Salir huyendo de casa nunca lo imaginó. Irse fue la decisión más difícil que tuvo que tomar, porque creció pensado que era privilegiada al nacer en Guapinol; un pedazo de tierra tropical bajo la falda del imponente y codiciado parque nacional Carlos Escaleras, en el departamento de Colón, zona nororiental de Honduras.
Pero ella, no fue la única en irse. Antes lo hicieron cinco familias más por las mismas razones, aunque bajo circunstancias de violencia. Pareciera que la llegada del supuesto desarrollo que promueven las autoridades significara el desplazamiento forzado de las comunidades, comentaba mientras armaba una pequeña maleta que la acompañarían en un viaje que desconoce si tiene retorno.
Meses antes se le vio participar en el campamento de Guapinol, en las protestas de las calles y a las afueras de un tribunal con jurisdicción nacional donde 12 de sus vecinos y compañeros eran criminalizados por oponerse a la instalación de una minera. El Estado de Honduras y la empresa Inversiones Los Pinares, acusó a delegados de la palabra de Dios y líderes comunitarios de daños, usurpación y asociación ilícita.
A los líderes ambientalistas se les dictó sobreseimiento definitivo a inicios de marzo de 2019, porque la fiscalía no pudo sustentar las pruebas que los incriminaban; un organigrama de “inteligencia” de la Policía Nacional, donde se ve a los ambientalistas bajo la denominación “La Banda de la Aldea de Guapinol”.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que, el Ministerio Público utiliza el derecho penal para acusar de usurpación y hasta del delito de asociación ilícita a la ciudadanía que está defendiendo su territorio, ante la instalación de proyectos extractivistas.
A pesar que Guapinol geográficamente está inserto en una región de conflicto agrario y de presencia de narcotráfico, para ella (a quien llamaremos únicamente así), y los suyos es un paraíso terrenal. Sabe que la falta de institucionalidad le da poder al crimen organizado y los terratenientes para matar y robar la tierra a los campesinos. O para comprar la justicia y protegerse bajo el uniforme militar.
Ella cuenta que en el Aguán los días calurosos se calman con un buen chapuzón en el río; acompañada de gente amada, frutas de temporada y una buena dosis de risas. ¡Así la vida es bonita! El río Guapinol abastece de agua a la comunidad y otros sectores aledaños que lo utilizan para el consumo humano, aguar el ganado y regar los cultivos.
También dice que la gente con orgullo se describe como trabajadora y emprendedora. Varias familias se alimentan de los ingresos que produce el monocultivo de la palma africana, otras de lo que deja la ganadería y la siembra de granos básicos, y la mayoría de las familias viven producto de las remesas que reciben de sus familiares que emigraron a Estados Unidos y España.
En cada palabra que pronunciaba sobre su pueblo trata de explicar el por qué es necesario arriesgar hasta la vida por esa tierra, sobre todo contar cómo las mujeres están viviendo la implantación de un modelo económico extractivo que las criminaliza, persigue y desplazada forzosamente, cuando debería de ser el Estado quien les garantice el goce pleno de sus derechos.
La libertad de sus compañeros y compañera criminalizada significó una enorme alegría, el pueblo lo celebró a lo grande, pero ella es consciente que las amenazas siguen latentes. La empresa sigue con los trabajos en la zona gracias a la seguridad que recibe de la Policía Nacional y Militar. A través de redes sociales se ha denunciado que los militares en pleno abuso de poder impiden que la gente permanezca en el río.
Ella denunció en repetidas ocasiones que a la comunidad llegaron personas ajenas que, además de trabajar con la minera se dedican a hostigar a la ciudadanía que públicamente se ha pronunciado contra la mina. “A dormir como las gallinas”, dijo entre risas y lamentos, porque las mujeres que tuvieron que huir les tocó dejar abandonadas hasta las gallinitas y otros animales que eran el sustento de sus familias. También tuvieron que irse defensores de derechos humanos y comunicadores, amenazados por los uniformados y los allegados a la empresa.
Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), establecen que durante el 2018 más de 950 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por causas asociadas a la violencia. Organizaciones ambientalistas aseguran que esa violencia está muchas veces relacionada con los conflictos que viven las comunidades por la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos.
La concesión: el conflicto
Corría la fiesta de San Isidro Labrador en Tocoa cuando el pueblo comenzaba a indignarse. El agua del río era color chocolate y olía mal. Don Reinaldo, uno de los líderes criminalizados cuenta que les tocaba bañarse así; no había de otra, cuando el cuerpo se secaba quedaba pegajoso por la cantidad de lodo o sedimento que el agua llevaba.
Desde 2012 se conocía que la montaña Escaleras estaba destinada para la explotación minera de óxido de hierro. Hasta ese entonces únicamente sabían que la concesión minera pertenecía a la familia Rivera Maradiaga “Los Cachiros”, una banda de narcotraficantes encarcelada en Estados Unidos. Nadie podía hablar de la minera porque el miedo de ser asesinado era real.
La montaña lleva el nombre de Carlos Escaleras, fruto de una demanda internacional contra el Estado de Honduras por el asesinato del ambientalista en octubre de 1997. Veinte años después del crimen, mediante un acto público el Estado reconoció su responsabilidad y pidió perdón. Pero no evitó que se desgranara un conflicto socio ambiental por las concesiones que ha otorgado.
De acuerdo a los análisis e investigaciones del Comité Municipal en Defensa del Agua de Tocoa, Colón y la Coalición Contra la Impunidad, el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 252 – 2013 dictaminado, discutido, aprobado y publicado en sólo 23 días, determina el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol y que el mismo se aprobó sin seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República. Este decreto dio luz verde para concesionar la zona núcleo del parque nacional.
Además, la comunidad asegura desconocer como la concesión fue a parar a manos del empresario Lenir Pérez, yerno del terrateniente fallecido Miguel Facussé, señalado de obtener grandes cantidades de tierra de forma irregular. Las comunidades han denunciado que las autoridades municipales están al servicio del empresario.
Pérez es un joven dedicado al rubro de la construcción, quien ha logrado posicionarse gracias al renombre de su familia política; abriendo puertas para entablar negocios con el Estado. En el sector Florida en Tela intentó extraer óxido de hierro, pero las comunidades organizadas lo evitaron. Aunque algunos afirman que la amenaza de explotar la mina sigue latente.
Una Honduras en pedazos
El reciente informe “Territorios en Riesgo II, minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras”, elaborado por Oxfam, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), refleja que en el 65 por ciento del territorio de Honduras hay concesiones mineras y de generación de energía.
El estudio especifica que la minería se extiende sobre 156 municipios y la generación de energía sobre 100, mientras otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos. Asimismo, 32 concesiones mineras y 10 proyectos de energía hidroeléctrica se encuentran dentro de micro cuencas.
Mientras el gobierno nacionalista de Juan Orlando sigue impulsando proyectos extractivos en las comunidades, las familias enfrentan la ruptura del tejido social que los expone a las amenazas a muerte, criminalización y desplazamiento forzado.
Ella salió de su comunidad fuera de Honduras. Su gente asegura continuará la lucha para evitar que la mina se instale, de eso dependiente la oportunidad de contar con agua no contaminada, comunidad sin conflictos y familias más consciente que lucharon por un bien común que les llama a no dejarlo arrebatar.
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