Por Sandra Rodríguez
El Comité Nacional por la Liberación de Presos Políticos en Honduras, surgió como un deber, obligación y necesidad, en el marco de acciones de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), ante las arbitrariedades del régimen, tras el fraude electoral del 26 de noviembre del 2017.
Las líneas de trabajo de la Convergencia, básicamente temas de derechos humanos focalizados en asesinatos políticos, persecución política y presos políticos después de la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández “JOH” que lo mantiene en el poder por segundo periodo consecutivo, figura política que no existe en la Constitución de la República.
Por lo que, para operativizar los mandatos de las asambleas, tomamos la decisión de convocar a organizaciones miembros de la CCC y personas que forman parte de esta, para dar a conocer lo que estábamos pensando, como hacer más efectivo el trabajo de los presos políticos, que suman 21 personas, tomado como un mandato de la Convergencia; y es ahí cuando nos reunimos varias organizaciones y nació el Comité Nacional por la Liberación de Presos Políticos, el pasado 13 de febrero, explicó la defensora de derechos humanos, Bertha Oliva.
Oliva, integrante fundadora de la Convergencia, detalló a www.defensoresenlinea.com que, a medida van trabajando y conociendo a lo que enfrentan, es natural que el Comité se consolide, porque ven con horror que se ha violentado el debido proceso en todos los casos de las 21 personas, y no puede estar privada de libertad en esas condiciones <>.
Es importante entender la situación y hablar con la mayoría de los representantes legales de los casos de presos políticos para hacer una estrategia en base a ley, de lo contario van con las acusaciones infundadas de autoritarismo que suelen suceder en dictaduras que lógicamente que no los van a sacar nunca, añadió la también coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El Comité trabaja en acciones para hacer entender que por la falta al debido proceso deben ser liberados, porque ellos y ella no han cometido delito sólo por expresar el repudio en base a la Constitución de la República en su artículo tres, ante lo suscitado el 26 de noviembre.
ARTICULO 3.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
Tras las rejas
Las cárceles están blindadas para los familiares de los presos, especialmente si son los enviados centros penitenciarios de máxima seguridad, pasan meses sin saber de sus parientes, lo que se vive dentro ahí se queda, pero afuera la realidad es de desesperanza e incertidumbre.
Para el 14 de febrero, día “del amor y la amistad” se dijo a través de un medio de comunicación que para el siguiente fin de semana se permitiría el ingreso de familiares, el sábado 17 sería el reencuentro, pero cientos de personas esperaron horas bajo el inclemente sol, y los portones de láminas de zinc, nunca se abrieron, y la desesperación aumentó.
Había personas de lejos, menores de edad que lloraban, no han podido ver a sus familiares privados de libertad en la cárcel de La Tolva, describió la canadiense Karen Spring, compañera de Edwin Espinal, preso político desde el 19 de enero. Días después logró encontrarse con Edwin, con un permiso especial por ser extranjera.
Los presos políticos que hoy están en cárceles de máxima seguridad están sufriendo cualquier tipo de vejámenes, aunque si se habla con los que se han autonombrado autoridades van a creer que tienen los mejores centros penales, que superan a los que hay en Holanda, países adelantados que sí respetan y saben que el único derecho suspendido es el de la libertad, continuó Oliva.
Cabe mencionar que los centros “El Pozo” y “La Tolva”, son términos militares y de tortura permanente, no sólo aislamiento; además, está manejado por militares.
Centros penitencias
Para acceder a ver a los privados de libertad, cada persona debe solicitar un permiso que suma a tres mil 500 lempiras en tramitación de papeles.
“Son un centro de negocio que no se sabe para dónde van o en qué se implementan esos fondos más o menos como el de la “Tasa de Seguridad”, son fondos adicionales que quedan a discreción ¿no sabemos de quién? y esto en contra de las necesidades de cada familia pobre que tiene a su pariente privado de libertad”. Bertha Oliva
La defensora no ha tenido acceso a ver los presos políticos, pese a su reconocido trabajo a favor de los derechos humanos, está tramitando un permiso y eso es violar la ley, porque la ley misma ya contempla cual es el procedimiento, las abogadas que los representa si han tenido acceso, en el caso que COFADEH representa, a Edwin Robelo Espinal, si lo han visto, pero no le permiten el acceso a accesorios de uso personal como ropa, pasta dental, incluso alimentos que envía la familia, como una forma de hacerle saber su cercanía.
