Por Javier Suazo
Foto: La tribuna.hn.
“Hay que eliminar la categoría de “altos consumidores” de energía eléctrica y
crear la de protección a la industria nacional”.
Marco V. Carias y Migue A. Fúnez
Honduras es uno de los países donde la venta de energía al Estado se ha convertido en el negocio más lucrativo del mundo, no solo por los incentivos tributarios y comerciales que se ofrecen sino porque las inversiones realizadas por los empresarios son blindadas por el propio Estado. Si la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) no puede honrar las deudas, el Estado recurre a más deuda para honrarlas. Si existen protestas de pobladores y comunidades por desvío de cauces de ríos y desplazamiento y pérdida de hábitat natural, se envían efectivos de las FFAA para que sean desalojados.
Pero, además de ello, si parte de las pérdidas de la ENEE son atribuidas a las ineficiencias administrativas y técnicas, estas se cubren con mayor deuda y ajuste de las tarifas que se cargan a los usuarios.
Recién el gobierno de la República a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) autorizó un aumento de tarifas de energía eléctrica en un 10.89%, rechazado por la empresa privada y usuarios en general, ya que parte del ajuste tarifario se debe a las perdidas que tiene la ENEE, sumado al ajuste cambiario y aumento de los precios de los derivados del petróleo, lo que implica que aunque la matriz energética haya cambiado a energía con fuentes renovables, sigue pagándose a empresas térmicas por los contratos suscritos que han resultados leoninos para las arcas del Estado, igual aquellos de energía limpia suscritos donde los incentivos se otorgan por decreto y sin análisis técnico y financiero previo.
Este aumento de tarifas ocurre en un momento donde la mayor parte de la población enfrenta problemas de empleo y subempleo creciente, y la actividad productiva de rubros importantes como el café ha caído por los bajos precios. También destaca, la profundización de la crisis financiera de la ENEE y del sector energético en general, ya que muchos proyectos de generación de energía no se han concretado, la sequía ha afectado la generación de energía con recursos renovables y se presagian aumentos en el precio de los derivados del petróleo.
Para el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámaras), Menotti Maradiaga, los ajustes de tarifa tienen un efecto cascada en la economía en general, trasladándose al costo/precio de bienes y servicios generados y consumidos. Además del impacto directo en el bolsillo de la población, las MiPymes son las más afectadas, ya que el costo de la energía es un porcentaje importante del costo total, principalmente de aquellas unidades productivas de servicios.
Este nuevo trancazo que, por decreto, deberá ocurrir cada tres meses por la devaluación programada y aumento del precio de los derivados del petróleo, más las ineficiencias de la ENEE, se autoriza en momentos donde el gobierno anuncia negociaciones con el FMI para la firma de un nuevo Convenio. Aunque el superministro Marlon Tábora, responsable de elaborar un Plan Integral para el Sector Eléctrico y rescate de la ENEE, no lo quiera reconocer, ha sido una práctica que el FMI establezca condiciones previas (trancazos) para poder sentarse a negociar, por lo que el tarifazo tiene dedicatoria; más aún cuando dicho ajuste representa para el fisco unos 90 millones de dólares adicionales. Según Marlon Tábora resulta difícil resolver la crisis del sector eléctrico y de la ENEE sin apoyo del FMI, ya que con ello se accede a recursos concesionales. (La tribuna: 2/04/2019).
Un paliativo al trancazo es la confección y autorización de un bono/ subsidio para aquellos abonados que consumen menos de 150 kilovatios mensuales, pero las quejas de los usuarios es que la Empresa de Energía Honduras (EEH), responsable de los cobros y reducción de las perdidas, adultera las facturas y el bono cuando se entrega rápidamente se evapora. Esta empresa no ha cumplido con las metas propuestas, recayendo en la población el cubrimiento de sus ineficiencias, o sea mayor endeudamiento para cubrir perdidas y adulteración de tarifas.
El Plan Integral para el Sector Eléctrico y rescate de la ENEE, ya fue presentado al Gabinete Económico y presidencia de la República, e incluso al Sector Privado, por lo que es de esperar que sea aprobado, aunque el ambiente en el Congreso de la República no sea tan favorable, ya que implica la profundización del ajuste del sector iniciado con la Ley General de Energía Eléctrica, otro trancazo aprobado para complacer al FMI.
De acuerdo a Marlon Tábora, uno de los pilares del plan es la reconstitución de la institucionalidad que crea la Ley, ya que varias de las medidas propuestas no se concretaron por el gobierno. Ello incluye el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), con la contratación de personal altamente calificado, idealmente que no responda a los dictados del partido en el poder y presidencia de la República; la contratación de un operador privado independiente de energía, donde la ENEE sea un proveedor de energía más, eliminación de contratos leoninos y aquellos de maletín y fortalecimiento de la competencia pública de diseño y evaluación de políticas públicas para el sector eléctrico, que debió y debe ser la primera prioridad dentro del plan, ya que el desorden y la crisis actual debe mucho a la ausencia de políticas públicas integrales para desarrollar el sector.
El sector eléctrico y energético en general es un sector estratégico para la economía hondureña, por lo que el Estado debe seguir ejerciendo un control directo sobre los recursos, tal como lo recomendaron hace más de tres (3) décadas Marco V. Carias y Miguel Ángel Funez, economistas de la UNAH. Ella es quizá la principal política pública que se debe aprobar, ya que muchos de estos recursos son patrimonio histórico de las comunidades y poblaciones, aunque con esa decisión se contradigan los dictados y políticas del FMI.
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