezar por deducir responsabilidad a las propias autoridades que trafican con armas decomisadas en actos ilícitos, asimismo generar una campaña para hacer uso responsable de las pistolas y también mejorar el sistema balístico.
Sobre el monopolio de la venta legal de armas y otros instrumentos explosivos en manos de las Fuerzas Armadas, Ósman Aguilar, exdiputado y analista en temas de seguridad, considera que se debe hacer una modificación importante, que debe consistir en pasar la administración de este procedimiento a la Secretaría de Seguridad.
El criterio lo sustenta en un elemento: que la Policía Nacional es quien investiga los crímenes y por ende distribuir con un registro balístico facilitaría el proceso de investigación de actos ilícitos.
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El periodista le hace la segunda pregunta a María Luisa Borjas, ¿Mejorará el registro de portación de armas esta Ley? Quienes conocen a María Luisa, la catalogan como una mujer valiente que se atreve a denunciar, o a decir lo que piensa sin importar a qué persona se refiera.
María Luisa contesta: “Yo creo que es importante la regulación planteada de cinco a tres armas por tenencia y portación solo una, pero yo creo que el país necesita un desarme general, asimismo definir el tema del control balístico para fortalecer las investigaciones”.
Y es que una de las propuestas de la normativa es esa, fortalecer el protocolo balístico, que también incluirá a los organismos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Fuerzas Armadas).
“Yo creo que se habla mucho de las armas que pueda tener el Estado, debe existir una proporcionalidad de las armas que usa el Estado, las empresas de seguridad, las de portación civil, y ya hay parámetros internacionales que lo marcan, debemos tener una tendencia social hacia el uso mínimo de las armas”.
Hay una necesidad imperante que se debe tener el registro balístico, no solamente tener la lista de las armas que tienen los cuerpos de seguridad, sino el registro balístico. En esta nueva ley se estipula esto, expresó el diputado Nelson Márquez, quien también forma parte de la comisión de seguridad del Congreso.
También se plantea la regulación de la legalidad de las empresas de seguridad, según datos de la comisión de seguridad, operan aproximadamente 700 empresas ilegales, que tienen en su poder una gran cantidad de armas, que por ende son ilegales, en ese sentido la iniciativa hace un llamado a la legalización de estas empresas.
Para Raúl Pineda el problema de este asunto es que el país sigue inmerso en la edad de piedra en lo que corresponde a la investigación criminal, Pineda dice que además de estructurar este tipo de medidas se debe fortalecer la investigación, esto que pasa en primer punto por la voluntad política para hacerlo, también por la actualización en los sistemas de manejo balístico, es decir, implementar una plataforma tecnológica a la altura y no artesanal, que es como se ha venido operando.
Hay dos sistemas básicos sobre análisis balístico, uno de ellos es el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), que almacena las señales de las imágenes identificativas de proyectiles disparados y vainas percutidas en armas de fuego originales, también guarda información relacionada con proyectiles, armas de fuego, y lugar de los hechos (hora, fecha y sitio).
Y hay otro que es más artesanal, que tiene menos características de análisis científica que IBIS. Raúl nos comentó que hace unos años Canadá propuso donar este sistema para fortalecer la investigación criminal, pero que no fue aceptado por el Estado, y que ahora esas falencias se ven en los resultados actuales.
“Se va ordenar el registro balístico de todas las armas del Estado, de la Policía y de las FFAA para saber en manos de quién está, y si se comete un ilícito con esas armas saber a quién deducir responsabilidades”, dijo Tomás Zambrano, diputado proyectista de la Ley y secretario del Congreso Nacional.
Zambrano habla también de la normativa sin especificar cómo será ese orden balístico y tampoco se refiere al fortalecimiento de los protocolos de investigación, los que por ahora no responden a la realidad de país.
En la crisis post electoral de Honduras, más de 30 personas fueron asesinadas durante las protestas. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras en un informe presentó el involucramiento de militares en algunos de estos crímenes, las investigaciones siguen paralizadas, por ahora no hay resultados claros al respecto.
A pesar que ya hay un trámite balístico en el uso de armas por parte de militares, las autoridades no han pedido los análisis respectivos, ni tampoco han deducido responsabilidades. – Es evidente que acá no hay voluntad política, es por eso que le digo que estamos en la edad de piedra de la investigación criminal, entonces antes de hablar con este populismo penal es importante detenernos en cómo haremos eso- calificó Pineda.
“Honduras necesita un control balístico efectivo e independiente, es lo que hemos pedido desde hace muchos años varias organizaciones defensoras de derechos humanos”, valoró sobre el tema Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos.
