Por Mª Ángeles Fernández y J. Marcos
Nohemí Pérez posa al finalizar la entrevista / Foto: J. Marcos
La hondureña Nohemí Pérez lleva 36 años de lucha en defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de verdad, justicia y reparación por la desaparición de su hermano. Habla de Honduras como un país “lindo y hermoso” y acusa al actual Gobierno de Juan Orlando Hernández de continuar confiando en “los mismos actores, bajo diferentes escenarios”.
Terrible.
Silencio.
Lágrimas.
Contención.
Terrible.
La entrevista con Nohemí Esther Pérez Borjas es una cadencia. De palabras: terrible, eso fue terrible. De silencios: a veces calla para sentenciar porque no hay más que decir. De sentimientos: la emoción deja de ser contenida para que las lágrimas broten ligeras. Sus ojos se enrojecen y brillan cuando habla de su madre, fallecida en el año 2009, y cuando menciona, de soslayo porque ahí no quiere entrar, el secuestro que sufrió una de sus hijas. El tono de su voz también sigue un compás, entre la rabia con la que pronuncia la palabra ‘terrible’, remarcando bien las erres, y los susurros con los que acaban algunas de sus frases, rebobinadas en la grabación porque es complicado captarlas.
Nohemí Pérez lleva 36 años de lucha. Por su hermano, Samuel Pérez, desaparecido cuando apenas entraba en la veintena. Por todas las personas desaparecidas y por sus familias, para que logren verdad, justicia y reparación. Y por Honduras, un país de gente luchadora y hermoso, como lo describe.
Varias preguntas están anotadas en la libreta. Para saber la historia, el contexto, la situación actual de Honduras, la historia de Nohemí Pérez y de la organización en la que milita y que fundó. Ha estado varios meses en Bilbao dentro de un proyecto de protección para personas defensoras.
– ¿Cómo te encuentras?
“Primero agradecida. Voy a dar contexto para que entiendan cuál es mi lucha y por qué estoy aquí. Soy Nohemí Pérez, soy defensora de derechos humanos y mi defensoría empieza en los 14 años”. Esa primera respuesta, que arranca con toda una declaración, ocupa gran parte de la conversación, porque tiene claro lo que quiere contar y lo deja resuelto desde el inicio.
Su lucha arranca en los 80, una década en la que varios países de Centroamérica viven conflictos armados y Honduras, explica, se convierte en un centro de refugio centroamericano. “Y es ahí cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos implementa una doctrina de seguridad nacional y establece una base militar nociva. Y es ahí cuando comienzan a darse las grandes violaciones de derechos humanos”, hila.
En este contexto desaparece su hermano Samuel, de regreso de un viaje a Cuba, en la aduana de Guasaule, fronteriza con Nicaragua. “Empezamos a investigar como familiares, a ver qué había pasado, por qué lo habían capturado. Y es muy duro”, calla. Llega el primer silencio. “Como familia ha sido muy dura la situación que hemos vivido. No puedo decir la gran magnitud de dolor que nos dio eso”, retoma para callar nuevamente.
2009, el año de la quiebra
“Con mi madre empezamos la búsqueda de Samuel en las calles. Decidimos salir y nos dimos cuenta de que no era solo Samuel el único desaparecido, nos vimos obligadas a formar una organización. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) nace un 30 de noviembre de 1982”, continúa. Hablar con Nohemí Pérez es hacerlo de su familia, primero de su hermano; pero también de su madre, Fidelina Borjas, que falleció en 2009 sin encontrar justicia para su hijo; y de sus hijas, quienes que le acompañan hoy en la lucha.
El siguiente silencio, el de la quiebra, con el que se le llenan los ojos de agua y que muda el relato, llega al recordar la muerte de su madre, presidenta de Cofadeh, en un año el que la historia reciente de Nicaragua dio un vuelco en el que aún está inmerso. “Dan un golpe de Estado. Terrible. Donde tenemos nuevamente desaparecidos, exiliados, criminalizados. Con toda esta campaña de desprestigio viene la muerte de mi madre, que no soportó, al ver toda su lucha, toda esa burla…. Fue terrible. Fue terrible para mí porque… para toda la familia, para la organización, para toda la gente del pueblo que la conocía”, recuerda.
“Estuvo un mes en coma, no volvió a hablar nada, fue terrible. Yo, en los momentos en que podía estar con ella, le ponía una canción de los desaparecidos y a ella se le salían sus lágrimas y me apretaba mi mano”, rememora muy emocionada.
Y relata de carrerilla, bajito, pero sin dudarlo, cuando se pregunta cuál era la canción que le ponía su madre: “A principios de los 80, cuando todo empezó, secuestran a los primeros, hijos de nuestra nación. Y esto fue solo el principio de la década de terror”.
“Y nombra a Samuel”. Llora
Nohemí Pérez sigue de duelo, por su hermano y por su madre: “Ver que los familiares se mueren sin que haya justicia, sin que sepan qué ha pasado con sus seres queridos… Ha sido terrible, ha sido terrible… Ese duelo lo sigo manteniendo, pero la lucha es lo primordial. Y no paramos”.
