“Cierre su vidrio”, “Péguese a la tranca”, “Espere 10 segundos y la tranca se levanta sola”, “defienda su derecho de circular libremente”, “No pague peaje”; son algunas de las frases orientadoras que la ciudadanía indignada contra el peaje repite y repite en plena carretera, evitando que los conductores paguen el peaje en las casetas instaladas a la altura del municipio de San Manuel, Cortés.
Hace una semana la concesionaria Autopista del Atlántico, S.A, Adasa, inició el cobro de peaje en la carretera que une a El Progreso con San Pedro Sula, con la autorización del gobierno de Juan Orlando Hernández. Acción que de inmediato reunió a decenas de personas a protestar por el cobro e impulsó a los conductores de vehículos y autobuses a no pagar por pasar.
Para la ciudadanía el rechazo es justo ante la tarifa establecida para cada unidad, y es que los vehículos livianos pagarán 19 Lempiras, camiones de dos ejes 78 lempiras, por tres ejes se cobrará 117, por cuatro 156, por cinco 196 y por seis ejes 235 Lempiras. Unas tarifas groseras para la situación económica de Honduras.
Decenas de ciudadanos y ciudadanas se mantienen protestando contra el peaje bajo el sol y lluvia, y ante la latente amenaza de ser desalojado por el fuerte contingente policial y militar que permanentemente se ha instalado en la zona para proteger las casetas.
¿Sabe usted cuánto ganarán las multinacionales y sus socios nacionales con los peajes a lo largo de los próximos treinta años? el diputado por el departamento de Yoro, Bartolo Fuentes, asegura que el contrato aprobado bajo la sombrilla de la “Ley de Inversión Público Privada” y su figura “Coalianza”, a través de las empresas de origen ecuatoriano, colombiano y panameño junto a empresas vinculadas a Juan Orlando Hernández y el ex presidente de facto Roberto Michelleti, ganarán 650 millones de dólares en 30 años.
“Es un negocio bien montado que se creó hace 10 años por parte de los impulsadores del proceso privatizador en el país”, dijo el congresista. Esto demuestra que para los altos dirigentes políticos y empresariales de Honduras, los bienes naturales, públicos y comunes del Estado son una mina de oro, un negocio jugoso con ilimitadas ganancias. Un fiel ejemplo de eso son las carreteras y su peaje, donde no invierten ni un centavo y tienen luz verde para alcanzar utilidades millonarias.
En la cláusula 9.2 del contrato de ADASA (Autopistas del Atlántico) dice: “si el concesionario se ve imposibilitado de explotar las casetas de peaje debido a actos de protestas sociales, la empresa concesionaria comunicará por escrito al concedente (el Gobierno), esta situación para que sea considerado como un evento de fuerza mayor. Luego de la verificación por parte del concedente, este procederá a restablecer el orden para que el concesionario pueda operar. “Esto significa que las gaseadas y la represión que ha recibido el pueblo están contempladas en el contrato y por ende el gobierno no ha dudado en reprimir salvajemente a quienes se oponen”, sigue diciendo Bartolo Fuentes.
Además, esa misma clausula dice, que de no efectuarse el cobro de peaje, el Estado está obligado a remunerar económicamente a la empresa concesionaria por daños y perjuicios. Lo que significa que la empresa y sus allegados siempre ganarán.
Recurso de inconstitucionalidad
En los próximos días se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en contra del Decreto Legislativo número 204-2012 del 19 de diciembre de 2012, publicado en La Gaceta número 33,070 del 8 de marzo de 2013.
Para la abogada Dunia Pérez del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, la vigencia del Decreto 204-2012, aprobado por el Congreso nacional que da vida a la instalación de casetas de peaje, violenta flagrante y permanentemente los derechos fundamentales contenidos en los artículos 72, 79 y 81 de la Constitución de la República; artículos 13, 15 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículos 12, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos a la libertad de expresión del pensamiento; derecho a la reunión y manifestación pública y el derecho a libre circulación.
Al examinar los contratos y las condiciones bajo las cuales fue otorgada la concesión, tanto a Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V., como a Autopistas del Atlántico S.A. de C.V., no se encuentra en ninguna de sus disposiciones, la obligación de las sociedades concesionarias de construir o habilitar una vía alterna que ofrezca a las personas usuarias la opción de elegir si pagar o abstenerse de hacerlo, usando justamente dicha vía alterna.
El recurso irá acompañado de firmas de ciudadanos y ciudadanas que se han organizado para exigir a las autoridades declarar este cobro como ilegal, ya que representa un abusivo y nefasto trancazo para la precaria economía hondureña.
Resistencia en las carreteras
En la carretera que une a El Progreso con Santa Rita en el departamento de Yoro, justo en el sector conocido como Guanchias, ya han sido instaladas 4 casetas de peaje a pesar del rechazo popular. En cabildo abierto la gente dijo no a la instalación de dichas casetas, sin embargo, el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha ignorado la decisión tomada por el pueblo.
Estanislao Díaz regidor de Santa Rita, dice que frente a la política privatizadora que impulsa el gobierno, a las comunidades únicamente les queda organizarse y resistir en las calles. “La gente de El Progreso nos está dando un bonito ejemplo de lucha” agrega el funcionario quien ve necesario articular las resistencias entre los dos municipios que están siendo cercados con casetas de peaje.
A pesar de esto, el gobierno lejos de sentarse con la ciudadanía, prefiere hacerlo con dos los empresarios. El pasado 12 de octubre, Roberto Ordoñez, ministro de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), se reunió únicamente con Víctor Ramos presidente de la Cámara de Comercio de El Progreso y Juan Bendeck, para discutir cobro de peaje en carretera que conduce a San Pedro Sula.
Acciones que ignoran el clamor y las demandas de la ciudadanía que lleva más de diez meses protestando de forma pacífica contra el cobro de peaje.
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