Los Tolupanes de la Tribu San Francisco Locomapa en Yoro, quienes mantienen un campamento de resistencia pacífica, evitando el saqueo de la madera de pino, son amenazados por la policía y por los empleados de la empresa maderera INMARE, propiedad del Wilder Domínguez, con ser encarcelados sino suspenden las acciones de protesta.
El Consejo Preventivo integrado por los Tolupanes que se oponen al saqueo del bosque, y que se han organizado en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, ha recibido un citatorio del Ministerio Público, en el que se les obliga a presentarse este 31 de mayo, a las oficinas regionales en Yoro. De no presentarse, el Estado les acusará del delito de desobediencia contemplado en el artículo 346 del Código Penal vigente.
Desde febrero de 2018, los Tolupanes mantienen un campamento pacífico en contra de un plan de manejo forestal que el Estado de Honduras otorgó a empresarios madereros de forma ilegal e ilegítima, violentando la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Los Tolupanes, beneficiarios de medidas cautelares de protección dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 2013, mantienen detenidos los camiones del empresario, que intenta saquear más de 16 mil metros cúbicos de madera, sin el permiso de la tribu.
El Ejército, la Policía Nacional y Rural permanecen en las cercanías del campamento hostigando a los Tolupanes que están ejerciendo su soberanía territorial al impedir que la empresa saque la madera. A pesar de las amenazas y la presencia policial y militar, la tribu Tolupán ha respondido con mayor organización y presencia en el campamento.
El campamento
El campamento Tolupán se ubica en el centro de la aldea San Francisco Campo, para impedir que los camiones cargados de madera puedan salir de su territorio. Desde hace varios años, por su actividad de resistencia al despojo ilegal de sus bienes comunes, los Tolupanes han sido amenazados, perseguidos y asesinados.
Su máxima expresión se vivió el 25 de agosto del 2013 cuando sicarios asesinaron a Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, quienes participaban en una toma de carretera en búsqueda de paralizar la explotación ilegal del bosque y la minería.
Este hecho lamentable se suscitó en el mismo lugar donde está instalado el campamento desde febrero de 2018, y en el cual ya han sido amenazados cuatro líderes indígenas quienes temen perder sus vidas. Según denuncias, José María Pineda, Ángela Murillo, Celso Cabrera y Ramón Matute son los indígenas amenazados a muerte por defender el bosque.
Ramón Matute, tolupán integrante del Movimiento Amplio, asegura que las amenazas a muerte contra ellos, han incrementado desde el 25 de mayo vía mensaje de texto. “Tuve que cambiar mi número de celular porque en mi nombre algunas personas llamaban a mi familia amenazándola”, asegura Ramón, que lleva más de ocho años organizado en el Movimiento Amplio.
Las concesiones
La región donde se encuentra ubicada la tribu Tolupán cuenta con una gran riqueza de bienes naturales, destacando entre ellas las extensas plantaciones de árbol de pino, las cuales han sido históricamente profanadas para su corte, aprovechamiento y comercialización por parte de personas ajenas a la tribu, de igual forma, la abundante agua de sus ríos y los minerales de sus montañas.
La conflictividad social se recrudeció a raíz del otorgamiento de planes de manejo forestales y planes operativos anuales de explotación de madera aprobados por el Instituto de Conservación Forestal, ICF, a terratenientes ladinos (no indígenas) en territorio de la tribu.
Según el Movimiento Amplio, el Estado de Honduras otorgó un plan de manejo forestal al general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras, Oscar Filander Armijo Uclés, que desde la pasada década de los ochentas del siglo XX subía a la tribu con camiones militares cargados de soldados con quienes procedió a cercar grandes extensiones de tierra, despojando de la misma a toda familia Tolupán que encontraba a su paso. De este plan de manejo forestal también son beneficiarios Kenton Landa Uclés y Wilder Domínguez.
La familia Uclés retiene bajo su control al menos 3 vastas extensiones de tierra: una hacienda entre el caserío El Zompopero, cerro Padre Vélez y borda El Esquinero; otra propiedad entre el volcán San Francisco y las comunidades indígenas de La Fortuna y El Terrero; y una finca extensa entre los cerros Jicarito, El Paragua y La Misión.
La tribu Tolupán de San Francisco ha denunciado en repetidas ocasiones las violaciones a los derechos que han sufrido producto de la explotación de sus bienes naturales en manos de estos terratenientes, y la negligencia de las autoridades responsables de aplicar la justicia.
Hasta el momento solo ha quedado en evidencia la complicidad del gobierno con los terratenientes y empresarios. Sin embargo, el pueblo Tolupán está convencido que a través de la organización y la auténtica resistencia indígena podrá mantenerse con vida en medio del despojo y las amenazas a muerte.
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