En medio de un operativo y un allanamiento a la emisora Radio Globo a cargo de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), el periodista David Romero Ellner fue capturado para cumplir una condenada de 10 años de prisión.
“Están rompiendo las puertas para venir a capturarnos, estamos aquí en Radio Globo, han roto los portones”, relataba Romero Ellner durante una transmisión radial antes de ser capturado por un agente de la Policía TIGRES, quien le arrestó sin armas y esposas para luego ser traslado a un batallón de las Fuerzas Armadas donde cumplirá su pena por la comisión del delito de injurias contra la ex fiscal Sonia Gálvez.
El periodista Romero Ellner denunció una serie de actos de corrupción de funcionarios públicos, relacionados con desfalcos a instituciones estatales, profirió acusaciones directas contra el abogado Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a los análisis del director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora, el proceso contra el periodista David Romero Ellner ha sido utilizado por el poder político y económico del país para amenazar o enviar un mensaje a las voces críticas del país.
“Recordemos que primero fue el cierre de Radio Globo por un tema administrativo sin justificaciones, pero luego hemos visto que un comunicado de Casa Presidencial antes de que se resolviera lo que decía la Comisión Interamericana, y antes de autorizar el allanamiento, es totalmente injerencista para el poder judicial, ya decía lo que iba a resolver, entonces para nosotros el caso se convierte de interés público por las injerencias”, indica Tábora.
Tábora además manifiesta que en el caso de Romero Ellner y la ex fiscal Sonia Gálvez, el Estado hondureño no garantizó el derecho al honor de la víctima.
Por otra parte, expresa la preocupación que genera el no cumplimiento del Estado de Honduras de las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a las obligatoriedades adquiridas en convenios internacionales.
Antes de la captura de Romero Ellner, la CIDH solicitó al Estado de Honduras otorgar medidas cautelares al comunicador y suspender la orden de captura, mientras se emitía una resolución en el caso del periodista.
En un comunicado, el Comité por la Libre Expresión indicó que “la pena de diez años y ocho meses a la que fue condenado el comunicador es excesiva, arbitraria e innecesaria para resarcir el daño ocasionado a la víctima”.
Para el sacerdote jesuita y director de Radio Progreso-ERIC, Ismael Moreno, la captura y el allanamiento a Radio Globo demuestra que se está expuesto ante la fuerza de un sector que tiene el control del Estado y que se hace sentir a través del uso de la legislación para definir quiénes son los que mandan.
“Se ha acentuado la penalización de delitos como la calumnia y la difamación, que deben tener un castigo pero no penalizados porque así perdemos cualquier tipo de espacio para ejercer el derecho a la libertad de expresión”, dijo Moreno, advirtiendo que el Ministerio Público tiene la estricta obligación de investigar las denuncias formuladas por Romero Ellner.
“En lugar de eso- investigación- lo que se hace es arremeter contra la persona, cuando lo que tenemos es la denuncia de delitos y la demanda por parte de la ciudadanía de la despenalización de estos delitos”, manifestó el director de Radio Progreso.
El presidente del Colegio de Periodista, Dagoberto Rodríguez, reitera la demanda de despenalizar o eliminar los delitos contra el honor, y sugiere que el Estado hondureño debe estandarizar su legislación en materia de derechos humanos con los convenios internacionales, porque llevar a la cárcel a un periodista es un atentado a la libertad de expresión.
Además señala que la pena de 10 años de prisión contra David Romero ha sido desproporcional. Rodríguez indica que, desde 2004 hasta la fecha, un total de 30 periodistas han sido querellados por los delitos de injuria y calumnias.
Noé Leiva, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), opina que, ante la desproporcionalidad en la sentencia contra David Romero y el allanamiento a Radio Globo, la prensa hondureña debe hacerse un solo bloque junto a la ciudadanía.
“Estamos siendo afectados todos, porque el periodismo responde a los intereses de la sociedad, lo periodista manejamos un bien público que es la información útil para la sociedad”, dijo Leiva, al declarar que el periodismo hondureño está herido al ser golpeado por el Estado y que ha puesto en precario el sistema interamericano de derechos humanos.
Pruebas a la Maccih
La periodista y esposa del director de Radio Globo, Lidieth Díaz Valladares, entregó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) un expediente de pruebas en las que supuestamente se señala a la familia presidencial Hernández-García de enriquecimiento ilícito.
Según las pruebas presentadas por la periodista Lidieth Díaz, Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García, desde el año 2010 hasta la fecha han adquirido bienes valorados en más de 4 mil millones de lempiras.
