Por Marvin Palacios
El 28 de marzo de este año, cuatro representantes demócratas introdujeron nuevamente al seno del Congreso de Estados Unidos, la “Ley de Derechos Humanos en Honduras Berta Cáceres”, con el propósito de suspender fondos millonarios destinados a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Honduras, hasta tanto no se cumplan una serie de demandas planteadas en la iniciativa de ley.
La ley fue presentada por los congresistas, Jan Schakowsky, José Serrano, Marcia Kaptur, bajo el liderazgo de Hank Johnson, a quienes se les suman 43 representantes más, que apoyan la normativa.
La congresista Jan Schakowsky ha vistado en al menos dos ocasiones, la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) , y ha sostenido conversaciones con la Coordinadora General de dicho comité, Bertha Oliva, con el propósito de conocer de cerca la realidad en materia de derechos humanos y sobre casos puntuales de graves violaciones que el COFADEH ha registrado.
El representante demócrata de la Cámara baja Hank Johnson, presentó el proyecto de ley, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicción del comité pertinente.
El proyecto de ley fue introducido por primera vez en la estela de la trágica muerte de la líder ambiental e indígena hondureña Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. La ley introducida inicialmente bajo el registro H.R. 1299, suspendería el financiamiento estadounidense a la República de Honduras para sus operaciones policiales y militares, hasta que el gobierno hondureño inicie una investigación sobre las violaciones de derechos humanos por fuerzas de seguridad.
La iniciativa de ley se introdujo “para suspender la asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos con Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia”.
Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que el Gobierno de Honduras, ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure la cooperación de las fuerzas armadas y la policía en estos casos, y que han cesado tales violaciones.
La ayuda militar y policial para Honduras estaría suspendida, hasta tanto no se “ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure la cooperación de las fuerzas armadas y la policía en estos casos, y que han cesado tales violaciones”, sostiene el texto de la ley Berta Cáceres.
Otra condición que plantea la ley es que sean retiradas las fuerzas militares de las tareas de la que competen a la Policía Nacional, “de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil”.
Por otro lado la ley demanda que se persiga por todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto, en contra de quienes ordenaron y ejecutaron, el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016, los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán, los crímenes cometidos contra 22 ciudadanos y la desaparición de una persona por parte de las fuerzas de seguridad estatales en el contexto de la crisis postelectoral de 2017; y el atentado contra el periodista Félix Molina acontecido el 3 de mayo de 2016, así como el ataque contra el periodista Geovanny Sierra, perpetrado el 26 de Noviembre de 2018.
La Ley “Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras” ordena suspender asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.
Aquí la última versión en español Ley Berta Cáceres
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