Por Marvin Palacios
La explotación irracional del bosque y las concesiones mineras avanzan a pasos acelerados en el actual régimen, con la complicidad de gobiernos municipales y personas inescrupulosas, que irrespetan los tratados internacionales relacionados al derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre proyectos de desarrollo.
Denuncias planteadas dan cuenta que las principales fuentes de agua de la tribu tolupán “Las Vegas de Tepemechín”, en el municipio de Victoria, están en peligro frente a la depredación forestal y el extractivismo minero.
Reynaldo Barahona de la tribu “Las Vegas de Tepemechín”, dijo a www.defensoresenlinea.com que la principales amenazas que enfrentan están relacionadas con la minería que opera sin consentimiento de la tribu, así como la tala de los bosques, que atentan contra los bienes comunes de las comunidades tolupanas.
“Todo eso nos tiene preocupados y andamos buscando la colaboración de organizaciones que apoyan el medio ambiente, es primera vez que venimos acá y buscamos que nos echen la mano, para conocer las personas y los grupos que están en defensa de los bienes comunes”, sostuvo el joven tolupán que asistió al evento denominado: La defensa de los territorios con enfoque en derechos humanos, realizado en la capital de la República.
Barahona relató que su tribu están en medio de dos ríos, el Tepemechín y Jacagua, cuyas aguas son protegidas por el pueblo tolupán, pero que ahora sus caudales se ven amenazados por concesiones mineras otorgadas por la municipalidad de Victoria.
El joven tolupán señaló que debido a la deforestación, quedan pocos árboles de madera preciosa como la caoba, el cedro y nogal, entre otras variedades, ya que han sido cortados por personas inescrupulosas que operan impunemente en la zona.
“El desastre que ha habido con esto de la tala del bosque, como usted lo sabe, anteriormente los ríos eran lindos, caudalosos, pero ahora solo se ponen un poquito fuertes en el tiempo de invierno, pero con estas amenazas que tenemos en unos 10 años, para no irse muy largo; ya no vamos a tener esos ríos si no paramos lo que está pasando”.
Barahona expresó con tristeza que en todo esto no han tenido el apoyo del alcalde Sandro Martínez de filiación nacionalista. El entrevistado lamentó que en el pasado, compañeros tolupanes del Consejo Directivo pactaron acuerdos con la corporación municipal, sin consultar al resto de la comunidad, ni a la máxima autoridad indígena que es la Asamblea.
“Ellos como abuso de autoridad tomaban (decisiones), ellos solos. En vista de eso, en las reuniones venían engañando al pueblo diciendo que el alcalde podría beneficiarnos, si nos afiliábamos con ellos, dándoles permiso a que hiciera lo que quisiera con nuestros bosques y al punto de hoy, nos están llevando todos nuestros recursos”, denunció el joven indígena.
Nosotros queremos arreglar esto que está pasando, y queremos que se respete nuestro territorio, porque las autoridades prometen que van a apoyar, le dan una palmada en la espalda a uno, pero al final todo queda en nada.
“Las concesiones que se han dado, ponen en peligro las fuentes de agua, los árboles e incluso nuestras vidas, porque se han detectado 8 puntos mineros en nuestro territorio y los van a explotar, pero nosotros estamos dispuestos hasta dar la vida por defender nuestros bienes comunes”, aseguró el entrevistado.
Barahona adelantó que la comunidad ha comenzado a organizarse para defender sus territorios y que han obtenido el apoyo solidario de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, para lograr su propósito.
Tanto el Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS) como el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, les han brindado acompañamiento, afirmó Barahona.
Entre 2013 y 2019, ocho indígenas tolupanes (siete hombres y una mujer) han sido asesinados por la lucha que han librado en defensa de los bosques, el agua y sus territorios ancestrales.
Unas 24 comunidades indígenas tolupanes habitan en el municipio de Victoria, departamento de Yoro. Dicho pueblo cuenta con títulos de propiedad otorgados por el gobierno de Honduras bajo la presidencia del General José María Medina (1870 – 1874) por gestiones del misionero español, el sacerdote Manuel de Jesús Subirana.
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