El miércoles 15 de marzo se realizó en Estados Unidos la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras luego del proceso electoral del 26 de noviembre de 2017, donde más de 30 personas fueron asesinadas, 22 guardan prisión como presos políticos y cerca de mil han sido judicializados, por protestar contra el fraude y la dictadura de Juan Orlando Hernández.
Tras la crisis post electoral varias delegaciones internacionales llegaron a Honduras para verificar in situ la situación de las violaciones a los derechos humanos que se estaba cometiendo contra el pueblo que salió a las calles a protestar para que se respetara la voluntad soberana, y no se cometiera un fraude electoral, que al final sucedió, y el oficialista Juan Orlando Hernández fue reelecto por el Tribunal Supremo Electoral como presidente de Honduras.
Ante las constantes y masivas protestas que se realizaban a diario a nivel nacional, el Gobierno de Juan Orlando Hernández puso el 1 de diciembre en vigencia el Decreto Ejecutivo número PCM-084-2017, que restringió por un plazo de diez días las Garantías Constitucionales contenidas en el Artículo 81, y con ellos la represiones contra los protestantes fueron salvajes y mortíferas por parte de la Policía Militar del Orden Público, la policía preventiva, soldados del ejército y los cuerpos de élite.
Debido a las masivas violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en ese contexto, varias delegaciones internacionales llegaron al país para conocer la situación que estaba viviendo el pueblo hondureño por las fuertes represiones contra los protestantes.
De Estados Unidos llegó una delegación religiosa de emergencia a Honduras a raíz de las elecciones, quienes se reunieron con varios sectores y visitaron algunos lugares donde se realizaban protestas para verificar las fuertes represión que se daba contra el pueblo y defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas represoras del estado.
Ocho denominaciones religiosas estaban representadas por más de 40 grupos religiosos y organizaciones de derechos humanos que enviaron delegados de 13 estados de los Estados Unidos.
En enero, 50 personas entre religiosos y líderes cívicos de los Estados Unidos, Canadá, Colombia y Argentina llegaron a Honduras en una delegación religiosa, la que fue organizada en respuesta a las peticiones de una presencia internacional de prominentes socios religiosas hondureños que han enfrentado amenazas por parte del régimen de Juan Orlando Hernández.
Esta delegación hizo público en Estados Unidos su informe de su visita a Honduras, el que ha sido denominado “Crisis en Honduras y la respuesta de los EEUU. Una actualización de Defensores de DDHH de Honduras y Reporte de la Delegación de Emergencia de Líderes Religiosos a Honduras, Enero 2018”.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), estuvo presente en el evento, donde expuso sobre la situación de DDHH en la crisis post electoral en Honduras.
Además se presentó una actualización de la situación de los derechos humanos y un reporte sobre las conclusiones y recomendaciones de la delegación de emergencia.
El evento contó con cuatro panelistas:
Bertha Oliva de Nativí, General Coordinator and Co-Founder, Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras (Comité de los Familiares de los Detenidos y Desaparecidos, COFADEH)
Kathryn Johnson, Policy Impact Coordinator, American Friends Service Committee
Kristen Lionetti, Policy Director, Office of Justice and Ecology, Jesuit Conference of Canada and the United States
Jean Stokan Justice Coordinator, Sisters of Mercy of the Americas, delegation co-leader
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