Por Marvin Palacios
De todo lo expuesto por expertos internaciones sobre el cumplimiento que el estado de Honduras debe asumir acerca de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), se deduce que el mayor obstáculo para dicho cumplimiento es la falta de voluntad política de los gobiernos.
Las disertaciones se desarrollaron en Tegucigalpa el pasado 24 de octubre en el Panel de discusión “Buenas Prácticas y Estándares en la investigación de hechos que constituyen Violaciones a los Derechos Humanos”, en el marco del foro denominado “Debida Diligencia en las investigaciones de Violaciones a Derechos Humanos/Avances y Obstáculos”; organizado por la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Participaron en el Panel, la Directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, la representante del Centro por la justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alejandra Manavella, la representante de Abogados Sin Fronteras de Canadá (ASF), Elise Hansbury y el experto en derechos humanos de Perú, Ronald Gamarra.
La Directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva dijo que el quehacer de Medicina Forense está al servicio de los derechos humanos y de toda la sociedad hondureña que así lo necesite.
Villanueva expresó que lo que se necesita muchas veces para encontrar la verdad sobre violaciones a los derechos humanos es la voluntad de buscar esa verdad, así que se preguntó ¿por qué es importante la ciencia forense en las investigaciones violaciones de derechos humanos?.
Y contestó: Porque a través de los métodos científicos quedarán contemplados en dictámenes objetivos la vulneración de los mismos. Cada vez que no logremos nosotros llegar a ese objetivo, vamos a generar de alguna manera impunidad.
“Es demostrar con hechos científicos qué es lo que está pasando y si eso ocurre, entonces que los fiscales tengan los argumentos para decir por qué y cómo conducirse una investigación”.
La directora de Medicina Forense sostuvo las pruebas se llevan a cabo y se cuenta con los resultados pero depende de que la Fiscalía de Derechos Humanos solicite dichas pruebas para sustentar las investigaciones e incluso se responde las solicitudes presentadas por las organizaciones de derechos humanos y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
“Lo que se necesita muchas veces para encontrar la verdad sobre violaciones a los derechos humanos es la voluntad de buscar esa verdad. Cada vez que no logremos nosotros llegar a ese objetivo, vamos a generar de alguna manera impunidad.”: Julissa Villanueva
A pesar de las investigaciones realizadas, la doctora Villanueva reconoció que lo que no se ha logrado aún es el impacto del fortalecimiento, “no pasamos de 10 millones de dólares en nuestro presupuesto y eso no significa que nos asfixiaron o nos acabaron, al contrario, estamos mejor que nunca en el avance de las ciencias forenses”.
Villanueva señaló que sin duda alguna el trabajo que ejerce la investigación de la muerte sospechosa -criminal a través de la autopsia, es una prueba ineludible y una prueba inobjetable y objetiva que hay que tener.
“Pero qué puedo hacer yo, cuando la sociedad misma se opone porque ya no cree en nada, por favor sensibilicémonos, yo quiero que entiendan que la prueba funciona si se pide y se solicita”, subrayó.
En torno a muertes violentas ocurridas en las protestas contra el fraude electoral el año pasado, la experta forense dijo que hemos venido trabajando en los dictámenes necesarios que documentan las muertes violentas post electorales, y ahí están y claro que convulsiono cuando escucho en los medios de comunicación que se dice que no hemos empezado las investigaciones, porque MedicinaForense no ha entregado esos dictámenes.
Villanueva citó que gracias al apoyo de Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) cuenta con calidad de equipos para reducir la impunidad a través de investigaciones objetivas, eficaces y con calidad. “Sueño que en agosto del otro año, mis laboratorios criminalísticos tengan un certificado de calidad donde nadie me va a jetear ningún trabajo, ni ningún dictámen porque ahí están las normas de ISO calidad que lo dicen”.
En torno al expediente de Juan Humberto Sánchez, uno de los 12 casos sentenciados dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH) contra el estado de Honduras, Villanueva expresó que fue un caso de justicia tardía pero que llegó “y que me tocó a mí resolver”.
“Después de que lo solicitaron, se logró identificar este hombre 28 años después con ADN, y una desilución para mí que el juicio lo están aplazando y aplazando, porque dicen que para el 2019, lo siento señores pero eso no me toca a mí; eso le toca a los fiscales, le toca al poder judicial, nosotros dimos la prueba y nadie puede decir que no era él, porque era él, aunque ustedes ya lo sabían desde hace mucho”, comentó la experta forense.
Juan Humberto Sánchez, fue detenido en dos ocasiones por las Fuerzas Armadas de Honduras, por su presunta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Su cadáver fue encontrado el 22 de julio de 1992, con marcas de tortura. Los recursos interpuestos para investigar los hechos y sancionar a los responsables resultaron inefectivos.
El Tribunal Interamericano consideró en su sentencia que las autoridades no tomaron las medidas necesarias para preservar la prueba que había en la escena del crimen y realizar una autopsia que permitiera hacer una investigación seria, efectiva y exhaustiva de lo sucedido, para sancionar a los responsables.
En esta sentencia, se ordenó al Estado de Honduras, implementar un “registro de detenidos” que permitiría controlar la legalidad de las detenciones, medida que todavía no ha sido implementada adecuadamente por el estado de Honduras.
