Organizaciones de Centroamérica denunciaron ante la CIDH la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en la región. En una audiencia pública presentaron datos en torno a la educación integral en sexualidad, violencia sexual y embarazos en niñas y en adolescentes, maternidad forzada, mortalidad materna, acceso a métodos de anticoncepción de emergencia, penalización del aborto y el acceso en general a la salud sexual y reproductiva.
También señalaron la problemática detrás de los embarazos forzados que, pese a ser casos denunciados, los responsables no son debidamente investigados, juzgados ni sancionados. Esta falta de respuesta estatal hace que se naturalicen las violaciones sexuales contra las mujeres, niñas y adolescentes, quienes además de cargar con el peso de la impunidad de su agresor y de sufrir psicológicamente, en una gran mayoría de casos, son obligadas a continuar con embarazos no deseados, atentando contra el derecho a desarrollar su proyecto de vida. Así, en Honduras el primer semestre de 2017 se registraron 1.249 víctimas de violencia sexual de las cuales, el 60.63% son niñas entre 10 y 19 años de edad y el 22.2% son menores de 10 años. En El Salvador se registraron 1.376 niñas violadas sexualmente en 2017. En Nicaragua, en 2015, se reportaron 1.600 niñas embarazadas producto de una violación y 2.616 violaciones sexuales de los cuales se reportaron 409 casos contra niñas entre 7 y 12 años de edad y 230 casos de violaciones contra menores de 6 años.
Centroamérica es la región del mundo con mayores restricciones para la acceder a un aborto legal y seguro. Esta realidad se agrava en Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde el aborto no es permitido bajo ninguna circunstancia, es penalizado incluso cuando se trata de salvar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. Además, El Salvador ha encarcelado a más de 17 mujeres debido a complicaciones obstétricas. Esta situación afecta de manera de manera directa a las mujeres que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Todo esto ha de ir enmarcado en la situación que se vive en la región en el que grupos políticos, sociales y religiosos de corte conservador se han unido en contra de los derechos sexuales y reproductivos y en contra de todo avance para la protección de los derechos de las mujeres y de las personas LBGTI. Grupos que atacan lo que ellos llaman ideología de género buscando tergiversar el concepto de género, y con ello perpetuar el patriarcado y las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, así como bloquear todos los derechos obtenidos a través de luchas a lo largo de los años. El apoyo estatal que reciben estos grupos se ven también reflejados en la pasividad ante los ataques que reciben las defensoras de los derechos de las mujeres, dejándolas vulnerables ante esta corriente conservadora y lo que la comisionada brasileña Flávia Piovesan llamó “cultura de la violencia contra la mujer”.
Tanto la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonovic, como las comisionadas y el comisionado expresaron su preocupación por el impacto que tiene en la vida de las niñas y mujeres la penalización del aborto y mostraron su disposición para unir esfuerzos y apoyar a los Estados en la garantía plena de los derechos de las mujeres. “Podemos con esto. Juntas podemos pararlo”, dijo la Relatora Especial de la ONU. “Somos fuertes y juntas podemos”.
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