A la par del registro balístico, los impulsores de la iniciativa hablan de la extensión de la edad apta para adquirir armas, ahora será de 21 años, Méndez cree que la edad idónea de acuerdo a los estudios sicológicos y siquiátricos que ellos han hecho debería ser de 31 años.
En ese sentido, Nery Ordóñez, criminólogo, asegura que, desde su perspectiva y experiencia en investigación criminal, el perfil de una persona apta para tener un arma debe ser como mínimo a los 25 años, y no a los 21.
“Miré, yo creo que todo eso es importante, pero acá hay un punto claro que se debe tocar, y es conocer qué pasa con las armas decomisadas”, finalizó María Luisa su entrevista con uno de los periodistas.
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En el año 2002, durante el gobierno de Ricardo Maduro, las denuncias sobre la implementación de una política de limpieza social estaban a la orden del día, la coyuntura de ese momento se centraba en el combate abierto a las maras y pandillas, incluso organizaciones de derechos humanos registraron ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos paramilitares.
En el 2002 ostentaba el cargo de ministro de seguridad Oscar Álvarez, viceministro el actual alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, asimismo el Fiscal General era Roy Medina, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales y Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio.
María Luisa fue consultada por otro periodista, y su reacción inmediata fue una risa sarcástica, acompañada de un suspiro y dijo- Dele pues-
“Mire, ese caso del 2002 fue uno por el que a mí me dieron la baja, yo denuncié la destrucción de seis AK 47, que fueron destruidas por orden del ministro Oscar Álvarez, la orden fue cumplida por la directora en ese entonces Coralia Rivera, también por la inspectora general Mirna Suazo y el encargado de la Sala de Manejo de Crisis, Juan Manuel Aguilar Godoy, que actualmente está procesado por torturas contra defensores de derechos humanos. -
Borjas en la medida que recordaba arrugaba más la cara, hacía gestos de enojo y decepción.
Los tres oficiales directamente fueron los encargados de destruirle la identidad a seis AK 47 que habían sido usadas para asesinar aproximadamente a 50 jóvenes en San Pedro Sula en el 2002.
“Yo mandé las evidencias, el caso lo investigó la Fiscalía contra el Crimen Organizado que en ese entonces la manejaba el abogado Mario Chinchilla Erazo, se presentaron las pruebas, se le tomó declaraciones al armero de la Escuela Técnica que fue trasladado por la entonces inspectora general Mirna Suazo, a la bodega de la Policía para destruir esas armas, el encargado de la bodega el capitán Alemán, y por haber rendido su declaración completa fue objeto de persecución y atentados, en este momento está viviendo en Estados Unidos, tuvo que salir del país, y a pesar de eso, el caso quedó impune, aunque llegó a los tribunales, fueron absueltos, aún con todas las pruebas-
Durante el gobierno de Ricardo Maduro como presidente y Porfirio Lobo como titular del Congreso Nacional, Borjas denunció una política de limpieza social orquestada por el gobierno, y eso le costó su destitución, a la que ella califica de abrupta e ilegal.
“Mire acá poco ha cambiado, las autoridades tienen conocimiento de esto, y eso me dio la pauta que era una política de Estado, porque en ese momento yo mandé el informe al presidente de la CSJ, al Congreso Nacional, al fiscal general, al Conadeh y nadie me respondió, luego me destituyeron”.
Los proponentes de esta normativa, también hablan del tema de destrucción de armas.
El otro tema es la destrucción de armas incautadas o decomisadas en hechos ilícitos, ya no queremos que las armas de los almacenes se pierdan y que vuelvan a circular en otros hechos ilícitos. Queremos que una vez que se decomise un arma, se haga el procedimiento para destruirla de manera inmediata- manifestó Tomás Zambrano.
En Honduras cuando se decomisa un arma ilegal, es trasladada con un documento legal de respaldo a las jefaturas municipales y departamentales, luego del proceso administrativo son llevadas a las bodegas, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas.
Las bodegas de la Policía Nacional están ubicadas en Casamata, mientras que las armas decomisadas por las Fuerzas Armadas, son trasladadas al Centro de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas.
Entre el año 2015 y 2017, la Policía Nacional reveló que se incautó un aproximado de nueve mil armas, el problema de la perdida de artefactos de este tipo es muy común y hasta la fecha a nadie se le ha deducido responsabilidad.
“Se decomisan armas, y las bodegas nunca se llenan, es algo que hay que investigar”, denunció Borjas.
