El régimen encabezado por Juan Orlando Hernández es ilegal, ilegítimo, inconstitucional, resultado de elecciones fraudulentas, es represivo, corrupto y con la percepción generalizada de estar vinculado al crimen organizado y al narcotráfico. Sus actuaciones han puesto en evidencia la centralización y control de todos los poderes e instituciones del Estado. Un Congreso Nacional, una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público, obedientes y sumisos a los intereses y deseos “del hombre” que maneja los hilos del poder. Estas características, nos permiten afirmar que vivimos en una dictadura.
Los pilares más fuertes para el continuismo de la dictadura son los intereses geopolíticos de los Estados Unidos; las Fuerzas Armadas, donde algunos de sus miembros son denunciados como parte de estructuras ligadas al narcotráfico y las debilidades de una oposición política y social, que carece de estrategias en su accionar y que la Convergencia Contra el Continuismo, CCC, está tratando de articular como una necesidad para derrotar la dictadura.
Poco a poco han ido saliendo a la luz pública denuncias que confirman los nexos de quien detenta el poder y sus familiares más cercanos con el crimen organizado. Y, a pesar de ello, todo parece indicar que quedarán en impunidad el saqueo del Seguro Social y otras instituciones; las declaraciones del abogado Omar Menjivar apoderado legal del señor Fernando José Suarez, pieza clave del caso pandora y donde deja al descubierto la forma cómo se construyó el saqueo de instituciones públicas; la denuncia del capitán Orellana que ilustra el manejo de las avionetas para el traslado de drogas que ejecutaba Tony Hernández; y otras más, a las que se suman las últimas que hizo el periodista David Romero Ellner sobre el enriquecimiento desproporcionado, que en corto tiempo ha convertido a la familia Hernández en una de las más ricas no solo del país, sino de Centroamérica y que la MACCI hasta ahora no investiga.
Pero todavía más alarmante es develar la estructura criminal que no tiene ningún empacho en mandar a eliminar físicamente a abogados, periodistas, fiscales y cualquier persona que represente un peligro para sus ejecutorias tal como lo delata su designada presidencial, Lorena Herrera y otros que han preferido salir del país porque sus vidas corrían peligro.
Por eso, la captura y el encarcelamiento del principal denunciante, el periodista Romero Ellner es un hecho que ofende la conciencia democrática del pueblo hondureño, porque lo convierte en víctima de una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, coarta la libertad de expresión y utiliza los órganos encargados de aplicar la justicia como un instrumento de persecución política para acallar las voces que lo delatan, tal como denunció el juez Echenique en su momento referente a la orden emitida por “el hombre” para encarcelar al periodista. Este encarcelamiento tiene su explicación en la denuncia de los casos de corrupción extrema en que está comprometida la familia Hernández y su cabecilla quien inconstitucionalmente está al frente del poder ejecutivo, controlando el conjunto de la institucionalidad, que le permite la impunidad total para hacer lo que ha venido haciendo a lo largo de los últimos gobiernos.
La denuncia ocurre en momentos en que la dictadura se siente ya consolidada después de haber logrado instalar la salida electoral de la crisis política en que seguimos inmersos. De ahí la premura por acallarla, poniendo en prisión al periodista y montando una campaña de falsa moralidad que no encaja en los voceros santulones del oficialismo.
La captura hecha con una exhibición de fuerza totalmente innecesaria, se hace para demostrar el poder y una justicia al servicio de los fines políticos de la dictadura para quienes la libertad de expresión es un estorbo, sobre todo cuando se ejerce en defensa de las libertades democráticas y las garantías ciudadanas, sin las cuales no es posible una lucha a fondo contra la corrupción, empotrada en la estructura de poder, dispuesta a todo para evitar ser investigada y escapar de cualquier enjuiciamiento.
Este, es un hecho más de la dictadura que ha provocado indignación y condena al régimen, que pretende ocultar la corrupción, sus vínculos con el narcotráfico y crimen organizado. Como CCC llamamos de nuevo a la oposición política y social a buscar la unidad. Por el momento, aunque por separado, la oposición ha condenado y se ha incorporado a la movilización de las antorchas que se han vuelto a encender en la capital y otras ciudades del país, protestando por todos los males que ha impuesto el usurpador.
La Convergencia Contra el Continuismo, alienta al pueblo hondureño a sumarse a las caminatas de las antorchas y apoyar todas las acciones reivindicativas que se llevan a cabo en todo el país.
¡No más atentados a la Libertad de Expresión!
¡Libertad para los Presos Políticos!
Convergencia contra el Continuismo
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