Por Francisco Arias Fernández
La vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, única de su tipo en el mundo, sigue siendo un estímulo a la emigración irregular, cuya derogación será esencial para alcanzar relaciones migratorias normales entre los dos países
Durante la ronda de conversaciones migratorias efectuada en Washington el pasado 11 de diciembre, las delegaciones de Cuba y Estados Unidos coincidieron en reconocer la repercusión positiva que ha tenido la Declaración Conjunta suscrita el 12 de enero del 2017 y, específicamente, la eliminación de la política de «pies secos-pies mojados» y del «Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos» en la disminución de la emigración irregular desde Cuba hacia ese país.
Asimismo, la parte cubana expresó su más profunda preocupación por las consecuencias negativas que tienen en las relaciones migratorias entre las dos naciones las decisiones unilaterales, infundadas y políticamente motivadas, que fueron adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos en septiembre y octubre del 2017. En ese sentido se reiteró la alerta sobre el impacto negativo de la suspensión del otorgamiento de visas en el Consulado de Estados Unidos en La Habana, lo cual, al paralizar los trámites de los ciudadanos cubanos para visitar o emigrar a ese país, obstaculiza seriamente las relaciones familiares y los intercambios de todo tipo entre ambos pueblos.
El 12 de enero del 2017, luego de casi un año de negociación y alentados por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el 20 de julio del 2015, basadas en el respeto mutuo y la voluntad política de fortalecer esos vínculos y establecer nuevos entendimientos en diversos temas de interés común, los Gobiernos lograron concretar este nuevo acuerdo migratorio que como se pronosticó, ha comenzado a contribuir a la normalización de las relaciones migratorias, las cuales han estado marcadas desde el Triunfo de la Revolución por la aplicación de políticas agresivas en esta materia por sucesivas administraciones estadounidenses, que alentaron la violencia, la migración irregular y el tráfico de personas, causando numerosas muertes de inocentes.
Como lo calificó la Declaración del Gobierno Revolucionario publicada el propio 12 de enero del 2017, se trató de un «importante paso en el avance de las relaciones bilaterales, (...) dirigido a garantizar una migración regular, segura y ordenada», que ha tenido un impacto inmediato en la ostensible disminución del flujo migratorio irregular.
Entre el 12 de enero y septiembre del 2017, según estadísticas de autoridades norteamericanas, solo 2 057 cubanos llegaron a EE. UU. sin visas, la mayoría de ellos a la frontera con México. Cifras del Departamento de Estado señalan que el acuerdo ha reducido el flujo total de la inmigración procedente de Cuba en un 64 % con respecto al año fiscal 2016 y el número de migrantes irregulares interceptados en el mar disminuyó en un 71 %.
Por su parte, la Jefatura de Tropas Guardafronteras tiene registrado que tras la entrada en vigor del acuerdo solo se produjeron 60 hechos con 666 participantes, lo que representa una disminución del 94 % de los hechos y del 92 % de los participantes, respecto al año 2016, muestra de una reducción significativa y un impacto disuasivo de la Declaración Conjunta, que incluyó la eliminación de la política «pies secos-pies mojados». Del total, solo 24 salidas se dirigieron a territorio estadounidense con 190 participantes, que fueron interceptados por el Servicio de Guardacostas de EE. UU. y devueltos a Cuba, en cumplimiento de los acuerdos.
El Gobierno de la República de Cuba, fiel a sus obligaciones internacionales y a su legislación, ha cumplido cabalmente este nuevo acuerdo y aseguró internamente las medidas necesarias para continuar impidiendo las salidas irregulares, enfrentar el tráfico de personas y el fraude de documentos, al tiempo que ha mantenido una estrecha coordinación con las contrapartes estadounidenses y de países vecinos, en los que el nuevo acuerdo también ha tenido un impacto positivo.
En correspondencia con la letra de lo acordado, las autoridades competentes de los dos países, decididas a desalentar los actos ilícitos vinculados con la migración irregular, adoptaron medidas efectivas para enfrentar esas manifestaciones y promovieron la cooperación bilateral para prevenir y procesar el tráfico de personas, así como los delitos asociados a los movimientos migratorios, que ponen en peligro la seguridad nacional de ambas naciones.
