lunes, 22 de abril de 2019

Diputados desesperados por blindarse



Por German H. Reyes R. 

Propuesta reforma a Ley de Privación de Dominio es el cuarto proyecto legislativo en meses recientes que no pareciera tener otro fin más que proteger a los funcionarios que cometen actos de corrupción.

Los señalamientos por corrupción contra diputados y demás funcionarios y ex funcionarios de la administración pública sería el detonante para que en el Congreso Nacional se estén aprobando leyes de protección para los corruptos y alimentando la impunidad que campea en este país.

Como producto de la histórica corrupción, Honduras es deficiente en los sistemas de educación y salud, en seguridad y hasta en los servicios de electricidad y agua potable que la población paga a precios exagerados.

Sin embargo, de forma sistemática, desde el año pasado el Congreso Nacional, viene fomentando la impunidad mediante el blindaje de los diputados y funcionarios señalados de actos irregulares.

Aquí damos un repaso de las acciones y omisiones más notorias que se han perpetrado desde los curules, aparentemente sin otro fin más que proteger a las personas que atentan contra el patrimonio público.

"Favor regrésennos los bienes incautados"
Denis Castro Bobadilla es el segundo vicepresidente del Congreso, y a su juicio, los bienes de las personas señaladas de corruptas deben ser incautados hasta que los imputados hayan sido vencidos en juicio y no como ocurre actualmente. Ha presentado un proyecto de Ley que según observadores quitaría los dientes a la Ley de Privación del Dominio Definitivo de Bienes de Origen Ilícito y Lavado de Activos. Esta ley es el marco legal que ha permitido la incautación de bienes a diversas personas supuestamente involucradas en narcotráfico y corrupción—mas recientemente, la ex Primera Dama Rosa Elena de Lobo.

Castro Bobadilla ha argumentado que presento estas reformas porque la propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución de la República. Sin embargo, Revistazo ha descubierto que el diputado podría tener un interés personal en estas reformas, ya que en el año 2013 el Estado tomo posesión de una empresa de la cual el diputado era socio.

"Robar fondos públicos no es tan grave"
El 14 de agosto de 2017, el Congreso Nacional aprobó reformas del Código Penal, para reducir las penas por los delitos de malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Antes, la malversación de caudales públicos se castigaba con penas de 9 a 12 años de cárcel, pero la rebajaron a entre 6 y 9 años.

Y de igual forma, el delito de enriquecimiento ilícito tenía penas de 6 a 9 de cárcel y lo rebajaron a 4 y 6 años, haciéndolo prácticamente conmutable porque cuando el juez así lo quiera va a poder dictar sentencias de 4 y 5 años para que el imputado se defienda en libertad. A eso se suma, que cuando la Ley favorece al reo se aplica de manera retroactiva.

"MP no puede investigarnos"
El 18 de enero de 2018, finalizando la última legislatura del periodo anterior, el Congreso Nacional aprobó la reforma a los artículos 16 y 131- A de la Ley Orgánica del Presupuesto, para frenar las investigaciones de altos funcionarios que se han apropiado del dinero público. La reforma también limita la investigación y judicialización por parte de la MACCIH y el Ministerio Público, hasta que el Tribunal Superior de Cuentas, entidad sumamente politizada, emita un informe del caso.

Esto surgió luego que el Vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, diera a conocer que ese organismo adscrito a la OEA estaba investigando una red de al menos 140 diputados, de los últimos dos periodos, incluido el Presidente del Congreso Nacional, por el desvío de fondos, a través de Organizaciones no Gubernamentales ONGs.

La MACCIH logró enjuiciar a cinco parlamentarios, pero sus compañeros en el Congreso, salieron al paso, aprobaron y publicaron la reforma, para que de inmediato, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alma Consuelo Guzmán, nombrada juez natural para conocer esa causa los dejara en libertad. Pero hay que señalar, la magistrada Guzmán es parte de las negociaciones surgidas entre liberales y nacionalistas cuando eligieron la Corte Suprema de Justicia. Ella también fue diputada en el periodo 2010-2014 incluido en la investigación.

De esta investigación y judicialización se derivaron muchas presiones, para que se revisen las actuaciones de la MACCIH y que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, obligara a que el vocero de la MACCIH renunciara de su cargo.

Al blindaje de la corrupción también se suma la inadmisibilidad de al menos dos recursos de inconstitucionalidad presentados contra la reforma de la Ley de Presupuesto, por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

"…y de paso, no hablen mal de nosotros (¡o verán lo que les pasa!)"
Hace unas semanas en el Congreso Nacional estuvo debatiendo sobre la Ley de Ciberseguridad, que criminaliza los mensajes y denuncias que circulan en las redes sociales. Esto, con propósitos de penalizar a todos aquellos que se refieren al supuesto fraude electoral, el robo del Seguro Social y demás casos de corrupción denunciados contra funcionarios.

Lo que omitieron aprobar
De manera contraria, en ese Poder del Estado, se negaron a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, que le serviría a los operadores de justicia para mantener informantes que forman parte de estructuras criminales, como es el caso de Mario Zelaya, ex director del IHSS, y obtener información de quienes estaban atrás del hecho, como opera la red y dónde está el dinero y los bienes.

Los diputados tampoco tuvieron voluntad paraderogar la Ley de Secretos de Estado, que esconde muchos actos de corrupción.

Asimismo, la Ley de política Limpia, aprobada supuestamente con la finalidad de controlar el gasto de publicidad durante el proceso electoral, deja libre que personas naturales puedan donarles a los partidos políticos hasta 1.5 millones de lempiras y 7.8 millones las empresas privadas. Eso se presta a que cualquier persona natural o jurídica pueda tener control en determinado candidato y del funcionario, en caso de resultar electo.


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