Con el apoyo de militares y policías, el empresario progreseño Jason Hawit, sigue hostigando a las comunidades de Tela, Atlántida, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que se resisten a la construcción de la represa hidroeléctrica, Hidrocep, en la parte alta de la sierra Nombre de Dios.
Esta semana el campamento de Pajuiles, “Por el agua y por la vida”, denunció que cada vez que empresario visita la montaña o sube materiales para la construcción de la represa, la Secretaria de Seguridad, despliega un fuerte contingente policial y militar, poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía.
El campamento es rodeado por elementos de la Policía Nacional, Cobras, Militar o del Orden Público, y por la nueva Policía Rural, un abrazo armado de presidente ilegal e ilegitimo Juan Orlando Hernández, que opera desde 2017, sin el reconocimiento público, pero que realiza operativos en zonas donde la población defiende sus bienes naturales.
El Estado de Honduras otorgó una concesión y contrata de aguas con licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico sobre río Mezapa, en un área de 2.7 Kms2 en la parte alta de Pajuiles, afectando comunidades de Tela y Yoro. El proyecto se solicitó en marzo de 2005 y en septiembre ya tenía aprobada una licencia ambiental por un año, pero en 2008 la licencia obtuvo un periodo de 50 años de vigencia.
El Estado no consultó a las comunidades si querían el proyecto. Se limitó a través del gobierno local que encabezaba el liberal Mario Fuentes, a realizar un cabildo abierto en la comunidad de Miramar de Tela, para su aprobación. Este cabildo fue denunciado por tener vicios de nulidad, y la ciudadanía realizó la impugnación del acta en 2016.
A pesar de estas denuncias, y de que la Fiscalía Regional del Ambiente en La Ceiba, pudo constatar que el empresario ha provocado daños irreversibles a la naturaleza, las autoridades han permitido que el proyecto hidroeléctrico continúe, generando una ruptura en el tejido social de las comunidades.
“No nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a la forma en que el gobierno entrega estos proyecto” Albertina López, lideresa del campamento, organizada en el Movimiento Amplio, judicializada junto a otras 16 personas por defender el derecho al agua. Albertina, denuncia que la policía llega amenazante al campamento, les toman fotografías e intimidan. También los empleados de la hidroeléctrica hostigan a la gente, “Un ingeniero le dijo a mi hijo – ya sé que sos hijo de Albertina- y eso nos preocupa porque nos tienen vigilados”. Agregó la lideresa.
Además de la presión popular, la construcción de la represa hidroeléctrica está detenida porque a Jason Hawit, se le acusa de usurpación de tierras, en perjuicio del señor Carlos Melgar, dueño del terreno donde Hawit pretende construir el plantel principal del proyecto. La disputa por la tierra sigue su curso en los tribunales y no se conoce ningún avance.
La ciudadanía de Pajuiles, está consciente que a pesar de las amenazas y la criminalización, sólo organizada puede hacerle frente a los proyectos extractivos, que el Estado otorga a empresas privadas, violentando el derecho humano al agua. Sólo organizados pueden ejercer soberanía en sus territorios.
Este mismo ejercicio de soberanía lo realizan las comunidades de Jilamito en Arizona, Atlántida, donde la empresa Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, INGELSA, de Emín Abufele, pretende instalar una represa en la única fuente de agua sin represar. La gente también lleva un año de permanecer en un campamento, que da acceso al lugar donde se construye el proyecto.
Otro ejercicio soberano se ubica en las montañas de Yoro, donde los indígenas tolupanes, se han instalado en un campamento, para evitar que el empresario Wilder Domínguez, explote más de 16 mil metros cúbicos de madera de pino. Estos expresiones de lucha ciudadanas son organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
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