La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, dictó una Sentencia, mediante la cual homologó un acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Honduras y los representantes del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. De conformidad con ello, se declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la muerte del defensor ambientalista, ocurrida el 18 de octubre de 1997, y la situación de impunidad parcial en la que se encuentra ese hecho.
Del mismo modo, el Tribunal declaró que el Estado es responsable por el menoscabo de los derechos políticos y la libertad de asociación del ambientalista Escaleras Mejía, así como al derecho a la integridad de sus familiares.
Contexto
En el año 2003, el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, Eric-sj, junto con el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEJIL, presentaron tres casos de ambientalistas asesinados en Honduras, (Carlos Escaleras, Carlos Luna y Jeannette Kawas), tanto en el caso Kawas, como Luna, ya existen sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras, sin embargo en el caso de Carlos Escaleras hubo un retraso por el Golpe de Estado, porque los familiares tuvieron una posición digna de no dialogar con el gobierno de facto.
En agosto del 2015, luego de varios acercamientos, los familiares llegaron a un acuerdo amistoso con el Estado de Honduras. Mismo que fue refrendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y posteriormente presentado ante la CorteIDH.
El abogado Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, Eric, explica que con la homologación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otorgó plenos efectos jurídicos al acuerdo amistoso entre la familia del líder ambientalista. Es decir, lo convirtió en una sentencia, y ahora el Estado tiene la obligación de cumplir los puntos acordados.
Señala que será la propia CorteIDH, la que se encargará del cumplimiento de la sentencia emitida.
Joaquín Mejía dice que si bien es cierto, se trata de un acuerdo de solución amistosa homologado, no se puede dejar por fuera la necesidad que se investigue a los autores intelectuales del crimen contra el ambientalista.
“Aunque hay dos sentencias condenatoria contra dos personas como autores materiales, es necesario continuar con las investigaciones sobre los autores intelectuales. Por eso el tema de investigación es fundamental para que el caso no quede parcialmente en la impunidad”, expresa Joaquín Mejía.
El derecho a defender derechos humanos
La abogada Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, destaca la importancia de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque más allá de ser una homologación, la Corte aprovecha para reconocer el riesgo que existe en Honduras contra las personas que defienden Derechos Humanos, y en concreto aquellos que defienen los bienes naturales.
“La CorteIDH le dice al Estado de Honduras, que está obligado a proteger a los defensores y defensoras, a garantizar que las personas se puedan asociar o ser parte de organizaciones, a tener acceso a la justicia”, explica Marcia Aguiluz.
Teniendo como base el acuerdo alcanzado en el 2015, la CorteIDH homologó la sentencia, y el Estado deberá tomar entre otras medidas; transmitir el documental elaborado sobre la vida y labor de Carlos Escaleras Mejía como activista de derechos humanos, continuar implementando el proceso de capacitación en temáticas ambientales a docentes del área secundaria, cumplir los términos pactados en el fideicomiso constituido en favor de los hijos de Carlos Escaleras Mejía con el fin de garantizar su educación secundaria y universitaria, realizar y proseguir de modo diligente todas las investigaciones y actuaciones necesarias para deslindar responsabilidades, así como esclarecer los hechos y en su caso juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
La Corte hizo especial referencia al contexto de violencia contra defensoras y defensores de los recursos ambientales en el país, durante el período en que tuvieron lugar los hechos mencionados, destacando además, que se habían denunciado situaciones de explotación ilegal del gran patrimonio ambiental y amplia diversidad biológica que posee Honduras. En este sentido, la Corte destacó que la situación de inseguridad que sufren los defensores ambientales en Honduras se ha mantenido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario