Por Javier Suazo
“La Caravana huye de la miseria y de los horrores de los que EEUU es responsable”
Noam Chomsky.
En la tradición de la economía clásica, estaban definidas las funciones asignadas al Estado (gobierno), que actores privados y el mercado no podían asumir. Una, la defensa del país frente a la amezada de países y fuerzas externas. En el caso de Honduras, después del golpe de Estado (junio 2009), esta función ha sido una de las más importantes, aun cuando no estamos en guerra con otro país. Honduras, entre 2010 y 2017 ejecutó 38,871.7 millones de gasto en defensa (FOSDEH.2018), mayormente gasto corriente y equipamiento de las FFAA. Se le agrega la función de seguridad pública, cuyo gasto fue de 35,501.9 millones de lempiras para el periodo en mención, sin que los resultados obtenidos sean destacables, aun cuando el gobierno, la Política Nacional y el Observatorio de la Violencia de la UNAH se atreven a presentar cifras no muy confiables sobre la baja de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.
Otra función importante refiere a la Justicia, en especial la protección de derechos de propiedad sobre los bienes nacionales y contratos leoninos para el fisco, como es el caso particular de aquellos suscritos con las empresas generadoras de energía y los derivados de las alianzas público-privadas (APP) y minería extractiva. En todos ellos, el gobierno de la República es garante de su cumplimiento, incluso por encima de la falta de transparencia y corrupción generalizada que acompañan su legislación y gestión.
El gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) ha sido fiel al libreto del Fondo Monetario Internacional (FMI) de garantizar la estabilización económica a toda costa, poniendo techos al porcentaje de déficit fiscal, gasto de inversión y masa salarial, lo que ha implicado despidos masivos de empleados, desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos, retrasos en cirugías programadas ( unas 9000 en los principales centros asistenciales), deterioro de las escuelas públicas y aumento en los costos para las familias; aumento de tarifas de servicios públicos, mayores impuestos indirectos y pérdida creciente de empleos por bajos niveles de inversión real (los montos más bajos a nivel de países latinoamericanos) en sectores productivos, cierre de microempresas y menos recursos para la protección y aseguramiento social de maestros, médicos, enfermeras, etc.
Por el lado del ajuste y cambio estructural, otro de los instrumentos preferidos por el FMI, también el gobierno ha sido evaluado con notas excelentes. La ley de empleo por hora desvalorizó más los salarios y generalizó una política de empleos espurios para una población joven en ascenso, igual el despedido silencioso de trabajadores y destrucción del régimen de protección sindical, donde los dirigentes de centrales obreras negocian con el gobierno el despido de trabajadores no afiliados y de aquellos llamados haraganes o disociadores.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), una versión vulgar de la propuesta por Paul Romer, y entrega del territorio nacional al capital transnacional, incluso sin cobrar una renta como hubiera sucedido en la tradición de la economía clásica por el uso del suelo y propiedades indestructibles, más allá del pago de impuestos al gobierno central y local, compromete seriamente las posibilidades de desarrollo del país a largo plazo. La nueva Ley de Minería es peor que la aprobada en 1998, a pocos días del paso del Huracán Mitch, ya que permite la explotación minera extractiva en zonas núcleo, amortiguamiento y de reserva forestal y fuentes de agua. Lo mismo puede decirse de la nueva ley turística, el desarrollo de proyectos de energía e infraestructura vial.
Un ejemplo es el conflicto generado con la empresa minera Los PINARES en la aldea el Guapinol, municipio de Tocoa, donde los pobladores protestan porque la Empresa les ha copado una zona núcleo y de reserva, a vista y paciencia de los funcionarios de gobierno. Los pobladores han sido desalojados por la fuerza de seguridad y hay muertos, ya que la mina cerrará operaciones y perderán empleos espurios, sumado a las demandas contra el Estado por no proteger inversiones de “buena calidad”.
El gobierno espera que, para inicios de 2019, la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) pase a mejor vida, y empresarios extranjeros con los llamados “cuasi” empresarios nacionales, se hagan cargo de las centrales hidroeléctricas como el Cajón, Cañaveral y la Concepción.
Honduras es un país fanático del libre comercio, ya que cada vez son más los tratados comerciales que suscribe con otros países, aunque en la mayoría de los casos el comercio sea desfavorable o lo será con el tiempo. El déficit en balanza comercial de más de 5, 120 millones de dólares en 2017 va en aumento, y solo baja un par de millones por la contracción que causa la devaluación del lempira al importarse menos o más caro.
