Por Javier Suazo
Misión del FMI en Honduras, junio de 2018
Foto: La Tribuna
Hemos explicado que una de las causas fundamentales de la migración es el modelo de corte neoliberal profundizado en Honduras después del golpe de Estado en 2009, que excluye, expulsa y mata literalmente a la población. En tal sentido, a partir de un compromiso político de país, deviene construir una propuesta alternativa a dicho modelo, incluso en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto sus políticas y recetas de economía ortodoxa no son la solución, sino parte del problema.
Se apostó con apoyo de las Naciones Unidas, a un diálogo político, pero no existe voluntad entre los actores participes para resolver la crisis política y reconstruir la institucionalidad, por lo que el diálogo camina al fracaso. Además, la principal fuerza de oposición, el partido Liberal y Refundación (LibRe) no participan del mismo, por lo que un diálogo trunco sin acuerdos vinculantes con los diputados en el Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia, es una farsa.
El presidente del Central Ejecutivo del partido Liberal, Luis Zelaya, hizo un llamado público a los demás líderes de la oposición para que se reúnan y definan una estrategia conjunta para sacar a Juan Orlando Hernández (JOH) del poder. Al parecer, es poco probable que esta iniciativa tenga apoyo en tanto dicho partido se encuentra dividido, siendo evidente el enfrentamiento entre el llamado lado “oscuro” liderado por el ex presidente Carlos Flores, y Luis Zelaya que representa a las nuevas “milicias jóvenes”.
Este último quedó sin representante en el Registro Nacional de las Personas (RNP), ya que el Congreso Nacional con apoyo de las bancadas de LibRe y ciertos diputados del Partido Liberal afines a Flores Facusse, nombraron a los tres miembros de la Comisión Interventora, uno de los cuales exempleado en el gobierno de este último (1998-2001). Pero además de ello, recién ha resurgido con mayor fuerza la figura de Oscar Melara, como posible candidato del partido liberal en las próximas elecciones, sustituto de Luis Zelaya en caso que se concreticen las amenazas de su expulsión del partido.
Carlos Flores Facussé propuso un Gran Diálogo Nacional por Honduras, para superar la crisis, pero la oposición aglutinada en el partido LibRe y diputados afines a Luis Zelaya lo miran como un espaldarazo al gobierno de JOH y posturas de la Embajada Americana y Donald Trump que mira en la política la causa de la migración, pero también su beneficio.
Desde la óptica del gobierno de la República, se sigue con el discurso de “repello” del desgobierno de JOH y de la crisis (¿Cuál crisis?), yo no la miro diría Kilvert Bertrand, joven dirigente del partido nacional, tratando de invisibilizar el problema de la migración en contubernio con la prensa mediática y tarifada, achacando la causa a dirigentes de LibRe que con engaños y dinero en mano han podido movilizar con apoyo de ONGs externas más de 10,000 personas. Igual, se habla del retorno de más de 3,000 migrantes, pero la oposición denuncia una campaña mediática del presidente Hernández al contratar activistas del partido de gobierno, llevarlos a la frontera en buses de lujo y traerlos de vuelta a Honduras.
La marcha organizada de activistas del partido nacional y empleados públicos, denominada “el norte está aquí”, una consigna atribuida a la encargada de negocios de EEUU en Honduras, Heide B. Fulton, demuestra la alta politización del tema de la migración y juego de intereses del gobierno norteamericano y su aliado JOH.
El gobierno ha anunciado también la ejecución de Programa “Honduras Estado”, para generar 1,000 puestos de trabajo para jóvenes con un capital semilla para que desarrollen iniciativas de negocios y emprendedurismo, por un monto de 12 millones de lempiras, recursos exageradamente insuficientes si se compara con la demanda; más de 1 millón de jóvenes en Honduras ni estudian ni trabajan. Igual se apuesta a la temporada navideña, donde las empresas demandan empleos por hora (espurios y de mala calidad), proyectando captar unos 10,000 empleos temporales para fin de año, pero que después alistarán sus maletas para cruzar la frontera con Guatemala y México y estacionarse en el muro de Trump.
El partido LibRe demanda la convocatoria a una Constituyente, pero todavía no hay claridad sobre el procedimiento a seguir. El llamado grupos de Convergencia contra la Dictadura de JOH, conformada por dirigentes gremiales y defensores de derechos humanos, inició varias acciones de protesta y un proceso de consulta al pueblo para conocer su opinión sobre la Constituyente y otros temas de interés nacional como la reelección ilegal, avalada por EEUU, cuyos efectos se empiezan a sentir y visibilizar en la economía (pérdida de recursos públicos y corrupción) y población (falta de acceso a satisfactores materiales y sociales). Los resultados de la consulta nacional deberían estar listos a inicios de 2019, para concluir el año con una nueva propuesta de solución a la crisis política desde la sociedad civil.
