El fantasma de la municipalización del agua atormenta a diario a las comunidades de Tegucigalpa y Comayagüela que de forma organizada luchan contra este proceso del que temen culmine en una privatización del servicio, tal y como ocurrió en San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés, al norte de Honduras.
La municipalización del servicio de agua ya fue anunciado y aceptado de forma oficial por la Alcaldía del Distrito Central, ya es solo cuestión de tiempo para que se traspase la administración y se ponga en marcha la nueva plataforma de servicio a cargo de la municipalidad.
Autoridades municipales afirman que actualmente están haciendo un estudio para conocer las causas y soluciones al problema de falta de agua en barrios y colonias capitalinas, las que día a día enfrentan el calvario de solo recibir el servicio de agua dos o tres veces por semana.
Este proceso se abrió desde la aprobación en el 2003, en el gobierno de Ricardo Maduro, de la Ley Marco del Agua, que abre y autoriza la municipalización de los servicios administradores de agua, y de esa forma sacar al Estado del papel de administrador principal.
A raíz de esa situación se creó una plataforma popular de lucha, la que dio paso a la creación de una articulación nacional en la Coordinadora de Resistencia, quien, a través del acuerdo entre varias organizaciones populares, abanderó en aquel momento la lucha contra este proceso.
Han pasado los años y tras las medidas de ataques de los distintos gobiernos y gracias a las sugerencias de los organismos financieros internacionales, han triunfado en ese plan, dejando ya primeras experiencias de privatización en la zona norte del país.
“Municipalizar no es más que privatizar, y el ejemplo claro lo tenemos en lo que sucede en la zona norte, vimos que las alcaldías no pudieron administrar y luego entregaron la administración y servicio a la empresa privada”, dijo Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua en Tegucigalpa.
Hace ocho años, se creó la Asociación que desde entonces ha estado luchando por la defensa del agua y de los intereses de las comunidades en esta región central.
“Hemos perdido la esperanza en diputados, en el gobierno, quienes no legislan a favor de nosotros, solo lo hacen a favor de los grandes políticos y de las grandes corporaciones”, manifestó Amador.
Don Manuel asegura que han buscado a políticos de diversos partidos para que hagan algo con respecto a la Ley Marco, pero que por las respuestas que les han dado, el desinterés parece ser el mejor calificativo para describirlos.
Para Lourdes Borjas, integrante de la Junta de Agua de San Francisco, en Tegucigalpa, el tema del desarrollo es aplicado desde una perspectiva errónea en la capital. “No queremos puentes, queremos agua, acá nos han abandonado en la parte social, mientras se construye, las comunidades están abandonadas y el desarrollo humano y natural se estanca”, dijo Lourdes.
Borjas comparte el criterio de muchos sectores en Tegucigalpa, quienes ven a diario como las construcciones viales son la principal apuesta de la alcaldía que dirige Nasry Asfura, apuesta que incluso le permitió reelegirse por cuatro años más en la administración municipal.
En tal sentido, las comunidades creen pertinente la necesidad de una visión del desarrollo más humana, más social y menos llena de concreto. Pero la visión del desarrollo no es lo que más le preocupa a las más de 170 Juntas de Agua que luchan contra la municipalización, el principal miedo de estos sectores es la privatización.
“Estamos sufriendo el serio problema de desabastecimiento de agua, este proceso de municipalización es complejo, es decir, que la capital es un sector complicado con muchos problemas, la alcaldía no tiene la capacidad técnica para administrar el agua, y eso es preocupante, porque eso llevará a la privatización tarde o temprano”, dijo Pedro Fúnez, de la Junta de Agua del sector Cuestas número uno.
Para Fúnez el problema no solo es la capacidad inmediata de la municipalidad para administrar el servicio e incluso se atreve a suponer que en el gobierno de Asfura no se le apueste directamente a la privatización, pero si en el futuro viene otro alcalde con esa visión, entonces la privatización se hará una realidad.
Fúnez cree que el punto fundamental para la privatización es aceptar la municipalización, lo demás será solo cuestión de tiempo, por eso desde su criterio el Estado no debe dar paso a que se haga una realidad y los políticos deberían fortalecer la administración pública, pero una de calidad y de acceso simple y digno para la población de escasos recursos.
Un nuevo sistema de administración traería con ello una inminente tabla de nuevos precios, con aumentos incluidos, por ejemplo, en algunos sectores todavía son las Juntas de Agua las que mantienen la administración del servicio, en la Cuestas número uno, los vecinos pagan cien Lempiras de agua, pero con este nuevo proceso la cifra se les podría ir de las manos.
Fúnez asegura que de darse un incremento la población al menos de su sector, no tendría la capacidad, pues es una región donde habitan personas de muy pocos recursos económicos.
Los integrantes de las Juntas de Agua aseguran que han sido atendidos por las autoridades tanto de la alcaldía como del gobierno, pero en esos espacios no se logran acuerdos porque ninguno está dispuesto a negociar o en el peor de los casos a ceder en sus posturas.
“Lamentablemente en las reuniones que hemos tenido con las autoridades no se dan acuerdos y vemos que la alcaldía es una de las más interesadas en la municipalización y eso no nos da buena espina”, dijo Fúnez.
Mientras tanto Víctor González, presidente de la Junta de Agua de Altos de San Francisco, cree que ya es hora que las comunidades se organicen para luchar. “Ya es tiempo que este pueblo levante la cabeza y que nos hagamos una sola fuerza para luchar por nuestros derechos y recursos”.
González denuncia que en su sector ya se están instalando nuevos contadores, y eso preocupa a la comunidad por las nuevas tarifas que allí se implementarán.
Josué Reyes, de la Junta de Agua de Flor del Campo, cree necesario organizarse a nivel nacional para defender el derecho al agua y contrarrestar la privatización del servicio. “Queremos conformar una plataforma para que nos organicemos y luchemos no solo por la defensa del agua, sino también contra las medidas que afectan de forma general al pueblo hondureño”.
La realidad de las comunidades capitalinas es preocupante y adversa porque a pesar de la oposición que todavía no termina de organizarse, enfrentan un modelo que le apuesta desde todas sus plataformas a la municipalización, proceso que ya solo es cuestión de tiempo para entrar en funciones.
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