La pregunta que flota en el aire es ¿Valió la pena tanto sacrificio para la economía del país y pueblo hondureño? Para funcionarios de gobierno, ciertos representantes de organismos internacionales en Honduras, empresarios corporativos, pastores evangélicos, dueños de medios de comunicación tarifados y más de algún académico de doble facturación ideológica, la respuesta es afirmativa. Sin embargo, el éxodo de más de 16,000 hondureños en busca del sueño americano arroja una respuesta negativa. La pérdida sistemática de empleos generada, pobreza, entrega de patrimonio nacional y recursos naturales, descapitalización del Estado, sobreendeudamiento, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, muertes violentas (jóvenes y mujeres), y corrupción crónica, demuestra que el próxima gobierno, surgido (idealmente) de un gran acuerdo nacional antes del 2021, deberá derogar estas políticas de fanáticos neoliberales corruptos que comprometieron el futuro del país y su gente; vistas como un lastre, cuyos efectos se sentirán por muchos años más.
Frente a esta realidad, todavía hay voces dentro del gobierno, empresarios y políticos que siguen buscando chivos expiatorios como culpables de la crisis humanitaria; el pobre Bartolo Fuentes, periodista y exdiputado de LibRe, tuvo que dejar el país y pedir refugio en El Salvador, ya que la Fiscalía lo quería meter preso, y ha recibido amenazas de muerte. A criterio de Bartolo, la prensa mediática y tarifada, en su afán por denunciarlo como coyote moderno, lo que hizo fue aumentar las expectativas del migrante, donde denunciaban que a cada persona se les ofrecía dinero, comida y empleo seguro; de 300 iniciales ahora superan las 16,000 personas y siguen en aumento (el sábado 3 de noviembre salió del municipio de Salamá, la llamada caravana de los olanchanos).
En el caso de JOH y las medidas tomadas, demuestra una reacción tardía frente al problema de pobreza, exclusión, desempleo, violencia y corrupción que enfrenta la sociedad hondureña. Muchas de estas medidas son contrarias a las del libreto neoliberal negociado con el FMI y empresariado corporativo, pero son paliativos a la crisis no la solución, en caso que llegaran a concretarse.
El presidente Hernández presentó una Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa para aprobación por el Congreso de la República, con la cual se busca generar 12,000 empleos y movilizar recursos por cerca de 2,400 millones de lempiras (fondos en fideicomiso en Bantral) de beneficio para aquellos microempresarios (negocio actual y nuevo) y emigrantes retornados, acompañado de una Ley de Sector Social de la Economía aprobada que busca para ampliar el periodo de cumplimiento de obligaciones tributarias de empresas y cooperativas. Hizo el anuncio de un programa de reforestación de Honduras para generar 5,000 empleos con apoyo de la Escuela Agrícola Zamorano y UE con el proyecto CLIFOR. A ello se suman 23,079 millones para a la red vial del país, que según sus asesores generará unos 40,000 empleos directos cada año hasta 2021 que termina oficialmente su periodo de gobierno.
La actualización del nuevo patrón de identificación, que coordina el Registro Nacional de las Personas (RNP), generará, según su presidente, Rolando Kattàn, unos 35,000 empleos durante 2019, que serán contratados para levantar información sobre la situación socioeconómica y civil de la población.
Ya está en ejecución el Programa 2020 que pretende generar 600,000 nuevos empleos., y el Programa estrella del FMI y Banco Mundial, “Vida Mejor”, que contempla proyectos de empleos comunitarios superiores a 100,000 personas por año. Igual, con apoyo de la Universidad de Oxford (Inglaterra), oficializó el nuevo método de medición de la pobreza mediante la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras que se suma a la pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, pero que ignora un clamor de los migrantes: el acceso a tierra productiva y reducción de la corrupción como una causa vinculante a los parámetros de medición identificados por John Hammock, investigador de dicha Universidad.
Todas estas acciones aspiran a combatir parte de los factores causales del éxodo, pero son acciones aisladas que no responden a una concepción del desarrollo, sino a paliativos temporales de los efectos negativos de las políticas neoliberales ejecutadas. Las asociaciones de MiPymes las han venido exigiendo desde hace mucho tiempo, y el gobierno no ha respondido, incluso disponiendo de recursos en fideicomisos pero que estaban reservados para los llamados “ganadores”, o sea los que son sujetos de crédito por la banca privada y cuentan con garantías reales para enfrentar perdidas de producción y ventas.
En el caso de los migrantes, muchos de ellos no creen en los ofrecimientos del gobierno, y lo consideran discurso político frente a la crisis humanitaria; su objetivo sigue siendo el país del norte. JOH debe escuchar más a los líderes de la oposición y organizaciones sociales, para conocer de planteamientos alternativos al modelo actual y construir un nuevo espacio de diálogo y concertación de cara a lo que viene, que es mucho peor de lo actual. Es mucho pedir diría Manuel Zelaya Rosales (MEL), ya que está atado al FMI y la Embajada Americana que lo sostiene, pero no por mucho tiempo.
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