El proceso para postulaciones de candidatos a la Fiscalía General y Fiscalía General Adjunta está en marcha. La Junta de Proponentes, estructura conformada por varias organizaciones, ha comenzado las reuniones preparatorias. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, ya lanzó la convocatoria a esta instancia.
La Junta de Proponentes está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado del Poder Judicial, nombrado por el pleno de ese poder del Estado, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, un rector de una de las universidades del país y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh.
Los mismos sueños de otras elecciones
El representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, Wilfredo Castellanos, manifiesta que están preparándose para actuar responsablemente y darle un Fiscal General de altura al país que tanto lo necesita.
“Nosotros estamos interesados en que el Fiscal General que se va a elegir en los próximos meses sea un Fiscal General independiente, un Fiscal General altamente calificado, un Fiscal General que no tenga ningún tipo de sesgo de carácter político, eso es lo ideal, en eso nos estamos centrando nosotros”, dijo Castellanos.
El presidente saliente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, manifestó que ya giraron todas las invitaciones a sus agremiados para que puedan presentar sus postulaciones.
“El Colegio de Abogados manda una invitación abierta a todos los abogados para que puedan participar, obviamente el Fiscal General está en todo su derecho de volver a participar, él ha manifestado públicamente que no desea participar, pero obviamente la Junta Proponente no va a limitar el derecho a participar de nadie”.
El abogado Wilfredo Castellanos aclara que el Fiscal General no representa al Estado. “El Fiscal General representa los intereses generales de la sociedad, representa a la sociedad en sí, por lo tanto, debe ser un fiscal que defienda la sociedad y que no defienda a grupos políticos o económicos o de cualquier tipo de carácter parcializado”, enfatizó el representante del Conadeh.
Papel de la Junta
La Junta Proponente deberá definir las reglas del juego. Convocar a los candidatos y candidatas, estudiar sus expedientes, que no tengan antecedentes penales ni deudas con la justicia, realizar incluso pruebas toxicológicas, definir los filtros de elección, audiencias públicas, entre otros, antes de presentar la lista final al Congreso Nacional. La elección debe realizarse el mes de septiembre.
“La Junta de Proponentes hace un trabajo de potabilizar el proceso, formalmente esta junta debería llevar allí a las mejores personas, las más adecuadas, sin embargo, estos son pactos políticos que se dan en el país, no dude usted que la elección del fiscal va a estar de nuevo con fuerte sesgo partidario para proteger los intereses de los que realmente tienen el poder en el país”, manifestó el defensor de los Derechos Humanos, José Guadalupe Ruela.
El abogado Fernando Gonzáles considera que una de los grandes retos de la Junta Proponente es alejar el proceso de las manos de los políticos.
“El papel que debe jugar la Junta es de despolitizar, buscar a alguien que no tenga ese matiz político, que no deba favores políticos. Hay profesionales del derecho que son muy buenos pero que no son conocidos en la palestra pública, es de escudriñar, es de espulgar como se dice en nuestro pueblo”, señaló el abogado Gonzáles.
Una institución en deuda
Uno de los considerandos de la ley del Ministerio Público explica muy claro la naturaleza de esta institución. Nació con el objetivo de convertirse en un instrumento clave para lograr la impartición de justicia con independencia, imparcialidad y legalidad, de modo práctico y eficaz.
La función esencial del Ministerio Público es la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública, la vigilancia en el cumplimiento exacto de las condenas, así como la sujeción estricta del órgano jurisdiccional a la Constitución de la República y las leyes, con la potestad de iniciar los procedimientos para el enjuiciamiento de funcionarios infractores del orden jurídico.
El ex fiscal Omar Menjívar considera que el Ministerio Público perdió el rumbo y el horizonte con que nació. “El Ministerio Público actual funciona como una pieza que quien detente el poder la mueve a su antojo. A pesar de toda la campaña que se ha hecho para hacernos creer que hoy tenemos un Ministerio Público diferente, lo que tenemos es un Ministerio Público conveniente para los propósitos del poder, para quien tiene el poder” manifestó Menjívar.
En momentos en que se habla de la elección del fiscal también hay un fuerte movimiento del Partido Nacional que ha desatado una campaña para reelegir al actual Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla, algo que no comparte el abogado Menjívar.
Si esos diputados del Congreso Nacional están interesados en reelegir a Oscar Chinchilla como Fiscal General, debería ser razón suficiente para oponernos a esa reelección porque a este Fiscal General, honestamente, no le encuentro el mérito. Él podrá ser buena persona, pero más que buena persona es un buen ejecutor de las encomiendas que le hacen. Todo lo que hizo en el Ministerio Público o bien fue por orden de la Embajada de los Estados Unidos o el presidente Juan Orlando Hernández”, aseguró Menjívar.
El Partido Nacional, a través de su diputado Renán Inestroza, presentó hace unos días, en el pleno del Congreso Nacional, una reforma al artículo 233 de Constitución de la Republica para ampliar de cinco a siete años el periodo del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público.
“Si no se tiene voluntad, si no existe el compromiso, podrá ponerlo a 10 años y lo que hace es volverlo más peligroso, más nocivo. Y si hacen eso, si el Partido Nacional está interesado en que eso ocurra es porque de algún modo se sienten garantizados con él en la impunidad que necesitan para toda la corrupción que han cometido”, opinó el ex fiscal Omar Menjívar.
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