1.- Hacemos público nuestro reconocimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, particularmente a su Representante Residente y su Adjunta, por el servicio que presta a la sociedad hondureña con un Informe Objetivo y Consistente que recoge las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el período entre el 26 de noviembre del año pasado al 27 de enero del año en curso, en el marco de la crisis política desatada tras las protestas ciudadanas en contra del fraude electoral, y que, valida los informes de organismos independientes de Derechos Humanos nacionales que, como el COFADEH y otros, han documentado responsablemente desde el 26 de noviembre a la fecha y que el régimen, nacional e internacionalmente, ha tratado de ocultar.
2.- Reconocemos que el Informe de la OACNUDH contribuye a develar la política de terrorismo preventivo de Estado; a romper con la impunidad de quienes dirigen el actual régimen; a proteger a defensoras y defensores de Derechos Humanos, a periodistas, a abogados defensores y a los diversos sectores opositores al fraude electoral fundamentalmente a jóvenes estudiantes. De igual manera, ratifica la responsabilidad del régimen inconstitucional de Juan Orlando Hernández en el asesinato de personas, torturas, capturas y judicialización de compatriotas por haber participado en las manifestaciones públicas en defensa del Estado de Derecho y la Democracia.
3.- Basados en dicho informe, demandamos la creación de una Comisión Investigadora Independiente integrada por miembros de organismos defensores de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad desvinculadas de la llamada sociedad civil oficialista con el fin de garantizar su independencia, cuyas conclusiones y recomendaciones sean vinculantes.
4.- El uso de la fuerza excesiva por parte de la Seguridad del Estado de Honduras, provocó muerte y heridas a manifestantes según la OACNUDH y además, personas judicializadas. Ante esa situación la Comunidad Internacional no puede permanecer indiferente porque las violaciones graves a los Derechos Humanos continúan y por ello demandamos del gobierno de los Estados Unidos y de los países europeos que asuman la responsabilidad de retirar el beneplácito al Régimen Hondureño, mientras se realizan las investigaciones que el pueblo demanda y hasta no contar con un informe sobre los responsables directos e intelectuales de las violaciones a Derechos Humanos, y específicamente de los asesinados en la crisis post electoral y las decenas de personas judicializadas sin pruebas verdaderas por el único delito de haber participado en las acciones opositoras al fraude electoral, lo que las convierte en presos políticos. Este retiro del aval al régimen se ha de expresar en la suspensión de las ayudas bilaterales.
5.- Cualquier proceso orientado a instalar un diálogo nacional ha de tener de base la respuesta institucional de justicia a las violaciones a los Derechos Humanos y la judicialización a los funcionarios del más alto nivel en el Estado responsables de dichas violaciones, así como a la inmediata desmilitarización de la seguridad pública, de los territorios y la liberación de los presos políticos.
6.- Ratificamos nuestra posición y la dejamos firmemente planteada: La verdad es que, el origen del fraude electoral radica en la postulación de la reelección de Juan Orlando Hernández por delictiva puesto que atentó contra la Constitución de la República la cual no contempla bajo ninguna modalidad la figura de la reelección de una persona que ha ocupado la presidencia. Y la inscripción por el TSE de la candidatura de Juan Orlando Hernández fue igualmente un delito imprescriptible de traición a la patria.
7.- Por tanto y en virtud de la inconstitucionalidad de la reelección de Juan Orlando Hernández, las elecciones celebradas el 26 de noviembre del año 2017 son nulas. Por consiguiente, demandamos la aprobación de mecanismos, reformas o nuevas figuras jurídicas conducentes a legalizar y viabilizar la convocatoria o el adelanto de comicios con el propósito de un pronto retorno al Orden Constitucional.
8.- En consecuencia, en nombre de la Convergencia Contra el Continuismo y en aras del bien nacional, llamamos al pueblo hondureño a profundizar la lucha contra el continuismo, el modelo neoliberal y de la dictadura, privilegiando la defensa de los derechos humanos, todo esto en el marco de restablecer el Estado de Derecho y un régimen auténticamente democrático.
Por la Convergencia Contra el Continuismo (C.C.C.)
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