Por Sandra Rodríguez
Reitoca está en peligro, así lo denunció la población indígena Lenca que, desde el 14 de enero pasado, mantiene control del territorio dónde se inició la construcción de una represa hidroeléctrica.
Para defender el territorio ancestral, la población de varios municipios del sur de Francisco Morazán y Choluteca inició acciones de control territorial en la zona de construcción, desde el 14 de enero del 2018, ya que han violentado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, que establece una consulta Libre, Previa e Informada con la comunidad, en este caso no se nos consultó a la etnia indígena Lenca.
La lucha por la defensa del río Grande ya ha derramado sangre, el 30 de enero pasado elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) atacaron el campamento hiriendo con arma de fuego a Miriam Geraldina Osorto y Andrés Gutiérrez, quienes aún no se recuperan totalmente, denunciaron hoy en conferencia de prensa realizada en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entidad que acompaña las denuncias.
Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, afirmó que “estamos cansadas de ver sangre, queremos que por los ríos siga corriendo agua limpia y pura”.
La lucha de esta población refleja el amor que tienen por su tierra y por el agua. Están dispuestos a defender el único medio de subsistencia, y su derecho fue violentado pese a estar amparados por el convenio 169.
Hoy cumplen 55 días de estar en situación precaria, pero consientes de su lucha, pese a que están amenazados por un nuevo desalojo. Ahí ha sobrevolado helicópteros, drones y presencia policías y militares, denunció Oliva, quien afirmó que habrá más denuncias a nivel nacional e internacional, sobre el estado de emergencia en este municipio al sur de Francisco Morazán.
Según los pobladores, el amedrentamiento es de parte de la PMOP, Policía Preventiva, Ejército y guardias de seguridad privada que contrata PROGELSA, compañía con capital italiano, que hizo contrato con la empresa constructora Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V (SERMACO).
Miriam Osorto puede perder su pierna, declaró la coordinadora del COFADEH, al referirse a la defensora, que tiene infectada la herida hecha por la policía militar hace más de un mes.
Más de cien familias de los municipios de Reitoca, Alubarén, La Venta en Francisco Morazán; San José y Pespire del departamento de Choluteca, permanecen en constante cuidado de la zona de construcción, donde la empresa constructora ha desviado el cauce del río, en la zona donde empezaron la construcción de las cortinas de concreto.
Esta ruptura de la naturaleza provocó graves consecuencias de deterioro ambiental como ser: contaminación del agua, disminución del caudal hídrico, muertes de flora y fauna, deforestación e impacto en nuestra salud, laceración en la piel, infecciones y virus, sin atención medica debida.
Pablo Zelaya, uno de los pobladores de Reitoca, afirmó que poseen títulos ancestrales certificados por el rey Felipe de Castilla 1735, pero nos ampara sobre todo el convenio 169 de la OIT como pueblo originario.
Somos gente pobre no tenemos donde ir, lo único que reclamamos es el río, no tenemos otros recurso ni fuentes de agua para abastecernos, y ante la destrucción masiva que hemos visto en la zona alta de Reitoca nos hemos levantado en su defensa. No queremos que ninguna empresa se entrometa en el recurso que nos pertenece, porque es una herencia ancestral, y es nuestra riqueza tomando en cuenta que vivimos en la zona del corredor seco del país, y que se nos quite el río es sinónimo de genocidio, afirmó Zelaya.
Reitoca se ha declarado un lugar libre de extractivismo, y solicitamos a la población en general y medios de comunicación que nos acompañen en la denuncia, porque estamos defendiendo nuestro río, detalló Orlando Rodas en la conferencia de prensa.
El grupo de pobladores responsabilizan al régimen por cualquier daño que les pueda suceder, porque no han cedido a las negociaciones ni a los ataques.
Esta denuncia se ha interpuesto ante la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público (MP), Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción- Honduras (MACCIH), Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), entre otras.
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