Por Sandra Rodríguez
Tal como era el temor de la Mesa Nacional de Derechos Humanos, hoy se dictó medidas sustitutivas a la prisión, para los tres policías que atacaron a defensores y defensoras de Derechos Humanos y estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el pasado 08 de septiembre.
El comisionado de policía Félix Colindres, y los sub comisionados de policía Juan Aguilar y Marlon Vásquez, deberán ir a firmar el libro de registro de imputados al juzgado de lo penal de Tegucigalpa cada viernes, no deben acercarse a las víctimas y tampoco salir del país.
Los uniformados cuyo lema institucional es “Servir y proteger”, volverán al banquillo de los acusados en la audiencia inicial el martes 13 de marzo del 2018, sobre ellos pesaría una condena de más de cien años para cada uno, de aplicarse la ley como debiera.
Pese a que hay evidencias que Colindres, Aguilar y Vásquez atacaron Hedme Castro, directora de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa); María Tomasa Morales “Tomy” defensora y periodista de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); Ariel Díaz, coordinador de la Juventud por los Derechos Humanos (JDH); y Carlos del Cid, coordinador del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH), junto a ocho estudiantes mientras los bajaban a la fuerza de un microbús, siguen en libertad.
El hecho es condenable, pues los y las defensoras, excepto Castro, pasaron más de 30 horas privados de libertad y se les dio medidas sustitutivas a la prisión hasta que fueron absueltos a finales de ese mismo mes, en Audiencia Inicial que, inusualmente se realizó en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y no en un Juzgado competente.
Para los y las defensoras no es concebible que los uniformados sigan en libertad, cuando hay jóvenes condenados por defender la educación pública mediante protestas sociales en la UNAH, incluso Marcio Silva, tiene orden de captura, y es uno de lo que abordaba el microbús propiedad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos ese viernes 8 de septiembre.
Se esperaba que, a bordo del vehículo estatal, los y las defensoras de DDHH, sacaran con bien a los ocho estudiantes que desde la mañana estaban prisioneros dentro de la ciudad universitaria en Tegucigalpa, y nunca creyeron que serían atacados aun dentro de la unidad, por los policías denunciados.
Hablar de ese día es volver a recordar cada golpe verbal, físico y moral, tanto Hedme, Tomy, Carlo y Ariel continúan con secuelas de las agresiones, por lo que se apersonaron al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, mientras se desarrollaba la audiencia de declaración de imputado.
Al comisionado de Policía, Félix Adrián Colindres; y los subcomisionados de Policía Juan Manuel Aguilar Godoy y Marlon Agustín Vásquez Palma, están acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas, en contra de los y las defensores de los derechos humanos y universitarios.
La Mesa Nacional de Derechos Humanos, compuesta por más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos para apoyar este caso, continúa con la preocupación de que no se aplique la ley y no exista justicia.
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) el pasado 12 de diciembre contra los policías Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar Godoy, Marlon Agustín Vázquez Palma, acusados por doce delitos de tortura, doce detenciones ilegales, un delito de abuso de autoridad, un delito de omisión de los deberes de los funcionarios y un delito de lesiones en perjuicio de los defensores Carlos del Cid, Ariel Díaz, Tommy Morales y Hedme Castro; y ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el 07 de septiembre de 2017.
A la espera de la audiencia inicial, la Mesa Nacional de DDHH exige al Poder Judicial que sea objetivo para sancionar como corresponde a los oficiales de la policía, a fin de asegurar el resarcimiento de los derechos violados y combatir la impunidad con la que estos agentes han actuado frente a los ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a defender derechos.
También se denunció por estos mismo hechos a la fiscal de delitos comunes María de los Ángeles Barahona, el 19 de octubre anterior; y la juez de turno Karla Maldonado, presentado el 28 de septiembre de 2017.
Un plan diseñado por Félix Villanueva
Y el pasado 20 de febrero la Mesa Nacional de Derechos Humanos denunció al entonces director de la Policía Nacional, Félix Villanueva, señalado por el delito de Abuso de Autoridad, al realizar el plan operativo “Apolo III” que concluyó en el desalojo violento, capturas, detenciones y tortura contra estudiantes y defensores de derechos humanos, por lo que están acusados los tres policías.
La denuncia manifiesta que el ex director de la policía diseñó y aprobó un plan de desalojo que llamó “Apolo III”, el 05 de septiembre de 2017, tres días antes del desalojo violento de una protesta del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
De acuerdo con el expediente 2530-2017, en poder del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la jueza Karla Vásquez programó el desalojo de la protesta pacífica estudiantil en la noche del jueves 7 de septiembre. Dos días antes, Félix Villanueva estaba diseñando como se iba a ejecutar este desalojo.
Para la Mesa de DDHH, que aglutina a organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel nacional, es un abuso de autoridad de parte del jerarca policial y que de acuerdo con el artículo 349 del Código Penal, sanciona con reclusión de tres a seis años y la inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión.
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