El expediente judicial sobre el asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, ha desaparecido. Los documentos oficiales sobre el caso estaban en el carro particular de la magistrada María Luisa Ramos. Y se lo robaron el miércoles en Tegucigalpa.
Bueno, al respecto ha reaccionado la MACCI pidiendo cuentas al poder judicial. Argueta, el jefe de los abogados nacionalistas y liberales que conforman el pleno de la Corte del gobierno, responde tranquilo.
Argueta dice que es normal que jueces y magistrados se lleven a sus casas los expedientes de crímenes atroces, estafas milenarias, robos millonarios o del crimen organizado. Y dice que no hay por qué preocuparse, que la Corte tiene copia de todo el expediente. Y que van a certificar página por página.
La prensa oficial llama extravío a este robo y la vocería gubernamental minimiza el incidente. Así le llaman a esta acción criminal, un incidente de delincuencia común. Así como hacían parecer el crimen de Berta al principio. Un acto de delincuentes comunes sin experiencia. O el ataque posterior al periodista Félix Molina. O el robo del teléfono a un pariente de la asesinada.
El ex juez del área penal Felix Ávila dijo el viernes que los expedientes que se encuentran en los Tribunales de Justicia no deben salir de ahí y que no hay justificación para que un juez o magistrado lleve a su casa o a cualquier otro lugar este tipo de documentación.
Es decir, la magistrada de la Corte de Apelaciones María Luisa Ramos debería ser sancionada con la suspensión de su cargo y hasta con pena de cárcel de confirmarse que ella incurrió en dolo al sacar el expediente a su casa.
El viejo Código Penal de Honduras señala como delito la destrucción, pérdida o extravió de documentos y se sanciona a la persona que lo haya cometido con penas de tres hasta seis años de prisión.
El problema no es solamente el dolo, el problema es que en el expediente hay nombres de personas de carne y hueso, testigas de los hechos cuya seguridad personal y sus vidas están ahora en alto riesgo.
En el crimen de Berta Cáceres está implicada de un modo o de otro la policía, el ejército, la empresa DESA y al menos dos bancos locales, cuyos ejecutivos han lanzado a través del COHEP una campaña para reabrir el proyecto Agua Zarca.
La campaña hace apología al concepto capitalista burgués de “desarrollo” y criminaliza a las personas y organizaciones que se oponen a la desviación del curso de los ríos para generar energía limpia, dicen. Y atacan a quienes protestan por el represamiento. Y utilizan a pobres persosnas para hablar a su favor. Es una campaña tendenciosa en la que participa también el banco de Holanda, el FMO.
En ese contexto de campaña sucia es que pierden el expediente de Berta Cáceres.
Estamos hablando que en el expediente desaparecido hay actores con poder político y económico, y con poder de fuego. Y por eso el robo del expediente es de vida o muerte para seres humanos concretos. No se trata de la pérdida de unas páginas o folios solamente.
Es decir, a partir de la fecha 30 de septiembre, la muerte violenta de testigos protegidos en el caso de Berta Cáceres recaerá sobre el poder judicial; es decir, sobre el Estado de Honduras.
Y también la impunidad de los autores intelectuales del crimen recae sobre el Estado.
Y, entonces, esta política estatal de proteger banqueros criminales y promotores del desarrollo ensangrentado, debe parar.
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