Lidieth Díaz dice que las pruebas indican que Hernández y familia han creado sociedades mercantiles, entre ellas Inversiones del Río, Agro Inversiones San Martín y televisoras en el occidente del país.
“Ya que Chinchilla –Fiscal General- no quiere actuar que actúe la MACCIH”. Son pruebas que demuestra la compra de terrenos, compra de ganado, los préstamos que han adquirido que son exagerados que un banco no los da si no tiene una garantía por más de 300 millones de lempiras”, aseguraba la periodista Lidieth Díaz, frente a la entrada de la MACCIH.
Por su parte, el vocero de la MACCIH, Luiz Marrey Guimaraes, advirtió que la información entregada por la periodista de Radio Globo será remitida al Ministerio Público, porque la Misión no va a sustituir el trabajo de las instituciones hondureñas.
Guimaraes afirmó que se han enterado de los señalamientos contra la familia presidencial a través de las redes sociales, y expresó que palabras sin pruebas no son nada.
“Yo voy a enviarlas al Ministerio Público porque es el canal correcto, la Misión está haciendo su trabajo y solo apoya las instituciones”, insistió Guimaraes.
Para el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, la documentación entrega que vincula a Juan Orlando Hernández y su esposa debe ser validada por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Luis Zelaya, recordando que desde noviembre de 2017 se demanda la salida de Hernández del poder, manifestó que esperan que la UFECIC y el Ministerio Público tengan independencia para investigar; asimismo, dijo que la lucha debe ser de país y no de personas.
Diputados nacionalistas defienden
La bancada nacionalista en el Congreso Nacional, no solo se une para votar a favor de alguna moción o ley, sino para defender la corrupción de la que son acusados constantemente por periodistas y órganos de investigación.
Sobre las denuncias presentadas por el periodista David Romero, en la que muestra a través de documentos que Juan Orlando Hernández y su familia orquestaron el desfalco millonario del Estado a través de Organizaciones no Gubernamentales, algunos diputados salieron al paso a defenderlo y a manifestar que las acusaciones no tienen sustento.
Para el caso el diputado nacionalista Nelson Márquez, dijo que él no es juez para determinar si alguien es culpable o no, además aseguró que, “de algo sí estoy seguro es que, Juan Orlando Hernández fue la primera persona que empezó a hablar de la lucha contra corrupción pero tomando reales acciones, prueba de ello es que en gobiernos anteriores no se metió a nadie preso, en los gobiernos anteriores no se extraditó a nadie por andar en actos ilícitos y está claro que nadie está por encima de la ley y todo mundo debe seguir el debido proceso”.
Para Márquez, Juan Orlando Hernández es una persona que está comprometida en ser transparente y luchar contra actos ilícitos. “Los hondureños debemos acostumbrarnos a dejar de caer en especulaciones y permitir que se fortalezcan las instituciones del Estado para que se puedan realizar verdaderos procesos de investigación que definan la responsabilidad de cualquier hondureño en cualquier tipo de acto”.
El parlamentario dice que él no defiende a capa y espada a Hernández pero que sí defiende la lucha contra la corrupción e impunidad. “Yo creo que JOH es el mejor presidente en mucho tiempo en nuestro país y el trabajo que está haciendo lo exponen a muchos ataques, pero él tiene la capacidad de defenderse en el caso de que en algún momento sea requerido”.
El nacionalista dice que las denuncias no tienen fundamento, Márquez desconoce que este expediente denunciado por Romero también está en manos de la MACCIH- UFECIC, y según autoridades de UFECIC se están analizando 60 mil folios de documentos incautados de las instalaciones de dos ONG´S manejadas por la primera dama Ana García de Hernández por actos de corrupción.
Algunos diputados tienen el valor como Márquez para defender a Juan Orlando Hernández, a pesar de los cuestionamientos nacionales e internacionales, pero otros parlamentarios prefieren hacerse los desentendidos o simplemente no restarle la importancia al caso.
Un ejemplo de ello es el diputado nacionalista por el departamento de Cortés, Alberto Chedrani, quien dice que no se da cuenta de esas denuncias y asegura que él es una persona que está más dedicada a trabajar en su departamento y en el servicio a su comunidad.
“No he estado pendiente de ese tema, voy a informarme y darme cuenta de las cosas, he estado enfermo, iré despacio con respecto a eso. Esperemos que se resuelva a bien, que todo tiene solución menos la muerte y las excusas”.
“Yo paso ocupado en el departamento en trabajar, en ver en que le sirvo a las comunidades y a mi departamento”, culminó el diputado.
Ningún diputado nacionalista en el Congreso Nacional tiene ha demandado a la MACCIH- UFECIC una investigación seria por las denuncias de corrupción de Juan Orlando Hernández.
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