Uno de los retos a los que se enfrentan las mujeres que defienden el territorio y los bienes naturales de los proyectos extractivistas es el reconocimiento de sus derechos y las agresiones machistas de los compañeros en las comunidades, señala Ramona Chacón, de la Red de Feminismo Comunitario de Guatemala.
Otro desafío es “reconocerse como mujer y que el primer territorio para defender es su cuerpo”, agrega Ramona Chacón, mientras cuenta la lucha de su comunidad y las mujeres luchan contra la empresa Cementos Progreso en el municipio San Juan Sacatepéquez, quienes explotan la zona para extraer materia prima que utilizan en la elaboración de cemento.
Ramona Chacón fue parte del Foro Internacional Defensa de la Madre Tierra, en el marco del proyecto “Defendiendo a Quienes Defiende la Madre Tierra”. El Foro fue organizado por la Fundación San Alonso Rodríguez, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
Feminismo Comunitario
Betty Vásquez, integrante del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, analizó que las mujeres defensoras en Honduras se están enfrentando a leyes y medidas que van arrinconando los procesos de liberación económica.
“Para las mujeres es difícil comercializar sus productos alimenticios porque el sistema tiene un control tributario que exige a las organizaciones liquidaciones y facturación que arrincona la economía feminista comunitaria, la economía del buen vivir donde las mismas comunidades sean las productoras”, precisa Vásquez.
Vásquez además reitera que las mujeres en el departamento de Santa Bárbara, las que han acuerpando la lucha contra el proyecto hidroeléctrico “El Tornillito” de la empresa Hidrovolcán, se enfrentan a agresiones machistas como el desprestigio y la compra de conciencias a través de sus familiares.
Desarrollo y respeto a los derechos humanos
Durante el FORO se discutió el derecho a la consulta que tienen las comunidades frente al modelo extractivista. En ese sentido, Joaquín Mejía, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación –ERIC-, indicó que el Estado y las comunidades tienen derecho al desarrollo, sin embargo debe realizarse con un respeto pleno a los derechos humanos.
Mejía apunta que para aprobar una concesión el Estado debe garantizar que se cumplan tres condiciones, la primea es que se garantice una consulta previa, libre e informada de buena fe, la cual implique que con un tiempo de anticipación el Estado dé información para que las comunidades puedan tomar una decisión al respecto.
La segunda condición, detalla Mejía, es garantizar la participación de las comunidades en la determinación de los beneficios, es decir que no es la empresa ni el Estado quien decide cuáles serán los beneficios de los proyectos, deben sentarse a negociar porque es la comunidad quien tiene claro las prioridades de su desarrollo.
“No debe confundirse los beneficios razonables de un proyecto con la dotación de servicios básicos como construir escuelas, centros de salud que constitucionalmente le corresponden al Estado”, comenta.
De acuerdo a Joaquín Mejía, la tercera condición para aprobar concesiones es la realización de estudios de impacto ambiental con la participación de las comunidades, con la posibilidad de contratar a una entidad independiente y técnicamente capaz.
Un claro ejemplo es la situación que enfrentan las comunidades de la zona Sur de Honduras. Los habitantes de la Península de Zacate Grande en el departamento de Valle, quienes ahora no solo luchan contra los terratenientes, entre ellos la familia Facussé, sino que son amenazados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico –ZEDE- y un mega puerto en la Isla de Amapala, impulsadas por el régimen del Partido Nacional.
Gerardo Aguilar, líder de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y procesado judicialmente por la defensa del territorio, cometa que “seguimos con 18 años de lucha en contra de los terratenientes, hablamos del “Club de Coyolito” donde está toda la cúpula empresarial, los terratenientes del país”.
“El 100 por ciento de la comunidad de Playa Blanca no cuenta con un título de propiedad y en cualquier momento puede ser desalojada; hay un promedio de 80 familias y en la Península de Zacate Grande hay 6 mil familias que están siendo amenazadas por el despojo”, cuenta Gerardo al denunciar al terrateniente Jorge Cassis.
El más reciente informe de la organización Global Witness precisa que Honduras es el país per cápita más peligroso de la última década con 127 asesinatos de personas defensoras de los bienes naturales y el territorio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario