Por John Freddy Gómez, Camila Andrea Galindo
La Deuda Pública se ha configurado como una herramienta de desposesión y subordinación desde las grandes metrópolis y los capitales trasnacionales, hacia los países denominados periféricos y semiperiféricos. (Gómez & Galindo, 2018) Con el beneplácito e interés de las clases dominantes de estos.
Sin embargo, aun cuando esta dinámica se puede rastrear desde la instauración de nuestras repúblicas, este proceso se ha acrecentado a partir de la década de los años 70 del siglo XX con las trasformaciones en la economía mundial implementada por Estados Unidos bajo la presidencia de Richard Nixon. (Brenner, 2013)
Estas transformaciones de las reglas de juego en la economía mundial conllevaron a un nuevo régimen de acumulación que tiene como centro la financiarización de la economía como fuente de transferencia de valor desde los países periféricos hacia los países metropolitanos y de igual manera desde las clases subalternas hacia la clase capitalista y concretamente al capital financiero. [1] Escenario donde la deuda pública en el análisis macroeconómico se constituye como la piedra angular de la absorción de recursos en desmedro de los presupuestos destinados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante DESCA).
Debido a este nuevo proceso, los Estados periféricos y concretamente los Estados de América Latina y el Caribe se han convertido en instituciones que privilegian la austeridad fiscal acompasada con el autoritarismo como fuente de sostenimiento del sistema socioeconómico dando inicio al concepto austeritarismo que privilegia la imposición e incremento de procesos de reducción del gasto social, venta de activos estatales, transferencia de la carga impositiva de la forma directa y progresiva hacia la regresiva e indirecta, entre otros procesos totalmente lesivos para con las clases populares. (Gómez & Galindo, La Austeridad Fiscal en América Latina y el Caribe: Violencia que engendra Violencias, 2018)
El incremento odioso e insostenible de la deuda pública en Honduras
En los últimos años tras los diferentes flujos y reflujos económicos, más claramente a partir del año 2001 y tras la puesta en marcha de la política de expansión cuantitativa en Estados Unidos en el año 2008 concatenado con las políticas de desregulación de los mercados de futuros en el año 2003 (Munevar, 2011) se ha evidenciado un aumento exponencial de la deuda pública en los países de América Latina y el Caribe tanto por el aumento de la demanda de créditos, a partir del año 2008, como por la valorización de las mismas, luego del año 2014, derivado de la devaluación de las monedas periféricas con relación a las metropolitanas, en particular el Dólar, lo que ha conllevado a grandes problemas fiscales y al incremento del autoritarismo en nuestra región. (Gómez & Galindo, Política Fiscal y Deuda Pública en América Latina y el Caribe: Unas políticas ortodoxas asfixiantes, 2018)
Grafica N°1 Deuda Pública total, Deuda Pública Administración Central, PIB en millones de dólares Y Deuda Central sobre PIB en Honduras entre 2009 y 2018.
(FOSDEH, 2019; SEFIN, 2019)
(...) en los años de análisis, tan solo ha aumentado aproximadamente un 63%, lo cual evidencia la insostenibilidad de la deuda pública tanto total como central en Honduras. Como se evidencia en la anterior gráfica, la deuda pública total y la deuda pública de la administración central han tenido un aumento de 8.649 a 16.556 millones de dólares respecto a la total y para la de la administración central de 3.677 a 11.474 millones de dólares entre el año 2009 y el año 2018 [2], lo cual constituye un incremento aproximado del 90% para la total y de 200% para la de la administración central en el mismo periodo; mientras que el Producto Interno Bruto, en los años de análisis, tan solo ha aumentado aproximadamente un 63%, lo cual evidencia la insostenibilidad de la deuda pública tanto total como central en Honduras.
