Con fuerza excesiva y letal fueron reprimidas protestas post electorales, señala informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras
El informe de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en el marco de la crisis post electoral, precisa que durante las protestas ciudadanas contra el fraude electoral, que dio paso a la consolidación del régimen nacionalista, por lo menos 22 civiles y una agente de policía perdieron la vida.
Fuerza excesiva, incluso letal, implementaron los cuerpos de seguridad, en particular la Policía Militar, para dispersar las protestas ciudadanas contra los resultados electorales del pasado 26 de noviembre, resalta el informe del Alto Comisionado.
De acuerdo a la OACNUDH, las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Militar del Orden Público (PMOP), “no cumplieron con el principio de precaución en el uso de la fuerza”.
“En el contexto de las operaciones para la disolución de las protestas y las consiguientes persecuciones, los elementos de las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal en zonas muy pobladas sin plenamente evaluar los riesgos para terceros, tal y como sugiere el hecho de que al menos 10 transeúntes resultaron muertos o heridos por balas perdidas disparadas por las fuerzas de seguridad”, precisó la Oficina del Alto Comisionado.
Las muertes en protestas
María Soledad Pazo, representante residente en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que, al momento de finalizar el informe, verificaron que al menos 23 personas habían muerto en el contexto de las protestas postelectorales.
“Según el trabajo metodológico que hemos hechos, 22 civiles y un policía han muerto durante las manifestaciones; 16 de ellos, dos niños y dos mujeres, han muerto por el impacto de la balas de las fuerzas de seguridad; 13, según lo que hemos documentado, por la Policía Militar del Orden Público; y una muerte por la Policía Nacional”, detalló Pazo.
La representante del Alto Comisionado, frente a las autoridades policías, judiciales y de la Secretaría de Derechos Humanos, declaró que hay “otras cinco muertes en manifestaciones que estamos todavía investigando”.
El informe de la OACNUDH trae a la memoria a Kimberly Dayana Fonseca, muerta por las balas que el ejército disparó y le impactaron en su cabeza la noche del primero de diciembre, al momento de decretar un estado de sitio. Kimberly vivía en la colonia Villanueva de Tegucigalpa, una zona que resiste y lucha contra la pobreza y el marginamiento de los gobiernos y ahora al régimen nacionalista.
En su informe, el Alto Comisionado señaló que los decretos sobre el estado de emergencia o toque de queda presentaron una serie de deficiencias desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales aplicables a los derechos humanos: “los decretos no definieron claramente los derechos afectados por el estado de excepción, ya que el Artículo 1 de ambos decretos solo se refería a la restricción de la libertad de circulación, mientras que en realidad afectaron el ejercicio de otros derechos, como la libertad y la seguridad de las personas y la libertad de reunión”.
El informe señala que unas mil 351 personas fueron detenidas entre el 1 y 5 de diciembre de 2017, acusadas de violar el toque de queda impuesto. Lo anterior representa arrestos masivos e indiscriminados, además de la privación de libertad en cárceles de máxima seguridad sin ningún criterio, dijo Silvia Lavagnoli, representante adjunta del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
“Sabemos las condiciones en las cárceles son preocupantes, todavía no entendemos cuáles son los criterios para que estas personas estén en prisión preventiva en cárceles de máxima seguridad”, remarcó.
En relación a las acusaciones contra las personas manifestantes, Lavagnoli explicó que las autoridades abrieron cuatro investigaciones por el delito de terrorismo: “dos han sido cerradas, la definición de terrorismo no se alinea con los estándares internacionales”.
Investigaciones “finalizadas”
Tras conocer el informe de la OACNUDH, la recién nombrada secretaria de derechos humanos, Karla Cueva, aseguró que los entes especializados han finalizado la investigación de 22 casos los que estarían pasando al Ministerio Público para que las fiscalías correspondientes determinen ameritan requerimientos.
“Están todos los casos de las muertes que se han denunciado por todas las organizaciones de derechos humanos, y también el Alto Comisionado, hay que recordar que ha habido tres policías que han muerto, todos estos casos están pasando al Ministerio Público”, manifestó Cueva.
Karla Cueva dijo que la Secretaría de Derechos Humanos no presentará denuncias de violaciones durante la crisis: “la secretaría solo es un ente que coadyuva para que las investigaciones se lleven a cabo, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos también tiene investigaciones abiertas”.
En consonancia con la Secretaría de Derechos Humanos, el sub comisionado de la Dirección de Investigación Policial (DPI), Rommel Martínez, dice que hasta la fecha han finalizado las indagaciones en 20 de los 22 casos de crímenes denunciados.
“El informe de OACNUDH tendrá que ser considerado en la siguiente reunión de Mesa de Validación Técnica, y determinar cuál es la arritmia que existe en un número, repito, nosotros tenemos en una bitácora un monitoreo que en primer punto estable cuáles son los criterios de vinculación y desde ahí permite la planificación de la investigación de los casos. En el caso de las autopsias, que en algunas tuvo que hacerse exhumaciones, creo que solo hay uno o dos víctimas pendientes de los 22”, comentó Martínez, en una conferencia de prensa, minutos después de publicado el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
Piden investigaciones rigurosas
Luego que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUH) presentara el informe de las violaciones a los derechos humanos en el contexto post electoral, el embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick de la Vega, instó a las autoridades hondureñas a realizar investigaciones sobre los casos presentados.
Kirkpatrick de la Vega además dijo que las denuncias de violaciones a los derechos humanos no deben ser objeto de negociaciones: “la situación nos preocupa, insistimos, pedimos al gobierno de Honduras una labor de investigación rigurosa para aclarar las circunstancias que están en el informe”.
Agregó que las alegaciones presentadas en el informe del OACNUDH “pueden servir para avanzar por la vía del diálogo. Con el diálogo no se acaban las violaciones a los derechos humanos, las denuncias tienen que ser objeto de una investigación, pero eso no quita para que los problemas de crisis política tengas que ser resueltos por la vía del diálogo”.
Por su parte, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Brian Nichols, dijo que su gobierno confía en que las autoridades actuarán sobre los casos de asesinatos que se ejecutaron durante la crisis post electoral.
“Ese informe es un paso importante para el país, para llegar a la reconciliación y la justicia. Tengo toda la confianza que el gobierno hondureño en estos casos que están bajo investigación, como bien dijo la representante de OACNUDH eso es competencia del gobierno, y todos en la comunidad internacional esperamos que hayan pasos firmes respeto a eso”, declaró Nichols.
Todas las muertes atribuidas por la OACNUDH a las fuerzas de seguridad, dice el informe, se debieron a heridas causadas por armas de fuego. En ese sentido, explicaron que “el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas, sugiere que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio, como por ejemplo, cuando las víctimas estaban huyendo”.
La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, entre sus recomendaciones, pide a las autoridades que restrinjan el uso de la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en las funciones de aplicación de la ley. Asimismo, investigaciones rápidas, imparciales e independientes de todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral.
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