Una semana ha pasado desde que el propio jefe de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción –UFECIC-, Luis Javier Santos, presentara requerimiento fiscal contra 38 ex funcionarios públicos y actuales diputados del Congreso Nacional, por haber desfalcado de la Secretaria de Agricultura y Ganadería –SAG- más de 282 millones de Lempiras.
Durante esa semana, la ciudadanía, la más afectada ante un nuevo latrocinio, ha demostrado su repudio e indignación en las redes sociales, no hay otro espacio más seguro que Facebook y Twitter, el régimen nacionalista se encargó de atemorizar a la población con sus políticas represivas y hasta encarcelamiento para aquellas personas que se manifiesten contras sus políticas.
Esa ciudadanía debe jugar un papel activo, comprometido y juicioso presentando información o documentación de pruebas fehacientes para seguir procesando a los corruptos, comenta el analista y exministro de Economía, Fernando García.
El cuarto caso, nombrado “Pandora”, presentando por la UFECIC y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras –MACCIH- demostró que los fondos desfalcados por los 38 ex funcionarios y diputados fueron utilizados para financiar las campañas de tres partido políticos: Nacional, Liberal y Frente Amplio.
Según la ex rectora universitaria, Julieta Castellanos, la MACCIH, al develar el caso “Pandora”, resurgió de un estado de pasividad que da esperanza a la ciudadanía.
Castellanos dice que los jueces que conocerán se enfrentarán a un problema, puesto que deberán optar por aplicar la justicia correctamente o proteger a los sectores que han corrompido al país, quedando a la expectativa si ellos serán investigados y acusados a futuro.
El Partido Nacional, al que llegaron los fondos para financiar las campañas electorales 2013 y la tarjeta “La Cachureca” –regalías de Juan Orlando a sus votantes-, dijo que “reconoce que la responsabilidad es individual, y, por ende, se debe responder de igual manera”.
De acuerdo a las investigaciones de la UFECIC, con los fondos desviados se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones de Lempiras, durante la administración del actual diputado Elvin Santos.
En ese sentido, el secretario del Central, Octavio Pineda, confirmó que entregaron información, en carácter de confidencialidad, a la UFECIC; además aseguró que las autoridades de partido se presentarán al Ministerio Público para apoyar las investigaciones.
Manifestando que no defenderá a personas sino que a su partido, Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal, pidió respetarse el debido proceso en el caso.
Hasta la fecha no existe información oficial en la que se hayan develado nombres de los 38 acusados de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
Sin embargo, la lista extra oficial señala a los diputados nacionalistas José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez Pineda y Elden Vásquez. Además se acusa a los ex funcionarios Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Ramón Antonio Lara Bueso y Jacobo Regalado Weizenblut.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema Justicia –CSJ- nombró a la magistrada Lidia Álvarez Sagastume como la juez natural que conocerá el caso “Pandora”; Álvarez Sagastume es presidenta de la Sala de lo Constitucional, quienes en 2017 dieron luz verde a Juan Orlando Hernández para su reelección presidencial.
Recurso para favorecen a implicados
Los abogados Félix Ávila y Ritza Antúnez, defensores del diputado nacionalista Celín Discua y el exdirector del Instituto Nacional Agrario –INA-, Ramón Lara, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 184 del Código Procesal Penal.
El recurso de inconstitucionalidad está encaminado a evitar que las personas acusadas por los delitos de lavado de activos, defraudación fiscal, asociación ilícita, extorsión y los demás que integran el catálogo, puedan obtener medidas distintas a la prisión preventiva.
De acuerdo a los procesos, hasta no ser resuelto el recurso de inconstitucionalidad, presentado ante la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia por la vía de la excepción, los 38 requeridos por el caso “Pandora” no podrán ser llamados a audiencia de declaración de imputado.
El abogado Odir Fernández, jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción -CNA-, advierte que algunos de los funcionarios acusados podrían estar abandonando del país: “habría que ver sin esto se amplía, esperemos que vayan a las primeras audiencias estas 38 personas que seguramente algunas ya están huyendo, eso es parte de cómo actúan y de trabajo que realizan”.
Fernández dice que están preocupados porque se nombran jueces de la sala de lo penal, lo que contraviene el artículo 418 del Código Procesal Penal.
Gabriela Castellanos, coordinadora del CNA, es del criterio que los parlamentarios implicados en corrupción deben ser separados de sus cargos para que las investigaciones sean transparentes y garantizar la ejecución imparcial de la ley.
Mientras los procesos contras los funcionarios se dilatan y la ciudadanía sigue sufriendo las consecuencias de los desfalcos a instituciones como el Seguro Social y la Secretaría de Agricultura y Ganadería -SAG-, el Congreso Nacional acelera la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público, proceso que, en su etapa final, estará a cargo de los diputados que ahora enfrentan las acusaciones de corrupción presentadas por la UFECIC-MACCIH.
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