“Hasta el día de hoy la respuesta que como familiares hemos recibido por parte de las autoridades universitarias es una querella por calumnias y por injurias”, denunció Jackeline Jiménez, hermana del sindicalista Donatilo Jiménez Euceda, desaparecido el pasado 8 de abril, mientras desarrollaba su jornada cotidiana de trabajo en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA).
La familia de Donatilo Jiménez en sus declaraciones públicas, han cuestionado la indiferencia y la presunta complicidad institucional en la represión a su pariente, por denunciar actos internos de corrupción.
Ante esos cuestionamientos, la esposa del líder sindical, Sonia Martínez y la hermana de Donatilo, Jackeline Jiménez, enfrentan querellas por difamación en el tribunal de sentencia de La Ceiba departamento de Atlántida, interpuestas por las autoridades universitarias.
“Esa es la única respuesta que hemos tenido en estos reclamos por la desaparición forzada de Donatilo Jiménez. Y digo forzada porque Donatilo estaba laborando en su tractor asignado en sus labores diarias”, señaló Jackeline Jiménez.
El día que Donatilo desapareció de su centro de trabajo, señaló la hermana del dirigente sindical, “le acompañaban tres hombres del CURLA del departamento de mantenimiento” y no se explica porque no quieren hablar.
Jackeline relató que a escasos metros de donde Donatilo realizaba sus labores se encuentra una posta donde hay guardias de seguridad que custodian y vigilan ese sector, y que no entiende porque no quieren hablar, “a lo mejor están amenazados”.
La semana pasada el Ministerio Público acusó al presunto marero José Augusto Turcios Salinas, alias “Mayimbu”, por suponerlo responsable del delito de secuestro en perjuicio de Donatilo Jiménez Euceda.
“Mayimbu”, se encuentra recluido en el Centro Penal de San Pedro Sula, por una serie de delitos.
“No vamos a creer en lo que las autoridades están diciendo y no vamos a permitir que este caso se manche y se utilice para limpiar el nombre y la imagen de la máxima autoridad de la universidad, porque Donatilo no le estorbaba a nadie más que a las autoridades universitarias y queremos que se haga justicia”.
Jackeline, quien tiene más de 25 años de laborar en el CURLA, también denunció que ha sido víctima de atropello por parte de las autoridades universitarias, por el hecho de venir exigiendo justicia por el desaparecimiento de su hermano.
“Me han negado el ingreso a mi trabajo por el hecho que el Ministerio Público conociendo de mis denuncias fuertes que hice, consideraron que mi vida corría peligro. Se hizo por escrito la solicitud a las autoridades del CURLA y aun así no me permitían el ingreso y se tuvo que levantar un acta para que me dejaran entrar y esa es otra respuesta que he recibido”.
Indicó que ese es otro atropello para callarla, para amedrentarla, pero sostuvo que está consciente y que sabe muy bien a quién se está enfrentando, pero que al poder no le tiene miedo, que solo le tiene miedo a Dios.
“Sé que estoy enfrentando a gente que tiene poder, pero no voy a callar, seguiré de pie”, sostuvo Jackeline Jiménez.
La prolongación de la angustia por la desaparición de Donatilo Jiménez ha causado dolor en sus círculos familiares, afectaciones serias en la salud de su madre, esposa e hijos.
Cómo es posible que la respuesta de acompañamiento a la reclamación con vida o el cuerpo de Donatilo, de parte de la familia, la respuesta es un requerimiento fiscal en contra de la hermana y la esposa, por expresar su preocupación y por decir lo que está diciendo, cuestionó Bertha Oliva, coordinadora general del Cofadeh.
La defensora de los derechos humanos sostuvo que hay un atentado directo contra la libertad de expresión y el derecho a la información y “vemos que es la tónica que se está dando en el país actualmente. Ningún reclamante de derecho o ningún denunciante de hecho, ahora lo puede hacer, porque tiene ya la amenaza de comparecer ante un tribunal”.
Agregó que las autoridades deben entender que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y que aunque no se tengan leyes en el país que regule cuál debe ser el accionar de una autoridad cuando sucede un hecho, pero que hay leyes internacionales que deberían darle el acompañamiento y apoyo necesario a los familiares.
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