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En octubre, un tribunal hondureño retiró a los abogados que representan a la familia de la líder indígena Berta Cáceres y al único testigo ocular del asesinato de Berta, Gustavo Castro, del caso legal contra las primeras 8 personas acusadas del asesinato. El juicio comenzó poco después de esta decisión extrema e irregular, en completa violación de los derechos de las víctimas. En el sistema judicial hondureño, no sólo hay un fiscal del gobierno, sino que las víctimas tienen derecho a abogados que actúan como fiscales.
La remoción de los fiscales que representan a los hijos y la madre de Berta, así como a Gustavo Castro, es la última de una serie de acciones sistemáticas que mantienen la impunidad de la estructura criminal que asesinó a Berta y negó a las víctimas su derecho a la verdad y la justicia.
El equipo legal para la familia de Berta y COPINH, parte del Movimiento por la Dignidad y la Justicia (MADJ), han exigido que se presente toda la evidencia del caso, que el gobierno se ha negado sistemáticamente a entregar.
En agosto, después de más de un año de solicitudes, los fiscales admitieron que ni siquiera habían analizado la información de numerosas computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos incautados cuando los acusados fueron arrestados hace más de dos años.
En particular, los fiscales del gobierno no realizaron una prueba de balística con un arma incautada en la casa de Mariano Díaz graduado de la Escuela de las Américas. Tampoco examinaron la información en una computadora, teléfono y otros productos electrónicos de la casa de Díaz. Además, no examinaron la información de las computadoras y otros dispositivos electrónicos incautados en las oficinas de DESA, la compañía hidroeléctrica que construye la represa a la que Berta se opuso en el momento de su asesinato.
Los fiscales del gobierno no proporcionaron toda esta información a pesar de las múltiples órdenes judiciales. Finalmente, a pedido de los abogados de las víctimas, los expertos juraron analizar la información de numerosas computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos a fines de agosto. Sin embargo, con la decisión de la Corte de retirar al equipo legal de las víctimas, esta información no se incluyó como prueba en el caso.
La remoción por parte de la Corte de los abogados de las víctimas se produjo mientras tenían una moción legal pendiente en una corte superior relacionada con su solicitud de recusar a los jueces que escuchaban el caso, dado que los jueces se han negado a hacer cumplir las órdenes judiciales.
El Tribunal abrió el juicio a pesar de haber declarado el día anterior que no tenía la autoridad para hacerlo debido a las mociones legales pendientes. Convenientemente, con los equipos legales de las víctimas que ya no pueden participar, sólo se ha presentado cierta información como evidencia.
Las ilegalidades e irregularidades que han marcado la investigación y el caso legal sirven para proteger a los autores intelectuales y la estructura criminal responsable del asesinato de Berta y una serie de ataques contra COPINH. Los Estados Unidos también tienen la responsabilidad de apoyar al gobierno hondureño y financiar su sistema de justicia mientras construye la impunidad a través de una farsa de un proceso legal, que ha violado repetidamente el debido proceso y los derechos de las víctimas.
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