De acuerdo con un estudio elaborado por la Asociación para una Sociedad Más Justa ASJ, sobre las compañías de seguridad privada que brindan el servicio a las instituciones del Estado, el 100 por ciento de los trabajadores y trabajadoras no se les paga ni siquiera el salario mínimo, por lo que el Estado no cumple y violentan los derechos laborales de los guardias.
Entre las violaciones laborales está el pago de sueldos inferiores al salario mínimo, el no pago del décimo tercero y cuarto mes, exigencia de pruebas de embarazo a las guardias de seguridad.
Carlos Hernández, director de la ASJ, lamentó que el Estado no ha sido capaz de protegerles ni de crear las condiciones dignas que todo trabajador debería tener.
“Seguimos por 12 años consecutivos tratando de despertar el interés de la clase política de este país. De los que gobiernan, para reivindicar el derecho de los guardias de empresas de seguridad. Son más de 100 mil personas que no se les respeta sus derechos, es gente pobre, se aprovechan de su pobreza y lamentablemente son muy pocos los sectores que tratan de apoyarles”, declaró Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa.
Además, expresó que los empleados y empleadas no pueden denunciar porque cuando los hacen son despedidos. Ante esto piden mayor responsabilidad de la Secretaria del Trabajo.
“Demandamos también que las empresas cumplan con las obligaciones legales. Son 84 horas que trabajan cada uno de estos guardias con salarios inferiores al mínimo, no se les paga horas extras, no tienen derecho a maternidad, no tiene bono educativo y son hondureños”.
Sin detallar nombres, dijo que los dueños de las empresas de seguridad contratadas por el Estado son altos funcionarios, militares, ex policías, ex miembros de la Fuerzas Armadas.
De la misma forma, detalló que lograron identificar que una de las empresas de seguridad contratada por el Estado estaba ligada a la estructura criminal Los Cachiros.
Secretaría de Trabajo
Por su parte, Olvin Villalobos, viceministro del trabajo, aseguró que comenzarán un proceso de análisis, revisión y supervisión de los casos denuncias por la ASJ relacionados con las violaciones laborales de las empresas de seguridad privada.
“Nosotros estamos llamados para poder verificar que el cumplimiento de la ley sea clara, en el desempeño cada uno de las funciones de las empresas y sus empleados. De alguna manera investigaremos que estos casos en efecto están y sancionar lo que corresponda”, afirmó Olvin Villalobos.
Sobre las empresas que incumplen, Villalobos manifestó que aún no tienen conocimientos de cuáles empresas irrespetan los derechos laborales, por lo que harán las revisiones de los casos.
El funcionario indicó que la nueva Ley de Inspección Laboral establece multas o sanciones para las empresas de 250 mil lempiras como mínimo.
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