La Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, CJS, declaró constitucional el decreto legislativo 23-2016 que da origen a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad, MACCIH. Tras presentar un recurso de inconstitucionalidad por un grupo de abogado que buscaba dejar sin vigencia las funciones de investigación que tiene la MACCIH en el país.
Dicho fallo de la Sala de lo Constitucional en el segundo inciso expresa: “De manera coherente a los estudios y conclusiones plasmados en los considerandos de esta sentencia la que se emite conforme al artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto a ser “clara, precisa y exhaustiva” y en acatamiento a la Constitución de la República, la supervisión, evaluación, colaboración activa, investigación, persecución penal, establecido en el Convenio, deben ser interpretados y aplicados conforme a nuestra Constitución Política”.
En tercer inciso el fallo menciona que “por lo que cualquier documento derivado del convenio celebrado en cualquier poder o institución del Estado, tal como el mecanismo institucional de cooperación bilateral entre el Ministerio Público de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA); debe ser adecuado a lo determinado en La Gaceta”.
La MACCIH junto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público, UCEFIC, interpusieron la denuncia en 2017 de la “Red de diputados”, envueltos en caso de corrupción por el delito de malversación de caudales públicos.
Lo que provocó que el anterior Congreso Nacional (2014-2018) hiciera reformas a Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2018, que cambia el procedimiento de supervisar e investigar los fondos públicos que son gestionados para diversos proyectos sociales. Lo cual, ex vocero de la MACCIH Juan Jiménez Mayor, lo calificó como “pacto de impunidad”.
Miradas sobre la MACCIH
Para los analistas mantener la MACCIH es vital, ya que la justicia en el país es una utopía, y la esperanza es que a través de un instancia independiente se pueda enjuiciar a los corruptos.
El abogado Edilberto Baquedano expresó que “tenemos involucrados empresarios, políticos, grandes personalidades del mundo delictivo en el poder de la república. Por lo tanto, ellos están amenazados y tiene poner a funcionar la maquinaria para amedrentar a lo que hoy se levanta como la salvadora del sistema democrático republicano de Honduras y la voluntad de la comunidad internacional”.
Olban Valladares, analista político, manifestó que paralelamente la encargada de la embajada de los Estados Unidos, Heide B. Fulton, advirtió diplomáticamente que no se metan con la Misión de Apoyo.
“Quiero oír quién va ser insensato que se va arriesgar a poner al país en mal. Porque esto representa recortar subsidio, corta apoyo. Lo más terrible es lo que nos puede pasar como el TPS. Existen caminos legales para que la MACCIH se pueda quedar”, dijo Valladares.
Por su parte Jorge Yllescas dijo en declaraciones a Radio Progreso que quieren liquidar y quitarle los colmillos a la MACCIH, dejar una institución simbólica como ha sucedido muchas veces.
“Es la única oportunidad que tiene y tendrán por mucho tiempo el pueblo hondureño para combatir a los corruptos, que son los responsables de la falta de educación, salud, de carretera, son los responsables del otorgamiento de concesiones millonarias, muchas vinculadas con actos de corrupción”.
Además, agregó que el pueblo hondureño tiene que defender la MACCIH, porque le pertenece y es producto de las protestas. “No resulta como voluntad del presidente o de los diputados, sino que es la exigencia del pueblo y así como se creó la MACCIH así debe defenderse”, explicó Yllescas.
La MACCIH, que se instaló en Tegucigalpa el 19 de abril de 2016, luego de un convenio suscrito entre el Gobierno de Honduras y la OEA, como resultado de las protestas ciudadanas en denuncia a los actos de corrupción y el saqueo al Instituto Hondureño del Seguro Social (2015). El Movimiento de los Indignados e Indignadas exigía para entonces la Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras (CICIH).
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