En consonancia con lo anterior, atestiguamos como el porcentaje de la Deuda de la Administración Central con relación al Producto Interno Bruto pasó de 25,21% en el año 2009 a 48,55% en el año 2018 un aumento de alrededor de 23% en menos de 10 años, rozando los índices de insostenibilidad del 50% instaurados por las agencias internacionales y varios técnicos referentes en el tema de la sostenibilidad de la deuda pública (Comunidad Andina, 2008). Teniendo en cuenta que tomamos la Deuda Pública de la Administración Central y no la total que tiene un mayor índice de crecimiento y que puede estar superando para el año 2019 el 70% con relación al PIB.
Aunque desde un enfoque técnico es necesario utilizar los índices reconocidos unilateralmente por los Estados y las Instituciones Financieras Internacionales, consideramos que es necesario hacer hincapié en que el Producto Interno Bruto no muestra la riqueza real de un Estado ni es el índice más adecuado para evidenciar la relación de crecimiento real de una economía, debido a las constantes reformas de desregulación financiera y económica que hace ineficiente este indicador y que muestra una parte de la realidad pero soslaya la transferencia de valor desde las sucursales a las casas matrices y el flujo de capital sin ningún control que puede llevar a que este índice sea reducido drásticamente.
Tabla N°1 Deuda pública total, externa e interna en Dólares, tasa de cambio y deuda externa en millones de Lempiras.
Elaborada a partir de (FOSDEH, 2019; SEFIN, 2019)
En la anterior tabla se puede constatar la tasa de cambio de la Lempiria con relación al Dólar, donde a partir del año 2012 y específicamente en el año 2013 se ve una aceleración de la devaluación que pasó de 19,04 a 24,49 lempiras por dólar en el año 2018, una devaluación de aproximadamente 30% connotando una valorización de la deuda pública puesta en dólares en este mismo porcentaje. Según la Secretaría de finanzas del Gobierno de Honduras, la deuda pública puesta en dólares se encuentra alrededor del 65% del total de la deuda pública. (SEFIN, 2018)
Este periodo de análisis 2013-2018 se solapa con el desplome de los precios de las commodities que golpean directamente los ingresos fiscales y la masa de dólares en circulación ocasionando altas tasas de devaluación de la lempiria con relación a las monedas de intercambio internacional y en particular del dólar.
Lo anterior genera una revaluación de la deuda pública desde un proceso totalmente odioso pasando a costar un 30% más, sin haber recibido un solo dólar extra, propiciando crisis fiscales y bajo la ortodoxia neoclásica el aumento en la opresión fiscal, venta de activos estratégicos e incremento de demanda de deuda pública conllevando a un círculo vicioso de crecimiento exponencial de la deuda tanto por devaluación como por la demanda de nuevas acreencias.
Como se evidencia en la anterior tabla, tabla número 1, la deuda pública externa en lempiras pasó de 47.188 a 71.905 en el periodo 2009-2012, que constituye un aumento de 24.717 millones de lempiras; mientras, que en el periodo 2012-2017 se pasó de 71.905 a 175.079 un crecimiento de 103.174 millones de lempiras; un acrecentamiento de 4 veces más con referencia al periodo 2009-2012, probando el grave deterioro de la economía hondureña, originado por la crisis de los commodities y el proceso de contracción y realización de capital desde Estados Unidos. [3]
Para graficar la valorización de la deuda, debido a la devaluación de la lempira con relación al dólar, en la siguiente grafica se pone de manifiesto la disímil inclinación entre la deuda externa en dólares y la deuda externa en lempiras ejemplificando la acumulación por desposesión producido por la economía a nivel internacional donde Estados Unidos mantiene el patrón monetario e influye en los precios de las mercancías y en el flujo y reflujo de los capitales por medio de las tasas de interés en la reserva federal de Estados Unidos.
Grafica N°2 La deuda pública externa en Dólares y en miles de millones de Lempiras entre 2009 y 2018.
