Por Fernando de la Cuadra *
Ahora que se van cumplir tres meses desde que Jair Bolsonaro asumió el comando del país, la pregunta que más se realizan brasileños y no brasileños es si el actual presidente conseguirá mantenerse en su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2022. Por la cantidad de errores cometidos, por los problemas de articulación entre sus bases y aliados, por la falta de comunicación con el resto del país que no son sus devotos seguidores de Twitter y por el desgaste enorme que ha sufrido en tan corto periodo de tiempo, parece poco factible que Bolsonaro logré finalizar en el Palácio do Planalto sus cuatro años de gobierno.
Efectivamente, ya no basta con admitir que Bolsonaro es un neofascista y adherente a una larga lista de racismos y prejuicios fundamentalistas que expresan lo peor de la naturaleza humana, sino que el tema relevante de hoy día se centraliza en la interrogante sobre si él va a ser capaz de darle continuidad a una administración que hasta el momento ha sido catastrófica.
Todos los días surgen nuevos indicios del estrecho vínculo entre el clan Bolsonaro y las bandas criminales y grupos milicianos que asesinaron a Marielle Franco. Por otro lado, las disputas internas entre los diversos componentes del Gobierno afloran interminablemente. Especialmente patéticas son las acusaciones cruzadas entre el Vicepresidente, General Hamilton Mourão, y el astrólogo y gurú de algunos miembros del gabinete, Olavo de Carvalho.
Dichos atritos y roces también se han propagado entre miembros del Poder Judicial, específicamente, entre los jueces de la Operación Lava Jato y algunos ministros del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema). La reciente orden de detención dada por un juez del grupo Lava Jato al ex presidente Michel Temer y la ex gobernador Moreira Franco fue interpretada como una vuelta de mano a la descalificación que sufrió el Ministro Sergio Moro a manos del Presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia –yerno de Moreira Franco-, quien señaló que Moro no pasaba de un funcionario del Gobierno y que los acuerdos con la Cámara tenían que ser vehiculados por el propio presidente y no por sus subordinados. Luego Temer fue liberado por orden de un procurador que desconoció los argumentos jurídicos de la anterior decisión condenatoria.
Las tensas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo quedaron más expuestas en la reciente votación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) del Presupuesto, en la cual el Congreso voto casi por unanimidad la medida que determina los gastos públicos y eleva para el 97 por ciento el nivel de restricción de las cuentas del Gobierno federal. Ello ha sido considerado la mayor derrota del Ejecutivo en lo que va de su mandato.
Además, todo ello hace prever que la votación de la Reforma al Sistema Previsional se va a tardar más de lo que desearía el Ejecutivo, inclusive con grandes posibilidades de que sea rechazado por los integrantes de ambas Cámaras, gobernadores, alcaldes y la clase política en general. Hasta ahora el núcleo del Gobierno se ha mostrado totalmente incapaz de construir acuerdos entre sus aliados y el presidente le ha asignado la función de articulación al presidente de la Cámara, quien la ha rechazado contundentemente.
Inmovilidad y escasa articulación son las palabras de orden para definir la estrategia del Gobierno para impulsar la aprobación de esta reforma. Paradojalmente, ella representa la gran apuesta del Gobierno de Bolsonaro para salir de la crisis y de no aprobarse en los próximos tres meses, todo lleva a presagiar que su futuro se encuentra bastante comprometido. De no producirse una mejora sustantiva en las condiciones de la economía, un fracaso en la mentada reforma significará que el Gobierno va a entrar rápidamente en una fase de descomposición política que lo condenará indefectiblemente a un colapso final a mediano o corto plazo.
Para agravar el contexto, la última decisión de “conmemorar” el golpe de Estado de 1964 el próximo 31 de marzo parece llevar al límite la provocación hacia todas aquellas fuerzas que lucharon durante años por la restauración de la democracia en ese país, reforzando definitivamente la sospecha de algunos de que Bolsonaro está gobernando solamente para un grupo de fieles y radicales seguidores y no para el conjunto de la Nación, como es deseable y esperable en quien asume las funciones de primer mandatario. Hasta el momento existen demasiadas señales de que Bolsonaro no se asume todavía como presidente, no ha tenido ningún protagonismo en los debates más relevantes del actual momento y se ha dedicado a propagar factoides por Twitter, enredándose en disputas insignificantes con sus detractores y con los fantasmas que pululan en su cabeza.
En su vergonzoso paso por Estados Unidos, el presidente advirtió que su Gobierno se encuentra destruyendo lo que había de pervertido en los regímenes del pasado, para sobre esas ruinas reconstruir el país deturpado por los izquierdistas. Sin embargo, lo que es cada vez más evidente, es que la actual administración se encuentra sin ideas para construir algo coherente y sin un proyecto claro -excepto la censura y las imposiciones moralistas- que navega desorientada y que cree erróneamente que su fortaleza radica en los cientos de seguidores que siguen diariamente al clan Bolsonaro a través de las redes sociales.
Nada más distante de la realidad que esta visión que rehúye de los graves problemas de desempleo y del aumento desmedido de la pobreza en las principales ciudades y en el interior rural de un Brasil que parece perder la esperanza en el porvenir. A pesar de que el cuadro es crítico, sin duda es también necesario acelerar el proceso de descomposición del Gobierno. Frente al escenario desolador, las fuerzas democráticas deben unirse y organizarse en un gran movimiento de resistencia y contestación para revertir el panorama sombrío y para recuperar las conquistas históricas alcanzadas por los ciudadanos brasileños: los programas de transferencia de renta, las políticas de inclusión, de desarrollo sustentable, de respeto a las minorías, de defensa de la soberanía y los recursos nacionales. Si los sectores democráticos no asumen decididamente la lucha por las transformaciones que se requieren con urgencia, existe el riesgo de que un autogolpe perpetrado desde los círculos militares venga a consolidar aún más la fisonomía represiva y oscurantista del actual Gobierno.
- Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales y editor del blog Socialismo y Democracia.
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