Una mujer protesta en Tegucigalpa durante la jornada del 8 de marzo de 2018
En dos mesas que los dejaron cara a cara, las personas que trabajan desde el Estado y desde la sociedad civil, llevaron a cabo este día el primer Ensayo Ciudadano de Audiencia Pública de Acceso a la Justicia para las Mujeres.
Diversos sectores de sociedad civil dieron a conocer su mirada sobre la justicia para las mujeres de Honduras y recibieron explicaciones del gobierno sobre los avances en materia de política pública.
Esta imagen forma parte de la campaña
Mientras el debate transcurría, el público tenía acceso a revisar los informes proporcionados con motivo de la audiencia; tres estudios de caso acerca del acceso a la justicia, uno sobre Desplazamiento Forzado; el segundo sobre trata de personas y el tercero sobre violencia doméstica.
Cifras de trata y desparición
El estudio sobre Trata de Personas revela que «en 2017 se registró 154 denuncias de trata de personas. De estas, se judicializaron 90 casos y se obtuvo 17 sentencias condenatorias. Entre las 17 personas condenadas, 11 son mujeres integrantes de las redes de trata».
«Estos datos parecen reflejar que, quienes cometen los delitos de trata, son inmunes a las leyes ya que prima la impunidad. A pesar de una mejora en la cantidad de denuncias procesados judicialmente, son prácticamente irrelevantes las sentencias condenatorias frente a la estimación de que 23,600 personas son víctimas de trata en Honduras».
Deberíamos tener a los titulares de los tres poderes del Estado haciendo una declaratoria de emergencia por la situación de las mujeres porque acá solo están las y los convencidos, dijo la mexicana, María Alejandra Nuño Ruiz.
El representante de la Policía Nacional informó que desde su rol están protocolizando manuales, participando en la comisión para muerte de mujeres, «estamos trabajando en protocolos con el Ministerio Público, estamos trabajando con organizaciones que nos están asesorando, tenemos nuestra plataforma estadística SEPOL», recitó el representante de la Policía Nacional, Geovanny Serrano Torres.
«Estamos trabajando el manual de la Ley Amber para niñas y niños desaparecidos, este año tenemos 400 denuncias de niñas y niños desaparecidos» , dijo el subcomisionado Serrano Torres.
Las visitantes mexicanas señalaron que la desaparición de 400 niñas y niños es una estadística escandalosa.
Por su parte, el estudio sobre Desplazamiento Forzado menciona que «41,000 familias fueron desplazadas por violencia e inseguridad entre 2004 y 2014, según la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia. La Comisión indica que «esas 41,000 familias representan 174000 personas, desplazadas de 11 departamentos y 20 municipios entre 2004 y 2011».
Violencia doméstica
El estudio de caso de violencia doméstica revela que prevalecen los estereotipos de género al aplicar justicia y que los estereotipos contra las mujeres son una causa para que la policía desestime las denuncias.
Además, «existe una preocupación generalizada acerca de los bajos índices de denuncias de las víctimas y las altas tasas de revocación. Si bien es cierto que las denuncias aumentan cada año, estas no representan las verdaderas dimensiones de la epidemia de violencia debido al subrregistro».
Estos problemas ocurren por las razones siguientes:
- La seguridad de la víctima no está garantizada.
- Procesos legales y judiciales engorrosos.
- La dependencia económica de la víctima respecto al agresor.
- La ausencia de refugios donde la mujer se pueda mantener alejada del agresor
- La falta de recursos limita el seguimiento de los casos ya que las mujeres víctimas financian los gastos de transporte para hacer las gestiones legales.
- La falta de compromiso de las autoridades e instancias de justicia con la mayoría de los casos, así como la indiferencia del Estado.
- Tribuna de Mujeres
Entre el público con sus miradas atónitas había mujeres sobrevivientes de violencia, con camisetas moradas, aunque no todos los tecnicismos que hablaron las y los funcionarios eran siempre comprensibles, sí fue entendible el momento en que la jueza de violencia doméstica recreó la travesía de las mujeres al acudir a buscar justicia.
Muchas terminan abandonando el proceso, dijo la jueza Concepción Romero.
Según estadísticas, de cada 10 mujeres que interponen una denuncia tras recibir amenaza, acoso y otras expresiones de violencia, solo tres obtienen una resolución por parte del sistema de justicia hondureño.
La retórica del Estado fue que no pueden permitir más muertes de mujeres, las mujeres organizadas por su parte dieron a conocer estadísticas que evidencian la impunidad en Honduras:
El 90 por ciento de muertes en la impunidad
Cada 22 horas asesinan a una mujer
Cada año más de 20,000 denuncias de violencia doméstica ingresan a los juzgados desde 2009.
5873 mujeres han muerto de manera violenta entre 2013 y 2017.
Tribuna de Mujeres Gladys Lanza
La respuesta estatal
La Directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Anaminta Madrid, indicó que están dando respuesta a más de tres mil mujeres, «pero no se está atendiendo a ocho mil restantes que denuncian violencia. A pesar de que se incrementaron 20 millones de lempiras al presupuesto no es suficiente, nos hemos aliado con mujeres y con la oficina municipal de la mujer», precisó.
No podemos permitir que las mujeres sigan siendo violadas y asesinadas, dijo Madrid.
Por su parte, la jueza de violencia doméstica, Concepción Romero, indicó que en la aplicación de justicia existen problemas como que de tres casos de trata por ejemplo solo llega una víctima y cambia su testimonio, no solo en lo penal sino en Violencia Doméstica hay problemas como la carencia de la creación de seguimiento de las medidas de seguridad.
En muchos casos las medidas resultan ilusorias porque se coloca la denuncia ¿pero quién le da seguimiento?, preguntó.
Para la jueza, a corto plazo, debe haber la voluntad de entender por qué las mujeres abandonan los procesos, como usuarias ven que no hay personas monitoreando su caso, las mujeres sienten que nadie asegura si integridad física.
Es necesario el fortalecimiento del juzgado especial de violencia doméstica por el aumento de casos como ha ocurrido, por ejemplo, en Siguatepeque y en Yoro donde no hay juzgados.
Una forma para darle importancia a las estadísticas de violencia es que deben crearse circuitos especializados como en Guatemala, debería haber juzgados de letras, tribunales de apelación y de sentencia porque no solo se deben atender las 20000 denuncias sino evitar la revictimización, dijo.
La ministra de derechos humanos, Karla Cuevas, señaló como avances estatales que en 2019, hubo elaboración anual de presupuesto con enfoque de derechos humanos.
El artículo 256 y 257 de la Ley de Presupuesto contempla el aumento al presupuesto para Juzgados de Violencia Doméstica y para la unidad especial de investigación de femicidios, adscrita al Ministerio Público, enlistó la funcionaria.
“No queremos seguir contando muerte de mujeres en este país”, dijo.
Cuevas destacó la creación de las Casas Refugio, sin embargo no dijo nada sobre las casas que han sido cerradas por falta de presupuesto y apoyo estatal; también habló sobre la implementación de la Cámara de Gessel.
El anteproyecto de Casas Refugio que ya lleva varios meses dentro del Congreso Nacional, fue otro de los logros, destacado por Cuevas.
El evento fue organizado por las organizaciones de la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza y apoyado por Eurojusticia y Oxfam.
Tras las disertaciones, representantes académicos de la UNAH, Universidad Metropolitana de Honduras, UNITEC, UCEM, realizaron preguntas al Estado y a la sociedad civil sobre su trabajo para garantizar justicia para las mujeres.
- Reporteros de Investigación
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