Gráfica elaborada a partir de (SEFIN, 2019; FOSDEH, 2019)
Como se observa en la anterior gráfica, la pendiente de la deuda externa puesta en dólares con relación a la deuda externa puesta en lempiras tiene un desarrollo similar hasta el año 2013, donde acontece la devaluación de la lempira con relación al dólar ante el desplome de las commodities, y se atestigua un aumento en la pendiente de la deuda externa puesta en lempiras con relación al dólar diferencial que muestra la relación del deterioro de las condiciones de intercambio internacional y más claramente el deterioro de la divisa hondureña.
Este deterioro de las condiciones internacionales, parten de la táctica de Estados Unidos donde aumenta indiscriminadamente la tasa de interés en momento de recesión o desaceleración de la economía internacional con el fin de generar un flujo de dólares desde los países periféricos hacia los países metropolitanos y en particular hacia Estados Unidos, ocasionando una caída en la Inversión Extranjera Directa que incide directamente en las tasas de cambio como lo evidenciamos anteriormente y, como se observa en la siguiente gráfica donde a partir del año 2014 la Inversión extranjera se desploma y aun en el año 2017 no alcanza los flujos de Inversión que se percibieron en el año 2014.
Grafica N°3 Inversión Extranjera Directa en Honduras en Millones de Dólares
Gráfica elaborada a partir de (Cepal, 2018, pág. 66)
Como demostramos anteriormente, en Honduras los índices de Deuda pública, tasa de cambio y de Inversión Extranjera Directa en los últimos años se han deteriorado profundamente debido al reflujo internacional y al proceso de concentración y realización del capital especulativo por parte de Estados Unidos.
Esta dinámica se solapa con las políticas autoritarias y de corte austero que han implementado los dos últimos gobiernos. Esta dinámica se solapa con las políticas autoritarias y de corte austero que han implementado los dos últimos gobiernos el de Porfirio Lobo Sosa y los dos periodos de Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras, políticas que se contraponen a la gestión liderada en su periodo presidencial por Manuel Zelaya al cual se le implementó un golpe de Estado, categorizado como golpe blando, con participación de las clases dominantes hondureñas, y con la complicidad y acción directa de Estados Unidos. [4]
Este golpe de Estado, estuvo dirigido a socavar los procesos sociales que se estaban llevando a cabo en el gobierno de Zelaya como se puede evidenciar en el siguiente extracto “(…)su política se hizo cada vez más progresista, reduciendo la pobreza en un 10%, aumentando el salario mínimo en un 80%, proporcionando educación gratuita a todos los niños, proporcionando subsidios para los pequeños agricultores y fundamentalmente teniendo un contacto más cercano con los movimientos sociales” (Ruiz & Bernal, 2018)
Estos dos últimos gobiernos han implementado el autoritarismo, el aumento de la represión y criminalización de la protesta social acompañado por procesos de austeridad fiscal como fuente de transferencia de valor desde Honduras hacia los países metropolitanos y han implementado a raja tabla las políticas de las Instituciones Financieras Internacionales conllevando al aumento de la desigualdad en el país y a una grave crisis humanitaria que se ha saldado con el aumento exponencial de migrantes, como se puede evidenciar en el siguiente extracto:
“Honduras pasó a ser el segundo o tercer país con el mayor deseo de emigrar de su población, para convertirse en el número 1 (segundo en Latinoamérica, después de República Dominicana). Lo significativo es que este tránsito se produjo a partir de 2010. Hasta este año, el máximo porcentaje fue 31% en 2007, pero había descendido hasta 16%, en 2011, incrementando 24 puntos porcentuales en el año 2016” (Realidad Nacional, 2019)
Como se puede observar los procesos de migración y los procesos políticos se concatenan, donde atestiguamos como en el periodo de Manuel Zelaya el interés de la población a migrar del país se redujo drásticamente, mientras que este, aumento exponencialmente tras el golpe blando y las políticas autoritarias de los dos últimos gobiernos, posicionando al país centroamericano como el segundo país con mayor interés de migrar en toda América Latina.
