Ante el próximo nombramiento de Fiscal General de la República de Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a la Junta Proponente elaborar una lista de candidatos/as bajo estrictos estándares internacionales de derechos humanos con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad del próximo/a titular del Ministerio Público a lo largo del proceso de selección.
La CIDH ha venido dando seguimiento al proceso de selección que se viene realizando en Honduras. Según información de público conocimiento, el Congreso Nacional deberá seleccionar una nueva persona titular del Ministerio Público de la nómina final de aspirantes que presente la Junta Proponente, antes de finalizar el mandato del actual Fiscal General que culmina el 1 de septiembre de 2018.
La CIDH advierte que el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y las candidatas con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, y conforme con los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia, a fin de asegurar su independencia. En este sentido, el Estado debe establecer salvaguardas para evitar discrecionalidades por parte de quienes participan en la selección, y para que dicho proceso no sea realizado con base en intereses particulares y/o partidarios que impedirían que la persona escogida sea la más idónea y capaz.
El Comisionado Joel Hernández, Relator para Honduras indicó que “el rol de la persona titular del Ministerio Público es esencial para el acceso a la justicia, la preservación del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad, y la defensa de los derechos humanos. El Estado de Honduras debe garantizar que todas entidades que intervienen en los procesos de selección y nombramiento observen los más altos estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos a fin de asegurar su independencia”.
La CIDH reitera que todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales.
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