Se va a verificar el estado de salud y emocional de Espinal, así como informarle sobre el caso, bajo restricciones que son totalmente desgarradoras, denunció la integrante de la Convergencia.
Las familias no han tenido acceso, si con los privados de libertad en la cárcel de El Progreso, pero con restricciones, la diferencia es el tratamiento que se está dando a los de La Tolva y El Pozo, por eso hablamos de que debe ser supervisado, vigilado y controlado por organismos internacionales para constatar el grado de depresión.
La visita no debe ser avisada, sino llegar, porque al avisar y si hay algo de anomalía van a corregir para quedar bien ante las visitas, ocultando la verdadera calamidad humana en que tienen sometidos a los privados de libertad.
Mismo guión en centros penales
Desde la creación del Comité, se ha programado diferentes actividades entre plantones, divulgación de información a través de redes sociales, denuncias públicas, acompañamiento a familiares, documentación de casos, visitas a los centros penales por parte de organizaciones que lo integran, y se van a seguir haciendo acciones para demostrar la injusta prisión que guardan los presos políticos.
“Vamos a demandar que se respeten realmente los derechos humanos, La Tolva o El Pozo no son cárceles encaminadas a que las personas si han cometido algún delito salgan listas para reintegrarse a la sociedad, son cárceles para que salgan cuerpos inertes de las personas privadas”. Bertha Oliva
Uno de los hechos que ha escandalizado la situación de los centros penales, es un brote de tuberculosis, se ha denunciado al menos 80 casos a nivel nacional. La falta de atención médica y la falta de agua hizo que Espinal estuviera en huelga de hambre del 03 al 05 de marzo, en La Tolva.
Oliva abundó en que “cómo se explica, controla y maneja lo que ha salido a la luz pública que hay gente con tuberculosis, esa es una situación gravísima y no hemos visto los correctivos necesarios, por tal razón los han mandado ahí para que salgan cuerpos inertes, contrario a lo que han estado haciendo en años anteriores, por ejemplo, hubo tres incendios terribles en centros penales (San Pedro Sula, El Porvenir y Comayagua), y eso no es lo que quieren dejar en este momento, sino que, disfrazarlo de lo que están viviendo, es mismo guion pero con tareas diferentes, al final atenta contra la vida y el pensamiento libre.
“Tienen que entender que los presos políticos existen en Honduras y son 20 hombres y una mujer. Hay una familia presa: esposa y esposo. Eso es un fuerte ataque a la familia”.
Deber: Porque quedarse quieto y abandonarlos a su suerte, sería contra la lógica de la solidaridad.
Necesidad: Mira una necesidad para develar lo que está pasando en Honduras con los opositores políticos y sociales.
Obligación: Nadie que tiene sensibilidad sobre el tema de los derechos humanos no se va a sentir obligado a contribuir y apoyar para que sean liberados y elevados con la categoría de presos políticos y no con la categoría que el régimen actual está dando a los 21 privados de libertad.
Próximas acciones para llegar a la liberación
El Comité Nacional por la Liberación de Presos Políticos en Honduras está ultimando detalles para acciones próximas. El día del padre (19 de marzo) realizó un plantón frente al Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa, por lo que para el jueves 10 de mayo previo al Día de la Madre, se hará un plantón frente a las instalaciones de dicha institución en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, ubicada en la zona norte donde se ha registrado la mayor cantidad de víctimas encarceladas y asesinadas en el periodo post electoral.
Además, se convocará a movilizaciones populares porque el 04 de abril habrá audiencia en el caso de Jhony Andrés Salgado Cruz, recluido en la cárcel de El Progreso, Yoro, supuestamente por los delitos de portación ilegal de arma de fuego comercial y uso indebido de indumentaria policial, y capturado el 21 de diciembre en la colonia Renovación de El Progreso, en el marco de las protestas anti fraude electoral. Según información compartida por su defensa, el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula.
