Por Giorgio Trucchi
Uso excesivo de la fuerza provocó muertos y heridos
El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Honduras presentó hoy (12/3) un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las elecciones generales del año pasado, que dejaron un saldo trágico de al menos 23 personas muertas y 60 heridas.
Los comicios del 26 de noviembre se vieron empañados por innumerables irregularidades y fuertes denuncias de fraude. La protesta ciudadana fue reprimida con lujo de violencia por los aparatos represivos del Estado, y se cuentan por decenas los muertos, heridos y detenidos durante la crisis post-electoral.
En su informe, la OACNUDH Honduras señala que previo a la jornada electoral "amplios sectores de la población cuestionaron la credibilidad del sistema y el proceso electoral".
Además, la resolución de la Corte Suprema de Justicia que permitió la inscripción de la candidatura del presidente Juan Orlando Hernández a un segundo mandato "provocó un fuerte descontento".
El día de las elecciones, los prolongados retrasos y alegaciones de irregularidades en el recuento de los votos dieron lugar a denuncias de fraude. A partir del 29 de noviembre se desencadenó una ola de protestas en todo el país, y el presidente Hernández estableció un toque de queda por un período de 10 días.
A partir de este momento se incrementó el nivel de represión.
El análisis de la OACNUDH en Honduras revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales "dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos".
A sangre y fuego
Sobre la base de su observación, dicha instancia internacional considera que elementos de las fuerzas de seguridad -especialmente la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Ejército- "utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes".
Al momento de finalizar el informe, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de la protesta post-electoral, 16 de las cuales "a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad", entre ellas dos mujeres y dos niños. Al menos 60 personas resultaron heridas "la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego".
Además, observó que se produjeron detenciones masivas y que "al menos 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre por violar el toque de queda". La OACNUDH también recibió "denuncias múltiples y creíbles" de malos tratos en el momento o durante la detención. También recibió denuncias de allanamientos ilegales de viviendas llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad.
Datos contrastados
De acuerdo con datos proporcionados por diferentes organizaciones nacionales de derechos humanos, las víctimas de la violencia estatal serían más.
En febrero, un informe presentado por la Coalición contra la Impunidad señalaba que 33 personas fueron asesinadas, cientos heridas y más de mil fueron detenidas en el marco de la crisis post electoral. Más de 30 tuvieron que abandonar el país. 64 defensores y defensoras de derechos humanos están sufriendo hostigamiento y persecución.
Una situación muy similar fue la que presentó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en su segundo informe, evidenciando la represión de al menos 126 manifestaciones, la detención de 1085 personas y la desaparición de un joven.
Tanto la Coalición contra la Impunidad como el Cofadeh coinciden con la OACNUDH en cuanto al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza como forma de violencia organizada del Estado y causa principal de la muerte de manifestantes.
Para la Coalición existen 11 patrones de violencia que involucran a los cuerpos de seguridad del Estado, en particular la Policía Militar, las Fuerzas Armadas y los cuerpos especiales de la Policía Nacional.
Ataque a la libertad de expresión
En su informe, la Oficina del Alto Comisionado mostró preocupación por el "aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, colaboradores de los medios de comunicación y activistas sociales y políticos".
También observó que algunas de las protestas degeneraron en violencia y que hay personas que han sido judicializadas "por su presunta participación en hechos violentos".
Sin embargo -señala la OACNUDH- al 27 de enero "no se habían aún presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes violentas y lesiones ocurridas durante la dispersión de las protestas o las posteriores operaciones".
Además, 13 de las 15 muertes violentas de candidatos partidarios, consejeros municipales y activistas ocurridos antes de las elecciones, "permanecen aún bajo investigación, y sólo en dos casos se presentaron cargos".
Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU evidenció que las violaciones a los derechos humanos descritas en el informe "se han producido en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009", así como "por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social".
En el informe se formularon recomendaciones encaminadas a prevenir nuevos actos de violencia y violaciones a los derechos humanos.
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