miércoles, 10 de abril de 2019
REDEHSUR condena aptitud policial en favor de terrateniente
Predio sin uso que fue acondicionado por la comunidad para estacionamiento en semana santa de 2015 y por el que han sido acusados los tres defensores de usurpación
Frente a agentes de la policía nacional, un grupo de pobladores de la comunidad Playa Blanca, península de Zacate Grande, fueron amenazados por el terrateniente Jorge Luis Cassis, supuesto dueño de un predio que es utilizado como estacionamiento público.
Ante la denuncia interpuesta por la Asociación para el Desarrollo de la Penitenciaría de Zacate Grande (ADEPZA), este domingo 07 de abril, mediante redes sociales, se teme que las amenazas se concreticen y se exponga la vida de quienes mantienen la lucha por defender la playa, tierra y territorio en Amapa, Valle.
Por lo que la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la zona Sur del país (REDEHSUR), emitió un comunicado público en el que condena la actitud de la Policía Nacional, al acompañar y acuerpar a los terratenientes que acaparan las tierra en la península de Zacate Grande, que en vez de” servir y proteger” (cómo es su lema) al pueblo, lo hacen pero al dinero, a los ricos y famosos del “Club de Coyolito”.
El comunicado detalla que, en esta ocasión, el terrateniente Jorge Luís Cassis Leiva, llegó acompañado a intimidar a las compañeras y compañeros del caserío Puerto Sierra, conjunto a Playa Blanca, quienes hacen defensa de sus territorios y son integrantes de la ADEPZA.
La Red recuerda que, “Dicho terrateniente mantiene procesados a varias defensoras y defensores territoriales, entre ellos Abel Antonio Pérez, integrante desde sus inicios de la Red de Defensores y Defensoras de DDHH del sur de Honduras (REDEHSUR), quien con Santos Hernández, líder comunitario de ADEPZA, estuvieron privados de su libertad en el centro penal de Nacaome, Valle, y fueron sentenciados a cinco años y un mes de prisión por los delitos de usurpación, amenazas y daños. Y fue absuelto el también líder campesino Tomás García, pero el proceso le dañó su estado de salud.
Actualmente, Abel y Santos, mantienen medidas sustitutivas a la prisión, entre ellas de ir a firmar dos veces al mes a los juzgados de San Lorenzo. El año pasado junto con otras personas fueron re-criminalizados por el mismo terratenientes por los delitos de daños continuos agravados, agregó la denuncia.
Según un vídeo compartido por ADEPZA, el terrateniente se dirige a unas mujeres de la comunidad, y las amenaza diciendo “Voy a poner gente armada a que me cuide mis terrenos”.
El hecho recuerda al año 2015, cuando el pueblo organizado limpió un predio y lo utilizó como parqueo, cobrándole el cuidado de los vehículos a los turistas que llegaban en Semana Santa, y así recaudar fondos económicos para el desarrollo de Playa Blanca y Puerto Sierra.
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