A partir de su entrada en vigor se ha garantizado la devolución de 600 migrantes irregulares desde EE. UU. y 1 930 provenientes de otros países, para un total de 2 530, la mayoría desde México y Bahamas.
Acorde a lo establecido, han sido recibidos en el país 78 ciudadanos cubanos declarados por EE. UU. como «excluibles», que sustituyeron a similar cifra de incluidos originalmente en la lista de 2 746 personas, acordadas en el Comunicado Conjunto del 14 de diciembre de 1984, al tiempo que se procesan nuevos casos.
Asimismo, se ha analizado y decidido casuísticamente la devolución de otros ciudadanos que están en EE. UU. y antes de la firma de la Declaración Conjunta habían sido detectados por las autoridades norteamericanas cuando intentaban entrar o permanecer irregularmente en ese país.
La adopción y materialización de este acuerdo ha sido coherente con la voluntad del Gobierno cubano de, en ejercicio de su soberanía, actualizar la política migratoria vigente, y ajustarla a las condiciones del presente y futuro previsible, como lo ha demostrado con la aplicación desde hace cinco años (14.1.2013) de un grupo importante de medidas, que tuvieron continuidad con la entrada en vigor el pasado 1ro. de enero de otras cuatro, que buscan fortalecer aún más las relaciones de Cuba con su emigración.
Desde inicios del presente año se eliminó el requisito de avecindamiento para que los hijos de nacionales residentes en el exterior, que hayan nacido en el extranjero, puedan obtener la ciudadanía cubana y su documento de identidad; se suprimió la «habilitación» del pasaporte de los ciudadanos cubanos emigrados para el arribo a nuestro territorio; se autorizó la entrada y salida de residentes en el exterior en embarcaciones de recreo, a través de las Marinas Turísticas Internacionales Hemingway y Gaviota-Varadero; y se admite la entrada de los que salieron ilegalmente del país, excepto aquellos que lo hicieron a través de la ilegal Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo.
A punto de cumplirse un lustro de la entrada en vigor de esas medidas de actualización de la política migratoria, han viajado a distintas partes del mundo en estos cinco años más de 2,6 millones de ciudadanos cubanos, de ellos más de 896 000 específicamente a Estados Unidos.
No obstante a los resultados de la implementación de los acuerdos a lo largo del último año, la actual política de la administración de Donald Trump genera un grupo de desafíos en la materialización de la Declaración Conjunta que pueden tener implicaciones para la seguridad de ambos países, sobre lo cual se ha alertado a las autoridades norteamericanas.
En ese sentido, se ha instado al Gobierno de Estados Unidos a cumplir su obligación de emitir no menos de 20 000 documentos de viaje anuales a ciudadanos cubanos para emigrar a ese país y se alertó sobre los obstáculos que supone haber designado a su embajada en Colombia como centro de trámite y emisión presencial de visas de inmigrante, y otras en terceros países para las solicitudes asociadas a viajes temporales.
La expulsión arbitraria de un grupo importante de funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington también tiene un impacto negativo en esta materia, pues ha afectado sensiblemente el funcionamiento de la Misión diplomática, en particular del Consulado y los servicios que este presta a los cubanos residentes en Estados Unidos, así como la atención a los ciudadanos estadounidenses que mantienen interés en viajar a nuestro país, con un impacto sensible en la reunificación familiar y el flujo de visitantes entre ambos países.
Ello tiene lugar en momentos en que se registran cifras récord de viajeros entre esa nación y Cuba, pues sumados los ciudadanos norteamericanos, cubanos residentes en EE. UU. viajeros temporales de la Isla y de otras ciudadanías, totalizan 1 522 807 personas, las que llegaron a Cuba en el 2017 procedentes de ese país.
A los desafíos descritos se suma la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, única de su tipo en el mundo, que sigue siendo un estímulo a la emigración irregular, cuya derogación será esencial para alcanzar relaciones migratorias normales entre los dos países.
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