Por Jorge Elbaum *
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence se dispone a visitar América Latina a fines de junio, por tercera vez, desde que asumió su cargo. Sus dos destinos serán Ecuador y Brasil. En las tres ocasiones anteriores el objeto central de su periplo fue contribuir al aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro y quebrar el proceso bolivariano iniciado en 1999, primera versión en la región del enfrentamiento al neoliberalismo.
El trayecto de Pence se desarrollará luego de que Washington haya sufrido un nuevo fracaso en su estrategia continental, pese a involucrar todos su esfuerzo diplomático y político en aras de vulnerar un proceso social que muchos parecen haber subestimado y que sobrevive luego de una crisis económica forjada por la caída de los precios internacionales del petróleo, el sabotaje interno de los sectores que vieron caer su ingente rentabilidad acostumbrada, y el despiadado bloqueo estadounidense.
En el 48º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, desarrollado entre el 3 y el 5 de junio, realizado en Washington, el Departamento de Estado, en conjunto al Grupo de Lima, apenas logró agrupar 19 voluntades en contra de Caracas. El vicepresidente Pence exigió aplicar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana que estipula una mayoría de dos terceras partes (24 votos) para suspender y/o expulsar a un miembro, sin poder alcanzar su cometido, pese a las advertencias y amenazas cursadas a varios de los representantes.
Entre 2014 y junio de 2018, el tema de Venezuela fue abordado en 32 reuniones del Consejo Permanente de la OEA, en todos los casos con una misma intencionalidad injerencista. En lo que va de año 2018 Caracas ha sido denunciada en nueve ocasiones y ha sido víctima de ejecuciones de embargo (incluso de medicinas oncológicas), bloqueos y persecuciones internacionales –de índole policial– a sus dirigentes. A pesar de ese esfuerzo, en ninguna de las sesiones convocadas por EE. UU. –con el apoyo del grupo de Lima en los últimos años— han logrado más de 20 votos de los 34 en disputa.
El Grupo de Lima es un conjunto de países entre los que figuran Argentina, Brasil, y Paraguay, conformados a pedido de Washington para tramitar el ahogo político del chavismo. Días antes de la última cumbre de cancilleres de la OEA, el representante de Estados Unidos ante el organismo, Carlos Trujillo, aseguró que contaban con los votos necesarios para aislar a la República Bolivariana.
Dado el nuevo fracaso de EE. UU., que ya lleva dos años de frustrados intentos, con varias votaciones que nunca alcanzaron el número previsto para defenestrar a Caracas, se intentó camuflar la contrariedad de Pence detrás de una resolución de “suspensión” a ser resuelta en próximas reuniones del organismo. La enésima ofensiva del Departamento de Estado estuvo precedida por una recepción llevada a cabo el lunes 4 de junio, en la que el propio Mike Pence se dirigió a 22 de los 34 países miembros. En ese ágape, el vicepresidente les prometió diversas formas de cooperación futura –en un intento que algunas delegaciones caracterizaron de acción desesperada— en el caso de que la moción de expulsión sea aprobada.
Dicha dramatización no pareció tener mucha repercusión mediática dado que Venezuela ya había anunciado, un año atrás, su deseo de no continuar siendo parte de ese organismo multilateral. Según el estatuto de la OEA, para abandonar el sitial, se requiere un aviso de dos años de anticipación. Venezuela lo adelantó el año pasado y –en palabras de Nicolás Maduro–, “Esta es la última cumbre de la OEA a la que asiste Venezuela (…) Ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que se haga efectivo (el retiro)”.
Eufemismos humanitarios
La propuesta elaborada por el Departamento de Estado incluía el desconocimiento de las elecciones de mayo último y una “ayuda humanitaria”, similar a la que se está emplazando en la actualidad en Argentina, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta. La ayuda humanitaria en Neuquén supondrá una inversión de 2 millones de dólares e incluirá un helipuerto apto para helicópteros militares. Será financiado en su totalidad por el US. Southern Command (Comando del Sur del Pentágono, ministerio de Defensa) a través de la Embajada de los Estados Unidos.
