La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dependiente la Organización de Estados Americanos (OEA), llegó a instalarse al país desde enero 2016, luego que la ciudadanía, a través de la movilizaciones de las antorchas, demandará la investigación y judicialización de los funcionarios implicados en el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Hasta la fecha la MACCIH, mediante las investigaciones de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ha presentado a los tribunales casos en los que se señala funcionarios y ex funcionarios públicos, diputados y familiares de políticos de participar en actos de corrupción, un ejemplo de ello es el desfalco de 282 millones de lempiras a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fondos que fueron a parar a las campañas electorales del Partido Nacional y Partido Liberal.
La población se ha manifestado parcialmente conforme con las acciones de la MACCIH, puesto que esperan que las investigaciones llegan hasta las altas estructuras o líderes políticos, entre ellos el mandatario ilegal Juan Orlando Hernández.
Sin embargo, el último Sondeo de Opinión Pública, realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), reveló que 6 de cada 10 hondureños y hondureñas se manifiestan a favor de la continuidad de la MACCIH, y solamente 3 de cada 10 son partidarios de cancelar el convenio.
El ERIC-SJ resaltó que “el voto de confianza a la Misión reafirma la enorme desconfianza que hay en toda la institucionalidad del país”.
En relación a la Ley de Colaboración Eficaz, normativa propuesta por la MACCIH para desarticular las estructuras criminales que dirigen los ilícitos ligados a la corrupción, tres cuartas partes de la población, es decir el 74.2%, está de acuerdo con su aprobación, mientras que el 23.5 por ciento se manifestó poco o nada de acuerdo, indicó el Sondeo de Opinión del ERIC-SJ.
Para la ex diputada Fátima Mena, integrante del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, la Misión ha alcanzado grandes logros como la instalación de la UFECIC, la creación de los circuitos o tribunales anticorrupción.
En ese sentido, Mena dice que el desafío actual de la MACCIH es lograr que se le renueve el convenio: “si no se renueva se cae la MACCIH que es el seguro de vida que tiene los fiscales de la UFECIC. A la CICIG –Comisión Internacional Contra Impunidad en Guatemala- le costó 8 años llegar a las líneas de investigación”.
Por su parte, el director de la Pastoral Social Cáritas en San Pedro Sula, Carlos Paz, comenta que las organizaciones de sociedad civil se preparan para enviar una carta a la Organización de Estados Americanos en la que solicitarán la permanencia de la MACCIH en el país y un mayor impacto en la persecución de la corrupción.
“Hay que ver que los que están siendo encausados y señalados están provocando campañas de desprestigio. No es el avance que nosotros quisiéramos, quisiéramos respuestas más contundentes”, dice Paz, al asegurar que el reto de la población es transformar la institucionalidad hondureña.
A criterio de Tomás Andrade, integrante de la Colación Contra la Impunidad, además de ratificar el convenio el mismo debe sufrir reformas a fin que la MACCIH tenga más facultades para interpelar y obligar al Ministerio Público a presentar los requerimientos fiscales contra políticos que han cometido delitos en perjuicio de la economía del Estado.
El noveno Sondeo del ERIC resalta que una de las herramientas para asegurar impunidad por parte del gobierno fue la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales en el año 2013, siendo Juan Orlando Hernández presidente del Congreso Nacional.
En esa línea, lo resultados indica que el 69 por ciento de la población se manifestó a favor de la derogación de la Ley de Secretos, mientras que el 26 por ciento son del criterio que se mantenga.
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