Desde el 27 de noviembre de 2017, un día después de las cuestionadas elecciones, que colocaron a Juan Orlando Hernández en la presidencia, la ciudadanía de las diferentes comunidades del departamento de Choluteca se ha mantenido en manifestaciones de rechazo y demandas colectivas.
Los pobladores y pobladores del departamento sureño de Choluteca han establecido los días miércoles y sábado para ejercer su legítimo derecho a la protesta. En las manifestaciones, los ciudadanos y ciudadanas no solo rechazan la administración nacionalista, sino que también el alto costo de la factura por consumo de energía, la falta de medicamentos en los centros hospitalarios y la instalación de proyectos extractivistas como los fotovoltaicos.
De acuerdo a la coordinadora de la Asociación Para Una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Hedme Castro, en los dos últimos años, 86 personas han sido criminalizadas por manifestarse en contra de los abusos y violaciones a los derechos humanos.
Castro indica que los pobladores del sector Costa Azul y Los Prados, por ejemplo, han sido acusados de los delitos de usurpación, daños, detentación de edificios y por atentar contra el Estado de Honduras.
En ese sentido, la coordinadora de ACI-PARTICIPA detalla que acompaña el caso de 43 pobladores del sector Víctor Argeñal que han sido criminalizados por oponerse a los proyectos fotovoltaicos en esa zona.
“Las paredes de las casas se han rajado, las aves al pasar mueren, el calor ha aumentado en las zonas y han introducido un cableado subterráneo donde están ubicadas las fotovoltaicas”, cuenta Hedme Castro al referirse a los daños que provocan las empresas fotovoltaicas en Choluteca.
Según investigaciones del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), en el departamento de Choluteca existen nueve proyectos de generación de energía solar fotovoltaica con estudio de factibilidad aprobado. Energías Solares S.A., Fotovoltaica Sureña y Fotovoltaica Los Prados, son algunos de los proyectos aprobados para la zona sur del país.
Sin investigar muerte de manifestante
El miércoles 10 de abril de 2019, el joven Wilfredo de Jesús Moncada recibió un disparo en la cabeza, mientras participaba en una de las manifestaciones ciudadanas del departamento de Choluteca. Horas después murió.
Hasta la fecha, según la organización ACI-PARTICIPA, la Policía Nacional, a quien la población acusa de haberle disparado a Wilfredo de Jesús, y la Fiscalía regional no han iniciado un proceso de investigación.
“Wilfredo era un muchacho de 17 años, era dirigente estudiantil en el colegio que estudiaba y se unió a la lucha contra las industrias extractivas, la Empresa Energía Honduras –EEH- y las calamidades que padece el pueblo en Choluteca”, cuenta Hedme Castro, quien asegura que existen vídeos en los que se ve que el disparo proviene de la zona en la que elementos policías se apostaron para reprimir la manifestación.
Persisten amenazas contra periodista
El periodista Jairo López, judicializado por supuestos daños en perjuicio de la Empresa Energía Honduras en el departamento de Choluteca, denuncia que en la última semana fue víctima de nuevas amenazas de muerte a través de la red social Facebook.
Jairo López denunció en Radio Progreso que en las amenazas además se le señala de ser “cabecilla de la banda Los López” y culpable de la muerte del joven manifestante Wilfredo Moncada.
“En las publicaciones –amenazas- dicen que pertenecía a la Mara MS, que distribuía drogas, que soy el líder de las marchas en Choluteca, manifiesta López, para luego comentar que se sostiene económicamente por la solidaridad de amigos y organizaciones, porque ante el proceso judicial que enfrenta se le han negado los espacios en los medios de comunicación.
El periodista declara que el director del Mecanismo de Protección a Defensores, Operadores de Justicia y Comunicadores Sociales, Danilo Morales, ordenó la suspensión de la escolta que le cuidaba.
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