Esta migración se debe a las políticas autoritarias y a la reducción drástica de los presupuestos destinados al gasto social y en concreto a la satisfacción de los derechos del pueblo hondureño.
El austeritarismo presupuestal en Honduras 2013-2018
Los presupuestos públicos se han convertido en fuentes de acumulación, por medio, de por lo menos, las dos siguientes dinámicas.
a) A partir de la acumulación por desposesión de diferentes conquistas sociales como son los derechos a la salud, protección social, educación y trabajo, entre otros sectores los cuales son desfinanciados, privatizados y mercantilizados, ocasionando un despojo directo de transferencia de recursos públicos, ya no hacia el fortalecimiento de los derechos sino al pago del servicio de la deuda pública.
b) A causa de las diferentes formas legales de Asociaciones Público-Privadas, que conlleva un financiamiento mixto donde, en muchos de los casos, el por qué, para qué y el cómo de la inversión es dirigida por los privados ocasionando grandes concesiones que causan un aumento de la opresión generalizada para con el pueblo.
Con el fin de ejemplificar la acumulación de los presupuestos públicos por parte de los mecanismos de absorción antes puestos de manifiesto, en un primer lugar evidenciaremos la reducción de presupuestos dirigidos hacia la satisfacción de los derechos del pueblo hondureño hacia el pago del servicio de la deuda pública que se enmarca en la transferencia de valor desde los países periféricos hacia las metrópolis y, en segundo lugar, analizaremos los proyectos de Asociación Público-Privada y su papel en la configuración del austeritarismo en el país.
I. Acumulación por desposesión en los presupuestos públicos
Como se observa en la siguiente tabla el presupuesto público total pasó de 121,9 a 261,6 miles de millones de lempiras entre el año 2010 y el año 2019, un aumento de aproximadamente 115% mientras que el servicio de la deuda pública pasó en el mismo periodo de 7,4 a 38,5 miles de millones de lempiras con un crecimiento de 420% constatando la insostenibilidad de la deuda pública en Honduras en el orden del Presupuesto General de la República y por ende el aumento de absorción de presupuesto por parte del servicio de la deuda pública en desmedro del gasto, inversión y funcionamiento social afectando directamente los derechos del pueblo hondureño.
Tabla N°2 sectores seleccionados del presupuesto general de la República de Honduras entre 2010 y 2019 en miles de millones de lempiras
Elaborada a partir de (FOSDEH, 2019)
Como se puede constatar en la tabla anterior, el sector con mayor crecimiento es el servicio de la deuda pública con un 420%, lo sigue el sector de defensa con una progresión entre 2010 y 2019 próxima a 230%, seguido por el sector de seguridad con un incremento de aproximadamente 117%, sucesivamente encontramos el sector de la salud con un aumento cercano al 47% y finalmente el sector de la educación que tuvo un acrecentamiento de 35% en el mismo periodo de análisis.
(...) el servicio de la deuda pública ha vivido un incremento exponencial mientras que los sectores de los derechos sociales como salud y educación se han desplomado. A partir de esta evidencia podemos comprender, como se puede observar en la siguiente gráfica, como el servicio de la deuda pública ha vivido un incremento exponencial mientras que los sectores de los derechos sociales como salud y educación se han desplomado en muchos de los casos sin superar la inflación del periodo de estudio y debido a esta dinámica de austeridad fiscal y lesión de los derechos sociales se ha radicado un incremento sostenido de los presupuestos de seguridad y defensa con el fin de mantener el sistema socioeconómico como fuente de autoritarismo.
Grafica N°4 Sectores seleccionados del Presupuesto General de la República de Honduras entre 2010 y 2019 en miles de millones de lempiras
Elaborada a partir de (FOSDEH, 2019)
II. Las Asociaciones Público-Privadas: Una transferencia de capital público a manos privadas.
Honduras a partir del decreto número 143 del año 2010 [5], consolida la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada -APPs- como fuente de gestión del gasto impulsada por las Instituciones Financieras Internacionales y la ortodoxia neoclásica en la región. Este proceso se solapa con la promulgación de leyes a favor de las APPs en la mayor parte de los países de América Latina bajo el fundamento de gestión del gasto, incremento de la participación privada e integración del proceso de desarrollo y el sector económico.
