Por Sandra Rodríguez
Persecución, vigilancia, falsos perfiles entre otras acciones intimidatorias, documentó la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), este día en Choluteca a varias personas que participan en protestas sociales contra el régimen desde hace un año.
Sin duda, el imponer temor entre la población de parte de la policía y militares hace impacto entre sus víctimas, quienes no denuncian ante las autoridades porque temen que sean los mismos que los persiguen.
Las protestas van dirigidas por los abusos de poder, alto cobro de la energía eléctrica y desde ayer, por la instalación del Congreso Móvil, sesión que realiza el Poder Legislativo fuera de la sede en Tegucigalpa.
La manifestación organizada por el grupo ciudadano ha estado en los lugares donde se agendó las actividades de los parlamentarios, y desde anoche se cerró el paso principal en el puente de Choluteca, desviando el tráfico por el puente Sol Naciente, ya que el primero está vigilado por la policía preventiva y de tránsito.
En horas de la noche nuevamente los pobladores fueron al puente, que es un estilo similar al Golden Gate Bridge, de California, Estados Unidos. La obra hondureña fue construida durante la dictadura del nacionalista Tiburcio Carías Andino, y declarado Patrimonio Nacional a iniciativa del también nacionalista Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional y nativo de Choluteca.
Cerca del puente Choluteca o “Carías” está el hotel donde los diputados sesionan y afuera un ataque con gases lacrimógenos y disparos que, según la REDEHSUR dejó dos menores de edad heridos de bala quienes fueron llevados al Hospital del Sur, y un menor detenido.
La REDEHSUR también denunció que la policía se ensañó con un vendedor de paletas (helados), quien responde al nombre de Martín Ramírez, él fue golpeado por elementos de la Policía Nacional, en la entrada de la ciudad y le lanzaron gases lacrimógenos. En un video difundido en redes sociales el señor de edad avanzada muestra los golpes en el costado de su espalda.
Defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones acompañaron a estas nuevas víctimas de la represión a la protesta social de parte de policías y militares, que cerraron el paso de la vía púnica porque en la entrada de la ciudad sesionaba el Congreso Nacional, y para los manifestantes era una oportunidad de expresar su descontento al régimen de Hernández.
Parte del trabajo de la REDEHSUR desde su creación en el 2012, es la documentación, acompañamiento y asesoría en casos de violaciones a los derechos humanos y según lo requiera la víctima, informó la abogada Cinthia Turcios, del Área de Acceso a la Justicia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que acompaña a la Red en el sur de los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle.
Procesos contra campesinos
Mientras que, en Isla de Tigre, Amapala, se llevaba a cabo la audiencia inicial contra cuatro defensores/as por el derecho a la tierra en Zacate Grande: Oneida González, Veneranda Cruz, Jessica Cárcamo y Jacinto Hernández.
Allan Torres, integrante de la REDEHSUR, y representante de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, se movilizó hasta el Juzgado de Letras de Amapala, e informó que, según las conclusiones, el Ministerio Público solicitó sobreseimiento definitivo para doña Veneranda Cruz, y orden de captura ante la ampliación del requerimiento por daños contra el defensor de ddhh de miembro de la REDEHSUR y ADEPZA Abel Pérez, Santos Hernández y su compañera de hogar María Concepción Martínez, en perjuicio de empleados del terrateniente Jorge Luis Cassis, quien llegó también a la isla.
Siempre que hay audiencias contra compañeros campesinos, viajan en lancha varias personas, integrantes de ADEPZA, como muestras de solidaridad con los y las criminalizadas, y con el temor de que vengan más procesos judiciales.
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