Lo que EE.UU. no puede lograr con Caracas, dado que el gobierno bolivariano es muy celoso de sus recursos, se implementará al sur del continente, dado que en los próximos 10 años la inversión global en equipos e infraestructura de las empresas estadounidenses en el yacimiento no convencional superarán los 100.000 millones de dólares. La ayuda humanitaria, de esta manera, permitirá proteger aquello que los inversionistas consideran, gracias a la anuencia local, algo digno de ser protegido cual fuese su propiedad.
La expedición de Pence está prologada por la visita del despedido jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, quien, en agosto de 2017, antes de girar por Colombia, Chile, Argentina y Panamá instigó a las fuerzas armadas bolivarianas a quebrar la institucionalidad: “La forma en que habitualmente se solucionan los problemas en América Latina es con un golpe militar. Luego ordenan el país”.
El viaje a Ecuador y a Brasil continúa esa estrategia ambivalente de afianzar colectivos funcionales a los deseos unilaterales de Washington (Como el Grupo de Lima), empecinados en ver en Venezuela el peligroso contaminador de autonomías y emancipaciones dentro de la región. La derrota de Washington es también el fracaso de esa iniciativa, liderada por Macri y Temer, que empiezan a ver cómo se diluye su cuarto de hora de seguidismo hegemónico, frente a la persistente resistencia venezolana.
Esa decepción se ve amenazada, además, por la inquietante posibilidad de variaciones políticas producto de sendos procesos electorales cruciales en la región, el de México y el de Brasil, donde candidatos opositores a la lógica neoliberal (Andrés Manuel López Obrador y Lula) aparecen como favoritos en sus respectivos países.
Además, los visitados por Pence no podrán recibirlo en un buen momento. Si bien el primero se abstuvo en relación con el pedido de expulsión de Venezuela, sus devaneos con las políticas neoliberales junto con la sorpresiva ruptura de la organización partidaria que compartía con Correa (que muchos caracterizan de una traición) lo convierte, según muchos analistas, en una presa fácil de la lógica prebendaría de Washington, acostumbrado a ofrecer migajas por pleitesías poco duraderas.
Por su parte, el presidente de Brasil es el titular de un poder ejecutivo que se encuentra en un tembladeral, golpeado por un cuasi unánime repudio popular, huelgas y lock-out reiterados, una recesión duradera y una sorpresiva requisitoria judicial en la que la Policía Federal solicitó a la Suprema Corte autorización para obtener datos sobre sus conversaciones telefónicas de 2014, en las que, se conjetura, se viabilizaron sobornos de la constructora Odebrecht.
El canciller venezolano en la OEA
El 48º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA fue la caja de resonancia de una preocupación creciente (incluso entre las delegaciones pertenecientes al Grupo de Lima) acerca del derrotero contradictorio e imprevisible del Departamento de Estado. Las polémicas en los coquetos bares de la capital estadounidense fueron especificadas en relación –básicamente– con la contradictoria forma de multilateralismo desplegada por Washington. Por un lado, en contradicción con el declamado proteccionismo, expresado repetidamente por Donald Trump, con la consigna “American First” (que impone a todo el continente una apropiación indebida), y por el otro en referencia a los crecientes conflictos migratorios que tienen como víctimas a ciudadanos de los países convidados a ser socios de las aventuras persecutorias del Departamento de Estado.
El reino de los derechos humanos
Según un afamado periodista argentino con sede en Miami, Andrés Oppenheimer –distante de ser considerado un chavista– “La política del presidente Trump de separar a un creciente número de padres indocumentados de sus hijos es tan cruel -e innecesaria- que debería ser denunciada ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.”
También en referencia a la OEA, pero específicamente al Capítulo XV de su carta fundacional, vinculada a las normativas de Derechos Humanos, Al Cárdenas, ex presidente de la Unión Conservadora Americana, y referente del Partido Republicano de Florida expresó: “quizás sea triste que tengamos que recurrir a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para investigar nuestra política tercermundista de separar por la fuerza a los niños de sus padres”.
