La Junta de Proponentes anunció que la próxima semana entregará la nómina final de los cinco aspirantes para el cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público.
Sin embargo, para Mario Díaz, ex presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, el proceso estuvo marcado por la poca participación o postulación de candidaturas, ante la desconfianza que generan las decisiones político-partidarias en el transcurso de las distintas fases.
“Esto tiene que ver porque desde un inicio se comenzó a potenciar la reelección del fiscal actual, eso desestimuló a muchas personas que tienen los requisitos para optar al cargo”, dijo Díaz, quien es el coordinador de los Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán.
Entre los aspirantes que se sometieron a las audiencias de descargo resalta Ricardo Castro, actual director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal –ATIC-. Castro dice los casos por los que fue denunciado ante la Junta de Proponentes ya fueron cerrados.
“Nosotros tenemos casi 20 años de estar en la profesión y más que todo son denuncias en el ejercicio de la profesión, pero ya están cerradas”, asegura Castro, mientras manifiesta a periodistas estar listo para ser uno los candidatos de la nómina final de donde el Congreso Nacional estaría nombrando al nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto de la República.
Ricardo Castro, denunciado ante la Junta de Proponentes por abuso de autoridad, indica que la Fiscalía necesita al frente un fiscal de carrera.
Por su parte, la jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad -PINU-, Doris Gutiérrez, es del criterio que al momento de conocerse las denuncias debieron abrirse los procesos judiciales contra los aspirantes requeridos: “el hecho que una persona esté señalada y que entre a una audiencia de descargo le perdería cierto grado de credibilidad; así vemos que la lista cada vez se hace más corta y esperaremos a ver cuáles son las últimas cinco personas que llegarán al Congreso Nacional, aunque nosotros estamos claros que será un liberal y un nacionalista”.
Mirna Flores, investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras –UNAH-, analiza que ante las denuncias contra los aspirantes se evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad hondureña, para que la justicia se aplique de forma autónoma.
“Es importante que se nombre a un Fiscal que tenga independencia y que no se subordine a los intereses del Congreso y del Poder Ejecutivo”, precisa Flores.
Partido Liberal dice no tener candidato
Manifestando que tomarán una posición apegada a los intereses del país, el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, asegura que no tienen candidatos dentro del proceso de selección y elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público.
Zelaya, ex candidato presidencial, declara que tanto a él como al Partido Liberal no les interesa un Fiscal Adjunto, sino que la Fiscalía General de la República cumpla con las funciones para las cuales fue creada.
Refiriéndose a los abogados Juan Carlos Barrientos y Daniel Arturo Cibrián Bueso, ambos aspirantes, insiste que no tiene candidatos y afirma que el Partido Liberal acordará una línea en consenso para el proceso de nombramiento. “Yo no tengo candidatos, espero que la Junta Proponente establezca los mejores cinco y el Congreso Nacional tendrá que decidir si esos cinco cumplen con los requisitos”.
Diputados señalados de corrupción no deben participar en elección
Tras salir a luz pública el caso “Pandora”, en el que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras –MACCIH- involucra a 38 funcionarios públicos, el ex parlamentario Rasel Tomé exige que los diputados señalados no participen en la elección del Fiscal General.
“Podrían negociar con el nuevo fiscal a cambio de impunidad, no es ético que aquellos que están denunciados en este caso Pandora y en otros casos estén involucrados en el proceso de selección, porque el pueblo hondureño está esperando un funcionario responsable que venga a luchar y a combatir contra la impunidad y la corrupción”, sentenció Tomé.
El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el vicepresidente de ese poder del Estado, Román Villeda, enfrentan un proceso judicial luego que fueron acusados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC) en el caso “Pacto de Impunidad”.
De acuerdo a la acusación de la UFECIC, Zambrano y Villeda cometieron los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno, al reformar la Ley de Presupuesto.
Mientras que por el desfalco de 282 millones de Lempiras a la Secretaría de Agricultura y Ganadería –SAG-, denominado por la MACCIH-UFECIC caso “Pandora”, se ha señalado que los diputados nacionalistas Celín Discua, Edgardo Martínez y Rodolfo Irías; y el diputado liberal Elvin Santos forman parte de los 38 requerimientos fiscales presentado por dicho caso.
“La figura del Fiscal General es la segunda más importante dado el contexto que vive Honduras, claramente no hay ambiente, le hago un llamado respetuoso al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para que no precipite la elección del Fiscal General”, comenta Luis Zelaya, al advertir que si acelera el proceso de elección el Partido Liberal no participará en el nombramiento de la nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público.
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