La violencia generada por los grupos de la criminalidad organizada, la persecución por ejercer la labor de defensa de derechos humanos y el trabajo periodístico siguen provocando que cientos de hondureños y hondureñas sean desplazados de sus comunidades, y se vean obligados a solicitar asilo y refugio fuera del país.
De acuerdo a información de la Oficina en Honduras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hasta junio de 2018, se registra un total de 81 mil personas entre solicitantes de asilo y refugiadas.
Andrés Celis, jefe de la oficina en Honduras de la ACNUR, indica que las personas más afectadas por el desplazamiento forzado son los comerciantes, amas de casa, transportistas, docentes y estudiantes.
“Es el sector en el cual se siente de manera más aguda el impacto de la violencia que los lleva a presentar quejas como desplazados ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos –CONADEH-“, comenta Celis.
En su informe Impacto de la Violencia en Centros Educativos de Tegucigalpa, ACNUR resalta que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas subraya que en el país existe un amplio reclutamiento de niños por maras, adicionalmente más del 70% de los homicidios de niños y adolescentes se producen como parte de las actividades criminales de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.
En relación a la atención que deben recibir las personas que sufren el desplazamiento forzado, el jefe de la Oficina de ACNUR en Honduras comenta que “los desplazados deben ser tratos en condiciones de igualdad, es decir que no se puede establecer ningún tipo de discriminación”.
Sin embargo, la primera respuesta debe darse en prevención, apunta Andrés Celis: “cómo atender causas, cómo proteger a las personas antes que sean obligadas a huir del lugar de donde habitan”.
En ese sentido, la Comisión Interinstitucional para la Protección de las personas desplazadas por violencia (CIPPDV), integrada por el ACNUR y organizaciones defensoras de los derechos humanos, entregaron un proyecto de ley al Congreso Nacional.
La propuesta incluye una normativa para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente.
Andrés Celis señala que mientras la ley no se concrete en el Congreso Nacional será más difícil que una persona que está en esta situación –desplazamiento- logre una respuesta específica a su favor.
“La ley, concebida en un espacio mixto, exige una respuesta coordinada de la autoridad pero también exige una reacción de la sociedad frente a estas problemáticas”, indica.
El jefe de ACNUR en Honduras apunta que la Ley presentada ante el Poder Legislativo está basada en los principios igualdad como elemento esencial; el principio de solidaridad el que señala que “debemos actuar”; y un principio de humanidad, es decir primero los derechos y el valor de las personas y el restablecimiento de su dignidad.
La Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas promueve el resguardo de bienes abandonados a raíz de la violencia y un Sistema de Alertas Tempranas para la Prevención y Protección del Desplazamiento.
Respecto al Sistema de Alertas, Andrés Celis comenta que todavía no cuentan con una definición operativa dentro del marco normativo porque es parte de los elementos de la reglamentación.
Según Celis, los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que integran la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, se comprometieron a presentar el proyecto y sacarlo adelante.
La Oficina en Honduras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en conjunto con el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), impulsa la campaña “Vidas Desplazadas”, historias de personas forzadas a huir, en la que valoran que las personas no se desplazan voluntariamente, lo hacen únicamente cuando no ven otra posibilidad y las condiciones los obligan a migrar e incluso a arriesgar sus vidas para poder sacar a su familia adelante.
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