El multilateralismo engañoso –que únicamente manipula gobiernos domesticados— parece obtener solo fracasos a la hora de imponer sus renovadas adecuaciones de la doctrina Monroe. En ese marco, asume políticas unilaterales en relación con el abandono de los Acuerdos Transpacíficos (ATP), que agrupaba a más de una decena de países del sudeste asiático, amenaza con quebrar el NAFTA –con México y Canadá– y rechaza el acuerdo de desnuclearización con la República Islámica de Irán (conocido como 5+1). A eso le suma la reciente mudanza provocativa de la embajada a Jerusalén (en árabe, Al-Quds) que supone una violación del derecho internacional. Para completar, instala en la agenda global una guerra comercial –supuestamente– para recuperar puestos de trabajo al interior de EE. UU. y morigerar el superlativo déficit comercial.
Geopolítica de trasfondo
El multilateralismo de Trump relativo al Club de Lima –del cual forma parte Canadá—no le permitió al vecino septentrional de EE.UU. conseguir ningún beneficio ni prerrogativas económicas: Canadá era hasta el 2017 el mayor exportador de acero y aluminio a Estados Unidos. El gobierno estadounidense, a través de un decreto avalado por necesidades de “seguridad nacional” decidió imponerle gravámenes del 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio proveniente de su vecino.
La respuesta desconcertada de su primer ministro, Justin Trudeau, referida a que su país puede ser catalogado como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos “es inconcebible”. Luego agregó: “muchos canadienses han muerto junto con soldados estadounidenses en operaciones militares conjuntas a lo largo de los años (…) “Estos gravámenes son una afrenta a la asociación de seguridad de larga data entre Canadá y Estados Unidos”.
Esta conflictividad económica declarada por el propio presidente Trump expone, además, la necesidad –según los analistas del Departamento de Estado—de impedir la expansión de China y Rusia en el continente latinoamericano. Uno de los socios prioritarios de ambas potencias emergentes es Venezuela que diversificado inversores e intercambios estratégicos, tanto en áreas de infraestructura como de comercialización, de aparatología bélica y mecanismos para la promoción del desarrollo. Dado que los recursos potenciales de Venezuela son infinitamente superiores a los cubanos, en la perspectiva del pentágono, Caracas es una presencia muchísimo más desafiante que los revolucionarios castristas, que aún permanecen perseverantes y vitales pese a las casi 6 décadas de bloqueo.
Esa ofensiva de Washington no tiene como objetivo solo a Venezuela, que ha decidido alternativizar los flujos de oferta de sus barriles de petróleo. Incluye un plan global que demanda –entre otras medidas—la sustitución de la dependencia energética de Europa con respecto a Moscú. El 30 por ciento del gas que importa la UE procede de los Urales y las empresas petroleras con sede en norteamérica pretenden suplantar el gas ruso por GNL (gas natural) frackeado en EE. UU. para ser transportado por buques gaseros desde la costa este. La guerra de mercado supone además el ofrecimiento de utilización de tecnologías de fracking dentro de los países vecinos a Rusia, para deteriorar el crecimiento de la economía impulsada por Putin.
En las últimas semanas esta ofensiva ha quedado en evidencia al presentarse en el Senado de EE. UU. un proyecto de enmienda que propone medidas restrictivas contra el gasoducto Nord Stream 2 (cuya longitud total prevista es de 1.200 Km) ideado para transportar energía rusa hasta Alemania. Ante los requerimientos de Washington, el Consejo Europeo asumió la necesidad de revisar al acuerdo con Moscú, motivado en la posibilidad de que el “gasoducto podría fortalecer la dependencia de la UE del gas ruso y consolidar la posición dominante de Gazprom en el mercado europeo”.
Mientras tanto, en Ciudad Gótica, El Club de Lima –liderado por Macri y Temer—intenta aferrarse a una soga interamericana cuyos sostenedores en el norte se encuentran más preocupados (se podría decir que desesperados) en salvar su resquebrajada hegemonía, que en atender lo que consideran nimiedades sociales o posibles estallidos de ira popular. Sus títeres regionales aparecen como encaprichados corredores maquillados detrás de una zanahoria globalizada a la que nunca llegan pero que cada 15 años intentan alcanzar, dejando en el camino, programas económicos de ajuste, amenazas injerencistas, invasiones, endeudamientos, guerras y cócteles. Un combo perfecto que cada tanto, estalla.
Jorge Elbaum: sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la ).
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