“La primera responsabilidad del cumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH es el estado, pero los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil son como el medio de comunicación entre las víctimas y el estado y tienen un papel de por lo menos, monitorear las acciones que el estado debe adoptar para cumplir con las órdenes de las cortes”: Elise Hansbury de ASF
Por su parte la coordinadora del equipo de incidencia del centro por la justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) , Alejandra Manavella dijo que la obligación de los estados para cumplir con las sentencias emitidas por la Corte-IDH, proviene del deber de investigar que está contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos.
“La Convención establece 2 grandes obligaciones generales de los estados en relación con los derechos humanos, una de ellas tiene que ver con el deber de respetar estos derechos, es decir, abstenerse de realizar acciones que violenten los derechos y la otra gran obligación tiene que ver con que se garanticen esos derechos”, explicó Manavella.
De esta últiuma se deriva la obligación que tienen los estados de investigar cualquier violación a los derechos humanos que ocurra en sus territorios. La idea de cumplir con las sentencias es que tengan un efecto reparador para las víctimas y el otro efecto es prevenir que se repitan las graves violaciones que se investigan.
Manavella señaló que la Corte-IDH ha desarrollado algunos estándares que conocemos como estándares de “Debida Diligencia”, donde explica que las investigaciones que se hagan de graves violaciones a derechos humanos, tienen que ser investigaciones de naturaleza judicial, que permitan individualizar reesponsabilidades por los hechos.
Sobre las buenas prácticas para investigar diligentemente violaciones de derechos humanos, disertó Elise Hansbury de la organización Abogados Sin Fronteras (ASF)
Hansbury dijo que es necesaria la imparcialidad de los órganos que deben investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.
Es necesario ver como se hacen las valoraciones de los testimonios de las víctimas y cuáles son las líneas de investigación que el cuerpo investigador está llevando a cabo, para saber si esa líneas toman en cuenta el contexto.
La experta subrayó que tanto el Sistema Interamericano como las Naciones Unidas han definido que se tome en cuenta la perspectiva de género en las investigaciones de violaciones a derechos humanos.
Hansbury apuntó que dichos organismos establecen estándares muy detallados de cómo realizar las investigaciones, desde la toma de declaración de la víctima, estableciendo si hubo violencia de género y dicha declaración debe hacerse en un ámbito de seguridad y de confianza, que contenga un testimonio exhaustivo de los hechos; para evitar que la víctima tenga que declarar otra vez.
Asimismo se debe realizar una recolección de pruebas minuciosas, pruebas documentales y autopsias, cumpliendo estándares muy detallados para tener un juicio libre de estereotipos, que se podráin manifestar en el tratamiento de la víctima a través de los procesos judficiales.
“La primera responsabilidad del cumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH es el estado, pero los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil son como el medio de comunicación entre las víctimas y el estado y tienen un papel de por lo menos, monitorear las acciones que el estado debe adoptar para cumplir con las órdenes de las cortes”, sostuvo Hansbury
Al evento desarrollado el pasado 24 de octubre en Tegucigalpa, asistieron representantes del Ministerio Público (MP), jueces, médicos forenses, expertos nacionales e internacionales en derechos humanos, fiscales, representantes de la agencia de cooperación TROCAIRE, redes de defensores y defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas de casos presentados ante la Corte-IDH, académicos, investigadoras sociales y periodistas de diferentes medios de comunicación.
“La Mesa de Seguimiento” está conformada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, Casa Alianza, Pastoral Social (CARITAS), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL), con sede en Costa Rica.
“La Mesa de Seguimiento” tiene como propósito, monitorear e impulsar la implementación de las medidas de reparación ordenadas por la Corte-IDH, haciendo incidencia para lograr su efectivo cumplimiento y consolidar cambios estructurales para la reparación de las víctimas y la no repetición de violaciones a los derechos.
El estado de Honduras no ha mostrado avances serios en las investigaciones que permitan enjuiciar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, ni ha cumplido con una serie de requerimientos planteados, en al menos 10 de las 12 sentencias condenatorias, dictadas contra Honduras, por parte del tribunal internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), es el órgano jurisdiccional encargado de velar por el respeto de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, cuya competencia fue reconocida por Honduras el 9 de septiembre de 1981.
A través de este reconocimiento, el estado hondureño ha aceptado someterse a que el Tribunal interamericano conozca y resuelva sobre casos que impliquen su responsabilidad internacional, por violaciones a los derechos humanos.
A la fecha la Corte-IDH, ha dictado 12 sentencias contra el Estado de Honduras, ordenando diversas medidas de reparación para las víctimas. El denominador común en todas las sentencias es la impunidad con la que han actuado los responsables intelectuales y materiales de los hechos denunciados.
Las sentencias dictadas contra el estado de Honduras corresponden a los casos: Angel Manfredo Velásquez (1989), Saúl Godínez Cruz (1989), Juan Humberto Sánchez (2003), Antonio Servellón García y otros (1999), Blanca Jeannette Kawas (2009), Pacheco Teruel y otros (2012), Luna López (2013), Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros (2015), Angel Pacheco León (2017).
Para vigilar que el estado de Honduras, brinde el debido cumplimiento de las sentencias, organizaciones nacionales e internacionales, han conformado la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte-IDH.
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