Recordar el 8 de septiembre del 2017 no es fácil. Se viene a la mente y se refleja en la mirada las torturas que un grupo de policías ejecutaba contra Hedme Castro, Tommy Morales, Ariel Díaz, Carlos del Cid y ocho estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Se logró identificar a los violadores de derechos humanos, sus nombres y cargos han sido evidenciados ante la opinión pública, y mañana deberán acudir a audiencia de declaración de imputado en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, a las dos de la tarde.
Al comisionado de Policía, Félix Adrián Colindres; y los subcomisionados de Policía Juan Manuel Aguilar Godoy y Marlon Agustín Vásquez Palma, fueron acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas, en contra de los y las defensores de los derechos humanos y universitarios.
Se teme que a los agresores se les de medidas sustitutivas a la prisión, pese que hay testimonios, víctimas y un video que muestra los hechos que afectaron a Hedme Castro, directora de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa); María Tomasa Morales “Tomy” defensora y periodista de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); Ariel Díaz, coordinador de la Juventud por los Derechos Humanos (JDH); y Carlos del Cid, coordinador del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH).
Es por ello que, la Mesa Nacional de Derechos Humanos, compuesta por más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos para apoyar este caso, se pronunció el día de hoy ante la preocupación que no se aplique la justicia según la ley.
Los y las defensoras junto a 33 estudiantes estuvieron cerca de 30 horas encarcelados, desde el 08 hasta la madrugada del 10 de septiembre, y a una parte del grupo (36 en total) se les dio sobreseimiento definitivo y a los ocho jóvenes que estaban a bordo del microbus, sobreseimiento provisional con medidas sustitutivas a la prisión y el estudiante Marcio Silva tiene orden de captura, por ser el segundo requerimiento debido a la defensa de la educación pública.
Ante lo descrito, Edy Tábora, director del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), y miembro de la Mesa Nacional de DDHH, no concibe como es que los agresores de los y las defensoras estén en libertad y presuntamente se les dicte medidas contrarias a la prisión, si la pena suma a más de 100 años de cárcel; mientras hay jóvenes que deben estar formando en el libro de registro de imputados en el Juzgado capitalino, y otros incluso deben huir para no ser encarcelados.
Parte del comunicado de prensa manifiesta que “Desde la Mesa de DDHH, consideramos importante el requerimiento presentado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) el pasado 12 de diciembre contra los policías Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar Godoy, Marlon Agustín Vásquez Palma, acusados por doce delitos de tortura, doce detenciones ilegales, un delito de abuso de autoridad, un delito de omisión de los deberes de los funcionarios y un delito de lesiones en perjuicio de los defensores Carlos del Cid, Ariel Díaz, Tommy Morales y Hedme Castro; y ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el 07 de septiembre de 2017”.
Esperamos que el Poder Judicial sea objetivo para sancionar como corresponde a los oficiales de la policía, a fin de asegurar el resarcimiento de los derechos violados y combatir la impunidad con la que estos agentes han actuado frente a los ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a defender derechos.
Otra situación que preocupa la Mesa de DDHH es la falta de Investigación por parte de la Fiscalía de Enjuiciamiento a Funcionarios, ante quien denunciaron por estos mismo hechos a la fiscal de delitos comunes María de los Ángeles Barahona, el 19 de octubre anterior; y la juez de turno Karla Maldonado, presentado el 28 de septiembre de 2017; por los delitos de abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios, la primera por ordenar la detención ilegal de los defensores antes referidos y la segunda por ordenar un desalojo sin observar las reglas del debido proceso.
Por lo que la Mesa Nacional de DDHH exige:
Un juicio independiente, justo e imparcial contra Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar Godoy, Marlon Agustín Vásquez Palma, de acuerdo con lo previsto por la ley.
Que el Estado garantice que los agentes de la policía no ejerzan represalias contra los que denunciamos estos hechos y garantizar el ejercicio de labor de los y las defensores de derechos humanos.
Que el Ministerio Público investigue a los operadores de justicia que han sido denunciados por la detención ilegal de los cuatro defensores de derechos humanos, así como las denuncias por la criminalización a la protesta estudiantil desde el año 2015.
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