Ante la necesidad de contar con una parcela para producirla para el sostenimiento de su familia, desde hace un año el grupo campesino 8 de febrero inició el proceso de recuperación de cinco manzanas de tierra ubicada en la aldea Lepaguare, jurisdicción del municipio de San Pedro de Tutule.
El grupo campesino está conformada por ocho familias y está acción les ha traído repercusiones legales al dictárseles órdenes de captura en su contra por el delito de usurpación en perjuicio de Rosario Dominga Reynoso, quien sostiene que dicho predio lo adquirió en el año 2000.
Ante denuncia hecha por la ofendida y la Fiscalía del Ministerio Público, el Tribunal de Letras de La Paz emitió órdenes de captura contra los campesinos que están en el proceso de recuperación de ese predio, de los cuales tres son mujeres.
Keylin Quimberlin Pérez Peñalva, Yecenia Yamilet Padilla Orellana, Luiz Alonzo Tejeda Orellana, Arturo Salinas Orellana, Pedro Galeas Vásquez, María Regina López, Cristian Javier Rivera Padilla y Mártir Omar Maradiaga Cruz, son los campesinos sobre los que hay una orden de captura.
Yecenia Yamilet Padilla Orellana, quien dice no deber nada, que lo único que estás es luchando por una parcela para sostener a su familia, se presentó esta semana voluntariamente a los Tribunales de Letras de La Paz para responder por el delito que le imputan.
La jueza de ese tribunal, Etelva Araceli Ramos, le otorgó medidas cautelares y le ordenó presentarse todos los viernes a firmar en los juzgados de San Pedro de Tutule, además le prohibió salir del país y acercarse al predio que está en recuperación por parte del grupo campesino 8 de febrero.
Asimismo la juez dejó sin valor y efecto orden de captura en contra Yecenia Yamilet Padilla Orellana.
El sector campesino de La Paz tiene cerca de 40 años de estar en el proceso de la recuperación de tierra, agrupados en centenares de familias que desarrollan proyectos productivos para el sostenimiento de sus familias.
Este departamento cuenta con más de 48 bases campesinas que están en este proceso de los cuales más de cincuenta líderes están judicializados, al existir una orden de captura en su contra, unos 700 campesinos y campesinas están con medidas sustitutivas y al menos dos guardan prisión por el delito de usurpación de tierra.
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