En los últimos 10 años los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos de Honduras, se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de bienes comunes.
“En Honduras estos proyectos de muerte son innumerables: se calcula que hay más de 500 concesiones para la explotación minería, existen más de 100 ríos concesionados para la instalación de proyectos hidroeléctricos y la tala de bosque, entre muchos otros”, indicó el ambientalista Juan Mejía, quien también está en la coordinación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.
A renglón seguido manifestó que además de la privatización de bienes que son un derecho humano tal y como lo declara la Constitución, como por ejemplo el agua que no solamente es abarcada por la industria con el cierre de los ríos, sino que lo poco que sueltan viene contaminada con arsénico y otros químicos que ponen en riesgo la vida de millones de hondureños y hondureñas.
“Un ejemplo de esto es lo que pasa con el Lago de Yojoa, la principal reserva natural de agua dulce del país, está siendo contaminada por La minera Ampac, con instalaciones en el Mochito, Las Vegas, Santa Bárbara, debido a que muchas de las aguas con químicos caen al lago, sin embargo desde nivel central no se ha hecho nada al respecto”, indicó.
Así mismo tiempo se refirió a las constantes denuncias hechas por la Coalición Ambientalista de Copán, en el occidente de Honduras, donde se ha confirmado la contaminación del río Lara, debido a las descargas producto de actividades mineras. Aguas arriba de este río se encuentra la mina de San Andrés, donde tiene operaciones la empresa minera Aura Minerals de capital canadiense, subsidiaria de Minerales de Occidente (MINOSA).
“Otro ejemplo de destrucción total es lo que pasa en los municipios del norte de Francisco Morazán. Después de 18 años de cierre de operaciones mineras, la transnacional minera Gold Corp Inc., no se responsabiliza por los daños que ha causado en el Valle de Siria. Allí quebró el tejido social de las comunidades, robó la paz y la dignidad del pueblo, por el estado de desolación y abandono en que viven”.
El fuerte calor es característico en los municipios de El Porvenir y San Ignacio, al igual que el agua contaminada por metales pesados, producto del trabajo de desarrollado por la minera, que extrajo oro en el Valle de Siria, desde 2000 hasta el 2006.
“Esto es una muestra de lo que le espera a Honduras de cara al futuro con todas las concesiones mineras en los cuatro puntos cardinales. Por ejemplo, para extraer una onza de oro, la empresa minera remueve 20 toneladas de roca y tierra; utiliza entre 200 a 320 galones de agua por minuto. El cianuro ocupado en la actividad minera es el principal encargado de contaminar el agua. Sumado a esto, cuando se remueven rocas y tierra se liberan metales pesados de las rocas fragmentadas, contaminando los mantos acuíferos, el aire y los suelos.
Frente a esta realidad cientos de comunidades amenazadas por los proyectos extractivos, se han organizado y han desarrollado proceso de resistencia en defensa de sus territorios y sus ríos. Sin embargo, los líderes comunitarios son amenazados, perseguidos, encarcelados y hasta asesinados, tal y como ocurre en el resto de Latinoamérica.
Incendios, tala y gorgojo
Más del 48% de la superficie territorial de Honduras está cubierta por bosques. Es decir 53,891 kilómetros cuadrados, de los 112, 492 kilómetros de la extensión territorial, está cubierta por árboles y vegetación. Sin embargo, esa riqueza natural está constantemente en peligro; a los proyectos extractivos se le suma la tala, el uso indiscriminado del bosque, el fenómeno del gorgojo y los incendios forestales.
Estadísticas del Instituto de Conservación Forestal, ICF, indican que durante la temporada de verano 2018 se registraron al menos 446 incendios forestales a nivel nacional, lo que representa un total de 19,408 hectáreas consumidas por las llamas.
La pérdida total de bosque por el gorgojo descortezador es de unas 510 mil hectáreas de pino destrozado. En todo este desastre ambiental también tiene mucha responsabilidad el Gobierno, quien ha hecho muy poco para frenar estos fenómenos, según el ambientalista Juan Mejía.
Indicó que Costa Rica eliminó la plaga del gorgojo desde el año 2015, sin embargo en el país hasta a finales del 2017 se pudo controlar. Pero “coincidentemente” en la temporada que se está generando energía eléctrica a base de carbón, se vino la plaga y acabó con los pinos que de inmediato son trasladados para las grandes plantas generadoras de energía.
“En el caso de los incendios, antes del 2009 había un fondo de 150 millones de Lempiras para controlar los incendios desde las comunidades en zona vulnerables, sin embargo desde el 2010 este fondo pasó a ser parte del presupuesto de las Fuerzas Armadas”, indicó.
“Toda esta negligencia gubernamental y social está pasando factura. Por ejemplo, la gente común lo nota y lo comenta cuando llueve y hace frío en semana santa y en toda la época del verano o porqué hace calor en diciembre que es temporada de frío, pero sin saber por qué se produce y cómo contribuye a acelerarlo”, manifestó.
Honduras es la nación con mayor vulnerabilidad a los fenómenos naturales causados por la destrucción del medio ambiente y el cambio climático. Esta degradación de los bosques ha potenciado los procesos de erosión del suelo, una mayor escorrentía en periodos cortos de tiempo, con impactos poco cuantificados de pérdidas de bienes, infraestructura y servicios y en algunos lugares, la pérdida de vidas humanas.
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