“La Bananera Chiquita Honduras y el Gobierno de Juan Orlando Hernández, están impulsando estrategias nefastas con la idea de desaparecer el Sindicato de Trabajadores de la Tela RailRoad Company (SITRATERCO). En esta nueva coyuntura la transnacional está irrespetando el establecido del contrato colectivo, referente a la atención médica de los 2 mil 80 trabajadores y trabajadoras que laboramos para la empresa”, indicó Besy Martínez, del comité de huelga.
La controversia apareció desde diciembre del 2017 cuando la empresa Chiquita Honduras, dueña de las fincas donde laboran los afectados, decidió suspender la atención médica que por décadas se ha brindado en La Lima, Cortés obligando a los trabajadores a trasladarse a clínicas privadas de San Pedro Sula.
A partir del 26 de diciembre los trabajadores y trabajadoras decidieron iniciar una huelga que tuvo una duración de 74 días, siendo obligados por la empresa y el gobierno esta semana, a retornar a sus puestos de trabajo sin ninguna solución a su demanda.
Los magnates brasileños José Luis Cutrale y Joseph Safra compraron el 2014 a la empresa bananera estadounidense Chiquita Brands en una operación por US$1.300 millones, que incluye la deuda de la firma norteamericana. Los dos magnates unieron fuerzas para sumar a Chiquita a su negocio de frutas y soja.
La Bananera tiene cultivos de banano, unas 13 mil hectáreas en los municipios de La Lima y San Manuel, en el departamento de Cortés, y en El Progreso, Yoro, exportando bananos cada año por un valor de 500 millones de dólares. Las tierras en las que se cultiva el banano fueron explotadas en concesión por la compañía estadounidense Tela Rail Road Company.
“Estos empresarios brasileños han destruido todos los sindicatos que existen en sus empresas en los diversos países de Latinoamérica. En el caso nuestro somos el único sindicato que les está dando la guerra para conservar nuestra organización y nuestros derechos laborales. Estamos dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias”, indicó la obrera.
Agregó que “a partir de hoy lunes hemos permitido que los trabajadores y trabajadoras regresen a las 8 fincas de La Lima, Cortés, para que reinicien sus labores. Hemos dado un paso atrás para esperar que en los próximos días la empresa bananera pueda dar una respuesta positiva, de lo contrario nosotros vamos a reiniciar con nuestras acciones fuertes”.
Manifestó además que este día se reunirán con ejecutivos de la empresa y el gobierno para buscarle una solución a la problemática. “Vamos a pedir que reintegren a las personas despedidas y que cesen las represalias. Luego vamos a ver de qué manera ponemos en la mesa de discusión el cumplimiento del contrato colectivo.
Negociando con bota y balas militares
La represión inició desde el viernes de la semana anterior, cuando al menos 300 efectivos militares y policiales llegaron a las fincas bananeras donde se desarrollaba la huelga. De forma sorpresiva a la 5:00 am, de ese día, los antimotines usaron la violencia contra al menos 400 trabajadores que estaban apostados en la salida a los campos bananeros de La Lima, a la altura de la colonia San José.
Según testimonios de trabajadores en esta acción le dispararon a bala viva y les lanzaron más de 100 bombas lacrimógenas. Además, denuncian que torturaron a varios detenidos y les robaron algunas de sus pertenencias, entre carteras, celulares, mochilas y les poncharon las llantas de las motos y bicicletas.
“La represión continuó el sábado cuando los comandos se trasladaron hasta campo Laureles y Limones. Allí lanzaron bombas lacrimógenas y bala viva, desarrollando también una persecución por las fincas a los trabajadores y trabajadoras que se mantenían en huelga. Hasta esta tarde se mantenían dos comandos de militares en las fincas antes mencionadas”, aseguró Besy Martínez.
Otra de las represalias que ha tomado la transnacional “Chiquita Honduras” es el despido de 105 obreros y obreras, y se han librado 34 órdenes de captura contra la dirigencia del comité de huelga.
Wilfredo Castellanos, representante del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) dijo que “hemos condenado siempre la violencia, creemos que este es un conflicto de tipo laboral, entonces debe ser resuelto por el ministro del Trabajo, deben convocar ambas partes, pues lamentamos que se haya usado este tipo de artefacto, ya los trabajadores denunciaron que también hubo balas, por lo tanto, necesitamos un diálogo”.
Así mismo declaró que la clase trabajadora está en su legítimo derecho de exigir el cumplimiento de su contrato colectivo, el que la empresa está violentando. Lo anterior lo argumentó citando el artículo 3 del Código del Trabajo, que reza lo siguiente: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”.
A través de un comunicado la empresa hizo un urgente llamado a que todas las partes-Gobierno, empresa y trabajadores-, resuelvan la situación de manera positiva permitiendo que sus colaboradores trabajen para el beneficio de sus familias y del país.
Johana García, obrera de la finca Corozal 06, indicó que están exigiendo una respuesta positiva del ministro de Trabajo y el Gobierno. “Nosotros queremos trabajar, pero es la empresa la que se niega a cumplir con lo pactado en el contrato colectivo. Por ahorita hemos regresado a laborar, pero esto no significa que hemos abandonado la lucha. Si no hay respuestas positivas a nuestras demandas en los próximos días vamos a regresar a las acciones, porque aquí está en juego nuestro futuro como trabajadores y organización sindical”, concluyó Johana García.
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