Hay, sin embargo, iniciativas de la sociedad civil que ameritan un análisis más detallado, como una manera de identificar líneas de acción y programas alternativos a los que promueve el gobierno. Estas iniciativas parten de una premisa fundamental: los recursos del Estado, sea en forma de inversión pública y nuevo endeudamiento público, deben orientarse a atacar los graves problemas que enfrenta la población: (desempleo, pobreza, hambre, salud, educación, vivienda), para lo cual hay que reasignar recursos entre sectores, secretarias, programas, proyectos y partidas presupuestarias. Se estima que se pueden liberar unos 20,000 millones de lempiras del presupuesto 2019 para atender estas prioridades, donde los sectores y secretarias más afectados serían defensa, seguridad pública, infraestructura burocrática y fondos manejados por el Congreso de la República. En esto, tanto el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) y Centro de Estudios de la Democracia (CESPAD) pueden ayudar mucho.
Estas acciones deben ser complementarias al reajuste y rediseño de programas y proyectos debe inversión pública que se ejecutan con fondos de préstamo. Datos de SEFIN, muestran que Honduras tiene más de 934 millones de dólares para inversión pública (¿hay que definir el concepto de inversión pública real?), asignados y ejecutados mayormente en carreteras, protección social (¿bono 10,000 fracasado?), energía (¿pérdidas de la ENEE y negocio de las Empresas?), muy poco para salud, educación, producción agroalimentaria, bosque, ambiente, etc.
Una segunda fuente de recursos es el gasto fiscal superior a los 33,000 millones de lempiras, por lo debe construirse un nuevo sistema de incentivos destinados a beneficiar más empresas de menor tamaño que generan empleos masivos y de buena calidad, como ejemplo las MiPymes y cooperativas agroforestales, pero que también ejecutan proceso de innovación. A ello se suman, los fondos en fideicomisos, muchos de los cuales no se sabe quién los recibe y hacia dónde van orientados.
El endeudamiento externo del país hay que revisarlo con pinzas. Mucha de esta deuda es ilegal e ilegítima, por lo que debe contratarse una empresa internacional para su auditoría financiera y social, identificándose plenamente los beneficiarios, usos y cuantificándose los resultados obtenidos.
A un mayor plazo hay que cambiar la matriz productiva, ya que seguimos concentrando nuestro desarrollo futuro en cinco productos de exportación (café, banano, aceite de palma, camarón, frutas y hortalizas), con precios inestables, salarios espurios, no muy benignos con el ambiente, escaso valor agregado y encadenamientos internos y externos. El Estado hondureño, contrario a lo que diga el FMI y Banco Mundial, debe asumir el control de un sector estratégico como el forestal-ambiental, que sirva para complementar y financiar el gasto de inversión pública, igual, deducir responsabilidades por la quiebra de la ENEE y eliminar los privilegios a empresas de energía, frente al eventual cierre y liquidación anunciado por el gobierno sin consulta a partidos de oposición y Congreso de la República, mucho menos a la población.
El FMI está conforme con el gobierno, e incluso ha recomendado mayor flexibilidad de la política cambiaria y la aprobación de una nueva ley del banco central para focalizar sus intervenciones en el combate de la inflación (metas de inflación), pero los impactos de esta política serán dañinos para aquellos perceptores de rentas fijas, microempresas e industria, en caso de concretarse un nuevo acuerdo. No hay porqué acelerar la devaluación, si se sabe que los efectos negativos serán mayores que los beneficios para exportadores, banqueros y especuladores; eternos favorecidos junto a políticos corruptos de las políticas neoliberales.
Los pasajeros con destino al muro de Trump, no tienen pasaje en mano. ¿Cuál pasaje? Lo único que llevan a mano es la cédula de identidad que acredita aptos para el trabajo. Favor abrir paso, no hay marcha atrás, ya que, si no los dejan pasar, volverán a intentarlo, ya que en Honduras no hay futuro.
A lo mejor, ocurra un milagro, y autoridades del FMI tomen nota de lo anterior, ya que los funcionarios de gobierno no entienden de la magnitud del problema y de economía del desarrollo.
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