Este proceso invisibiliza el redireccionamiento de los lineamientos de desarrollo en el país por parte de los sectores económicos. Este proceso invisibiliza el redireccionamiento de los lineamientos de desarrollo en el país por parte de los sectores económicos, que en nuestra región se basan en la explotación de las materias primas y la baja industrialización, donde estas inversiones de Asociación Público-Privada no contribuyen a procesos de diversificación sino más bien en la profundización del rentismo y del trabajo maquila.
Anudado a la absorción de recursos públicos por parte de entes privados, que benefician sus intereses de clase o fracción de clase, donde en muchos de los casos, se deteriora los derechos de las comunidades como son las construcciones de megaproyectos minero-energéticos y de grandes infraestructuras que dinamizan la acumulación y por lo tanto no necesariamente el desarrollo económico de la población circundante.
“A partir del trabajo de campo se puede inferir que las principales fuentes de disconformidad con la estrategia de abordaje de la situación de crisis a través de las APP tienen relación con la escasa participación de la ciudadanía de las zonas afectadas, lo que conllevó al diseño e implementación de respuestas alejadas de las necesidades de las personas en su entorno” (Vergara Saavedra, Araya Orellana, Donoso Zamorano, & Fuster Farfan, 2016)
Este proceso, no satisfecho con la absorción de capital, ocasiona un aumento de la opresión fiscal en los países por medio de las concesiones de hasta 40 años por el cobro o usufructuó de los megaproyectos e infraestructuras consolidando la acumulación del capital público en manos de privados y la transferencia de la opresión desde el Estado hacia entes privados como son los casos de los peajes. Así mismo, las Asociaciones Público-Privadas como manifiesta, hasta el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, se salen en la realidad del control efectivo del Estado hondureño.
“En la práctica, las normas y reglamentos de APP no prevén un proceso para llevar a cabo tal análisis de riesgo fiscal y hasta el momento no se han elaborado directrices. Además, la SEFIN no tiene el poder legal para monitorear o reducir efectivamente los riesgos fiscales para proyectos de APP administrados por Coalianza o cualquiera de los Fondos Fiduciarios, ni impedir la puesta en marcha de proyectos que podrían ser demasiado riesgosos o que no son fiscalmente abordables” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, pág. 24)
Por lo tanto, se vive un vaciamiento del poder Estatal por el diseño y aceptación de los proyectos de infraestructura en el país y viviría tácitamente encadenado a las necesidades y apetitos del gran capital nacional e internacional.
Continuando con el análisis del desmedido poder a partir de las APPs, se puede constatar como a partir del Decreto Legislativo 406 del año 2013 se implementan garantías estatales ante las deudas contraídas por las empresas privadas inmersas en las APPs consolidando un grave atentado a los recursos públicos y configurando la posibilidad legal de la socialización de las perdidas ante proyectos sin viabilidad económica y sin ningún control por parte del Estado que puede derivar en el desarrollo de fraudes, desfalcos, malversaciones y saqueos públicos.
“La SEFIN no tiene información completa sobre los proyectos -por ejemplo, costos y plazos de desembolso- para estimar los riesgos fiscales en el mediano y largo plazo. Además, el Congreso aprobó recientemente una ley que permite al gobierno proporcionar garantías para la deuda contraída por las empresas privadas, lo que aumenta aún más el riesgo derivado de las APP” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, pág. 25)
A enero de 2019 se encuentran en desarrollo los siguientes proyectos de APPs a nivel nacional: 12 de infraestructura, 4 portuarios, 6 alrededor del sector energético, 8 de prestación de servicios sociales y un proyecto minero energético. (Coalianza Gob, 2019) Estas Asociaciones Público-Privadas tienen como base el aumento de la acumulación de capital. El aumento de la opresión y la lesión de los territorios y las comunidades.