Tras la quiebra retoma el relato con fuerza, esa que ha alimentado sus más de 36 años de lucha “inclaudicable”, como la califica. Toda una vida, en la que también ha habido victorias, avances, alegrías medidas; como el hecho de haberse mantenido de manera organizada o de que Cofadeh forme parte de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam). “Hemos llevado al Estado la denuncia de las desapariciones. Hemos sido el primer país que denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de dos las personas desaparecidas, y la Corte le dice al Estado de Honduras que se repare el caso de dos personas desaparecidas. Tenemos 11 sentencias ante la CIDH. Y tenemos procesos de exhumaciones en los 90”, subraya.
“Ser defensora es un delito”
Su voz se modela según el tono y el sentimiento que la atraviesa durante la conversación. Ahora retoma la indignación, el enfado, casi la rabia, siempre con un pañuelo en la mano porque las lágrimas son recurrentes. De los 90 a la segunda década del siglo XXI, Nohemí Pérez sigue exigiendo sin descanso verdad, justicia, reparación, no repetición y que los responsables sean juzgados.
“Hasta el momento ni uno de ellos ha sido juzgado, son los mismos actores bajo diferentes escenarios, optando a cargos públicos en Honduras, siendo asesores”, relata, trayendo al relato al Gobierno actual, el de Juan Orlando Hernández, en el poder desde 2014 y previsiblemente hasta al menos 2022, ya que está en su segundo mandato. Un Gobierno que destaca por la restricción clara de libertades y por la criminalización de la protesta. Otra defensora hondureña, Celeste Espinosa, ha cifrado en 3.000 los casos de defensoras y defensores judicializados.
“Ser defensora en Honduras es un delito, porque les tocas sus intereses impunes. Esa elite que se mantiene empoderada y mantiene empoderados a los militares. Se vuelve a dar en el 2016 con esas elecciones robadas, descaradas, un fraude electoral terrible”, resume Pérez, remarcando con fuerza las erres. Terrible.
No es una opinión. Ni una sensación. Es un hecho. En 37 páginas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recoge “las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el país entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del presidente, el 27 de enero. En el informe también se describe un patrón de intimidación y represalias tras las protestas electorales contra los defensores de los derechos humanos y los miembros o simpatizantes de los partidos de la oposición”. 37 páginas que son un alivio para Nohemí Pérez, “un consuelo porque ese informe llega”, dice con una mezcla de indignación y de ligera satisfacción.
-Después de 36 años de lucha, ¿por qué ahora sales de Honduras?
En la respuesta vuelve al origen, a los 80, cuando fue amenazada y perseguida: “Pistolas en mi cabeza amenazándome, llamadas telefónicas, ‘perras, dejen de buscar a los perritos’. Psicológicamente terrible, después las agresiones”. Se detiene en 2009, cuando su grado de vulnerabilidad aumentó, por lo que tuvo que irse durante un tiempo a Costa Rica: “Fui amenazada, fui agredida físicamente, perseguida, hostigada… Todas esas denuncias están en el Ministerio Público, que no ha hecho nada. Tengo medidas cautelares de protección por la Corte Interamericana, pero no confío en esas autoridades”.
A pesar de lo detallado de toda su conversación, en este punto pasa rápido e, incluso, calla. “Casi no me gusta hablar de esto, mis hijas están muy vulnerables, han sido perseguidas, una de ellas fue secuestrada. Hubo un momento en que ya sentía que no era yo y me puse a pensar, pero no me voy a retirar de la lucha, voy a seguirme manteniendo y lo que pase… En la oficina me dijeron que había este proyecto, que lo pensara, y vimos la necesidad de que no era venir a descansar, que era para venir a hacer incidencia. Estar aquí sí me tranquiliza un poco, pero Honduras no ha cambiado, Honduras sigue peor…”, responde.
Todo esto lo cuenta en unos días, noviembre de 2018, en los que los informativos de las cadenas de televisión generalistas hablan de la migración de miles de personas centroamericanas de manera conjunta y ordenada hacia Estados Unidos. Unos telediarios que en cambio no dicen por qué la gente se marcha de Honduras. “En Honduras hay pobreza, inseguridad… Y sí, no lo podemos negar, hay maras en Honduras, pero son parte del crimen organizado que tienen en nuestro país. Honduras es muy lindo, es un país hermoso. Los que gobiernan son quienes están haciendo de Honduras lo que es”, finaliza.
Terrible.
6 meses de protección
Nohemí Pérez participó, en 2018, en el Programa Vasco de Protección Temporal a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, por el que estuvo seis meses en Bilbao. Gestionado por CEAR Euskadi y liderado por el Gobierno vasco, el objetivo de este proyecto, creado en 2011, es “aumentar el paraguas de protección, fortalecer esas redes internacionales de apoyo con las que cuentan las organizaciones y colectivos, evitar el desplazamiento forzado permanente y que se pueda sostener el trabajo en defensa de los derechos humanos en los países y regiones de origen”, explica Leire Lasa, de CEAR Euskadi. De momento, esta “herramienta de solidaridad política”, como la define Lasa, ha ofrecido protección temporal a 20 personas, entre ellas una niña y un niño, principalmente de Colombia, pero también de Perú, Honduras, Guatemala y los Territorios Ocupados del Sahara Occidental.
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