Salgado Cruz tiene 38 años, es padre de dos hijos a quienes los sustentaba con su trabajo en la albañilería, hoy está blindado tras grandes paredes de cemento. Según sus parientes, lo capturaron sin ninguna prueba y después lo presentaron públicamente con arma e indumentaria. Su conciencia por la defensa del país y por el bienestar para sus hijos lo tiene prisionero.
Aunque se aproxima una semana de asueto para quienes trabajan, religiosidad para los cristianos, vacaciones y promoción estatal del turismo, el Comité continuará en la sensibilización para concienciar a la opinión pública.
“No podemos negar ni ocultar los que tenemos compromiso con la verdad, con la justicia y con la libertad. No podemos creer en lo que parece una estrategia del régimen, ver como desfilan los turistas y que Honduras es un país extremadamente visitado por extranjeros, es meternos en la dinámica del consumismo, en el sueño -irreal- que está siendo visitada y que van a tener que regular inclusive la afluencia de veraniegos, en esta Semana Santa”, detalló Bertha Oliva.
El Comité va a seguir trabajando, posicionándose y va ser vigilias para contribuir a que les llegue ánimo a los privados de libertad, que sepan que hay personas convencidas que se les están violentando sus derechos humanos, y que hay organizaciones que le están apostando a su liberación.
En un mismo sentir
Una de las ideas del Comité era juntar a las familias de los presos políticos, que tuvieran un espacio, un lugar y se sientan acompañadas por las diferentes expresiones organizadas y organizaciones de derechos humanos para contribuir a fortalecer su demanda, su dolor y fortalecerlos un poco por la ausencia de sus familiares que hoy los tienen en cárceles de máxima seguridad.
Las acciones son directas, los familiares siempre están involucrados, por ejemplo, ahora que viene el Relator Especial de las personas privadas de libertad y relator para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, se prepara una reunión con miembros de la CCC y familiares.
Cabe destacar que, aun no se contempla una visita de la Relatoría a las cárceles donde están los privados de libertad por razones políticas, tomando en cuenta que tiene una agenda muy ocupada, pero hay que plantearles en la visita del pleno de la CIDH en junio, detalló Oliva.
Que ellos mismos puedan constatar la situación de extrema violación a los derechos humanos que se vive, se ven edificios nuevos, pero ahí no hay agua, no hay comodidad, no hay ingreso, es lamentable y condenable lo que está pasando, porque los presos tienen familia, a los que están privados de libertad en El Pozo, están acusados por incendiar una posta policial, a los de La Tolva por fabricación ilegal de armas e incendiar el hotel Marriot en Tegucigalpa el pasado 12 de enero, pero ninguno de esos casos han comprobado.
Lo que, si tienen comprobado, continuó Oliva, es la autoría intelectual de David Castillo, presidente de la junta directiva de la empresa Desarrollo Energético S.A. (DESA), que se reunió con más gente para el asesinato de la defensora de derechos humanos Bertha Cáceres, ocurrido el 02 de marzo de 2016.
En cuanto a este tema, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, hija de Bertita, demandó justicia para los y la presa política, ya que el primer autor intelectual apresado por la muerte de su madre, el 02 de marzo reciente, fue remitido a la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, y no a una cárcel de máxima seguridad como ser El Pozo o La Tova, donde sí están los ciudadanos que protestan contra el régimen de Juan Orlando Hernández.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, tiene el mandato de monitorear la situación de las personas sometidas a cualquier forma de privación de libertad en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizar visitas a los Estados, promover los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger los derechos de personas privadas de libertad, y preparar informes que contienen recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados Miembros de la OEA a fin de avanzar en el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Por lo que, el Comité, la Convergencia y familiares compartirán información al Relator del CIDH, en su visita oficial a Honduras del 3 al 4 de abril, y el 2 de abril en horas de la tarde se reunirá con el Comité por la libertad de presos políticos, en Tegucigalpa.
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