Grafica N°5 mapa de los proyectos de Asociación Público-Privadas en Honduras
Tomada de (Coalianza Gob, 2019)
No es una coincidencia que los índices más altos de violencia en Honduras se solapan con el mapa de los proyectos de Asociación Público-Privada como es el caso de San Pedro Sula donde se desarrollan 3 proyectos de APPS y Tegucigalpa con alrededor de 6 proyectos.
“Señaló que Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma son las ciudades hondureñas que registran los índices más altos de homicidios, con 588, 392 y 206 asesinatos, respectivamente” (Agencia EFE, 2018)
Es evidente el papel de absorción de presupuestos públicos por parte de los mecanismos de las Asociaciones Público-Privadas y el aumento de la violencia y autoritarismo en los territorios impactados por estos proyectos, consolidando procesos de austeridad fiscal debido a la absorción de recursos por las APPs que deberían estar dirigidos a fortalecer los derechos del pueblo hondureño y el aumento del autoritarismo y violencias en honduras tras la implementación de estos proyectos y las políticas de socialización de perdidas e individualización de ganancias como se puede observar en el decreto 406 del 2003.
Conclusión
El estudio del caso de Honduras permite evidenciar nuevamente el desarrollo del Austeritarismo en la región, en donde a través de la violencia física y el autoritarismo se han implementado políticas económicas y sociales de corte neoliberal que han conllevado a la lesión de los DESC de la población hondureña. En este escenario se ha evidenciado como instrumentos como las Asociaciones público-privadas y la Deuda Pública se han utilizado para expropiar recursos públicos y beneficiar a los sectores privados con un marco jurídico a su favor.
Al observar este panorama se debe hacer hincapié en la necesidad de la articulación de las luchas no sólo a nivel sectorial y nacional, sino en la región de América Latina y el Caribe, pues las estrategias del imperialismo y el capitalismo reforzaran su ataque contra los pueblos, escenario en que la unión y solidaridad de los pueblos será urgente y necesaria
Bibliografía
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Vergara Saavedra, P., Araya Orellana, J., Donoso Zamorano, S., & Fuster Farfan, X. (2016). Reflexiones críticas sobre las Alianza Publico Privadas como instrumento de respuesta frente a catástrofes socio-naturales. Revista Javeriana, 221.
Notas
[1] Para mayor información remítase a (Gómez & Galindo, América Latina en el Laberinto de la Deuda, 2018)
[2] La diferencia parte que la deuda pública total toma en cuenta la deuda de las entidades financieras mientras que la administración central no toma en cuenta este rubro.
[3] Para mayor información sobre el proceso de contracción desde Estados Unidos remitirse a (Gómez & Galindo, América Latina en el Laberinto de la Deuda, 2018)
[4] Para mayor información remítase a (Toussaint, 2012)
[5] Para mayor información remitirse a (Poder legislativo - La Gaceta, 2010)
John Freddy Gómez
Investigador del “Grupo de Estudio Economía Digna" en la Universidad Nacional de Colombia, Integrante de la Plataforma Ciudadana por la Auditoria de la Deuda Pública en Colombia “En Deuda con los Derechos
Camila Andrea Galindo
Abogada y candidata a Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora del “Grupo de Estudio Economía Digna". Integrante del CADTM Colombia y de la Plataforma Ciudadana por la Auditoria de la Deuda en Colombia “En Deuda con los Derechos. Investigadora en temas de Derechos Humanos. Autora de artículos de opinión y análisis de coyuntura. Experta en temas de financiarización, globalización y Deuda como herramienta de despojo en Colombia y América Latina, con trabajo del estudio de caso de Colombia, México y Puerto Rico.
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