Entre los 38 asesinatos registrados por las organizaciones de derechos humanos en la crisis post electoral, se encuentra el caso de Cristian Fernández Yánez, un joven de apenas 24 años de edad, quien murió a manos de un militar cuando participaba en una movilización en la colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula, al norte de Honduras.
La mañana del domingo 18 de diciembre de 2017, Cristian despertó a varios miembros de su familia, como otros días participarían en una movilización en contra de lo que ellos creían era un fraude electoral. Las elecciones del 26 de noviembre, eran la primera vez que le permitían al joven ejercer el voto. Él como muchos ciudadanos y ciudadanos rechazaban el triunfo que el Tribunal Supremo Electoral dio a Juan Orlando Hernández.
Un informe presentado recientemente por la Coalición contra la Impunidad, destaca que “en el marco del fraude electoral que se consumó en los días subsiguientes a las elecciones generales, se dio por el control absoluto del Tribunal Supremo Electoral por el Partido Nacional, y la trama mediática en apoyo permanente a la narrativa que emanó del órgano electoral al momento de las inconsistencias del escrutinio”.
-Los resultados del Tribunal provocaron grandes manifestaciones en las principales ciudades del país, la ciudadanía desde el 17 de diciembre, y por 5 días consecutivos, convirtió la calle en escenario de lucha en rechazo al fraude electoral-dice el informe “Honduras: Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral”.
Único disparo
Mario Alberto Velásquez, cuñado de Cristian, recuerda cada instante de ese 18 de diciembre. Permanentemente viene a su mente las últimas horas de vida del hermano de su esposa. “Nos levantamos, como familia fuimos a la movilización, así lo veíamos haciendo en los últimos días. Nos sentíamos indignados porque hasta nuestra voluntad nos robaban al dar unos resultados que no eran los que la ciudadanía dejó plasmados en las elecciones generales”.
Es inevitable que Mario llore cada vez que cuenta la historia. Recordar duele, pero sabe que es necesario denunciar el caso de Cristian, porque así como ellos, otras 37 familias más están sufriendo la ausencia producto del uso desproporcionado de la fuerza, de los abusos y la impunidad en la que se arropan los cuerpos de seguridad en Honduras.
“Yo vi cuando el militar le disparó y le quitó la vida. Yo acudí al militar que lo mató y le dije que me ayudara, y él me respondió: mira como putas arreglas tu pedo porque yo no te estoy prestando ninguna patrulla. Cuando miré hacia atrás vi que mi cuñado era trasladado en un vehículo al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Él falleció el 18 de diciembre de 2017, su cuerpo lo entregaron el 19 de diciembre y hasta esta fecha el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, no nos ha dado respuesta de nada a pesar que tienen evidencias de los casquillos y los videos. Yo mismo les digo que soy testigo de lo que pasó, yo claramente identifico al militar que lo mató y no han hecho nada”, dijo entre lágrimas Mario Alberto.
Mario participó recientemente en la audiencia de país que se realizó ante los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco de su período de sesiones 167, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Allí las organizaciones aglutinadas en la Coalición contra la Impunidad, presentaron información que entre el 26 de noviembre de 2017 al 23 de enero de 2018, se registraron 33 muertes de personas manifestantes vinculadas al conflicto post electoral, durante y después del desarrollo de las acciones de resistencia. A estas muertes se suman 3 muertes de agentes policiales vinculadas a la coyuntura.
Un costo humano altísimo
En dicha audiencia las organizaciones lograron presentar ante los miembros de la Comisión Interamericana que las actuaciones de los representantes del Estado han tenido consecuencias graves en los derechos humanos. Han registrado 192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1257 detenciones; 1 persona detenida desaparecida, 38 muertes de personas en el marco del conflicto; 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes; 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud, 105 personas desplazadas por persecución política; 15 periodistas agredidos; 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y las consideramos personas prisioneras políticas; así como 73 personas defensoras víctimas de amenazas y otras acciones.
La abogada Mery Agurcia del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras, Cofadeh, asegura que como organizaciones su trabajo se centra en el acompañamiento humanitario a las víctimas porque el Estado no asume su responsabilidad. “En esta crisis post electoral estamos viendo personas que han quedo con discapacidad permanente, es terrible pensar que esas personas no volverán hacer las mismas”.
“El costo humano de la crisis política de los últimos meses es muy alto, y alguien debe responder a las víctimas. Y de forma particular la comunidad internacional tiene un gran reto de hacer que el Estado de Honduras realmente cumpla con sus obligaciones internacionales que de buena fe firmó”, dijo Agurcia.
En la audiencia de país, teniendo de frente a los comisionados de la CIDH y a los mismos representantes del Estado, Mario Alberto dijo con voz firma que responsabiliza al Estado de Honduras por cualquier situación que le puede pasar a él y su familia.
Esta advertencia la realizó porque en las últimas semanas sujetos desconocidos con carros sin placas vigilan y rondan su casa, situación que representa un peligro en un país como Honduras, donde los asesinatos son una realidad diaria, y la desconfianza en las autoridades está marcada.
Mario, un joven indignado por la muerte de su cuñado y por toda la corrupción en el país, aseguró que lo único que no les pueden robar es el deseo de continuar en las calles demandando justicia para sus muertos y para este país que necesita urgentemente que la institucionalidad y el Estado de derecho se respeten.
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