Pero más allá de eso, Borjas cree que hay un profundo problema de investigación, sobre todo en el caso que denunció, en el que hay involucrados altos personajes políticos y que siguen en la impunidad, a pesar de incluso ser mencionados por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
Generadores de violencia
Mientras en el Congreso Nacional se aborda el problema de la violencia y se deduce responsabilidad directa al tema de las armas bajo la premisa de: “la violencia es generada por las armas, y las armas son adquiridas para evitar la violencia”, entonces hay una discusión que carece de los fundamentos estructurales de la generación del problema.
En un artículo escrito por el Padre Ismael Moreno, define los puntos generadores de violencia en Honduras, en los que menciona la concentración de riquezas, acumulación de conflictos y la clase política con el control del Estado.
“Y es que todo el país se encuentra afectado por la violencia, que de hecho gobierna a toda la sociedad. La controla, la conduce, la chantajea y la amenaza. Pero la violencia no existe por sí misma. Tiene quien la provoca, la dirige y la sostiene. Cada sector le echa la culpa de la violencia a otros, a los demás. Mirando la violencia se puede encontrar respuesta a lo que ha ocurrido en Honduras y a lo que puede venir. Mirando la violencia, se puede identificar a los responsables y a sus víctimas- dice parte de este escrito”.
CLIC ¿Por qué somos un país con tanta violencia?
De la mano de los generadores de violencia, también hay una profunda crisis institucional, que genera impunidad, inmunidad y una deficiente aplicación de la justicia.
“La elección y nombramiento de los altos cargos de la administración pública no solo no se hacen en base a competencia profesional. Se nombran por favores y, en no pocas ocasiones, para dar protección a personas que tienen una larga cola de acciones reñidas con la transparencia, la honestidad y la ética. Estos políticos generan violencia e impunidad. La institucionalidad del Estado sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como ya es el caso de la Policía Nacional, en maquinarias dedicadas al delito y a la criminalidad- plantea Moreno en su ensayo.
Con un disfuncional sistema de investigación, la aplicación y manejo idóneo de un sistema balístico y la investigación criminal a los responsables de los delitos, no podrá hacerse una realidad.
Raúl Pineda, consideró que, sin avances en la investigación, la situación será la misma, la impunidad seguirá reinando.
Una apuesta por las pistolas y el desarrollo
El gobierno sigue adquiriendo compras millonarias de armamento de guerra, recién adquirió un equipo militar al gobierno de Israel por más de cuatro mil millones de Lempiras, asimismo el presupuesto orientado a seguridad supera el adjudicado a salud y educación.
En la actualidad el monto del presupuesto general supera los 228 mil millones de Lempiras, que en su mayoría se distribuye en programas de seguridad. La apuesta al desarrollo social de forma estructural es una deuda pendiente del Estado. El índice actual de pobreza en el país es de 44.6% a nivel extremo, y de pobreza general del 68.2%, así lo dicen estudios financieros a nivel centroamericano.
“Mire un general mexicano dijo una vez, prefiero invertir en un maestro y no en armas”, valoró la situación Raúl Pineda.
Él considera que es lamentable que desde el Estado se apueste a invertir en armas, escudos aéreos, tanques, aviones que a la larga son innecesarios, porque el país no se encuentra en guerra. “Hay que dejar la paranoia de que nos invadirán, ese gasto es innecesario y perfectamente se podría invertir en otras necesidades que sí son fundamentales”.
Por su parte Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos asegura que esa política de priorizar las armas es un insulto para la población que en el día a día, sufre de pobreza, falta de acceso a la salud y a calidad de vida digna.
-Todo esto se debe a la distribución de las riquezas, que están en pocas manos y que permiten que se distribuyan de esa forma- expresó Méndez.
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María Luisa culminó la entrevista recordando la impunidad de su denuncia, y mencionando a quienes ella considera responsables de la destrucción de armas, que fueron usadas para asesinar y que, por ser una política de Estado, se destruyeron para encubrir la realidad.
Borjas, cerró su entrevista, pronosticando que la realidad no va cambiar por una Ley, porque la administración y aplicación de justicia sigue en manos de los que tienen el poder, quienes lo usan para cometer ilícitos bajo la protección de la justicia.
Al terminar la entrevista María Luisa regresó a su curul, movió el mouse de su computadora para deshabilitar el protector de pantalla, luego levantó su cabeza para presenciar la discusión legislativa, que en ese momento era dirigida por la Junta Directiva para proponer reformas a los precios de pago de permiso de operación de los transportistas.
Ella tomó su lápiz tinta, hizo anotaciones en un papel, anotaciones que solo ella y su bolígrafo sabrán, y siguió su rutina legislativa, esa que indica que la próxima semana iniciará el tercer y último debate de la Ley y que probablemente será aprobada para entrar en vigencia de forma inmediata.
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